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La arremetida que desde hace varios años impulsa la dictadura Ortega Murillo contra el sector privado, ahora tiene en la mira a la familia Leal Pivaral, inversionistas guatemaltecos vinculados en Nicaragua a cerca de cincuenta empresas con negocios en diversos sectores. El Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Audiencias de Managua solicitó a las entidades del Sistema Financiero la información sobre las transacciones que ellos y sus empresas realizaron durante los últimos diez años.
Pese a que sus inversiones en Nicaragua datan desde hace casi tres décadas, y que se han expandido a casi todos los sectores económicos del país, han sido muy discretos. Esta sería la primera vez que están en el ojo público y posiblemente expuestos a perder su capital, ya que según fuentes del sector privado, junto al levantamiento del sigilo bancario también se ordenó la intervención de sus propiedades.
La familia Leal Pivaral es una de las más reconocidas y adineradas de Guatemala. Tiene inversiones en el sector azucarero, industrial, bancario, cervecero, construcción, medios de comunicación, el megaproyecto Paseo Cayalá que incluye el proyecto residencial y comercial Ciudad Cayalá, y otros. Sus orígenes lo vinculan al Ingenio Magdalena, uno de los más grandes y antiguos de ese país.
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Leal Pivaral vinculados a 48 empresas
En Nicaragua están vinculados a cerca de cincuenta empresas, una de ellas el Grupo Magdalena (Grupo MAG), con el que iniciaron sus operaciones en el año 2000 con una ganadería ubicada en Río San Juan. Según información divulgada en el sitio web del Grupo MAG, en 2002 la empresa comenzó a sembrar arroz y en 2007 a invertir en genética para criar ganado puro. Actualmente el Grupo MAG tiene operaciones en siete departamentos de Nicaragua.
Río San Juan, donde tienen crianza de búfalos y ganado bovino, cultivos forestales y de café variedad robusta, un hotel en la Casa Hacienda Santa Fe y un resort en construcción; en Chontales posee su finca más extensa y donde cultivan arroz; en Boaco y León crían ganado puro; en el trillo y molino de arroz San Carlos, ubicado en Tipitapa, procesan el arroz que cultivan; y en Rivas tienen negocios de novillos y de áreas protegidas. Sin embargo, esta es solo una de las 48 empresas que funcionan en Nicaragua y que están vinculadas a esta familia.
A través de un oficio, el juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Francisco Javier Mairena Larios, solicitó, a través de las entidades encargadas de supervisar y vigilar a estas entidades, levantar el sigilo bancario a 22 personas y 48 empresas.
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También hay nicas involucrados
Entre las personas a las que el juez solicitó levantar el sigilo bancario figuran: Héctor Ricardo Leal Pivaral, Luis Francisco Leal Toledo, Mario Roberto Leal Pivaral, Michelle Castillo Cerezo Leal, Jorge Roberto Leal Pivaral, María Isabel Toledo Leal, Raúl Andrés Monterroso Toledo, Héctor Rafael Leal Valdez, Jorge Eduardo Montenegro de León, Jorge Luis Monterroso Toledo, Yolanda Toledo Rivas de Leal, Juan Pablo Falla Girón y Yarmil José Vidal Hortscheck.
También los nicaragüenses: María José Canales Pereira, Gema del Carmen Sedlemeyer Valdez, Luis Antonio Argüello Valdivia, Ramón Ernesto García García, Eugenio Antonio Díaz Suárez, Benjamín Esteban Vidaurre Galeano, Enafrank Ruiz Rodríguez, Magda Violeta Blandino Blandino y Geraldine Aragón Troz.
Según fuentes del sector privado, Aragón Troz es apoderada legal del Grupo Leal Pivaral y habría sido pieza clave en la creación de la red empresarial que tienen en el país. Además, habría facilitado las relaciones de las empresas del Grupo con las instituciones financieras del país y algunas organizaciones vinculadas al régimen, entre ellas la Feria Ganadera Nacional, que sustituyó a la antigua Expica cerrada por el régimen junto a más de cinco mil organizaciones gremiales, empresariales y sociales.
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Las empresas de los Leal Pivaral
Además de las 22 personas, el juez Mairena Larios pidió levantar el sigilo bancario a 48 empresas, entre ellas el Grupo MAG que ya mencionamos; también a la Industria Oklahoma Nicaragua S.A., (Indoklanicsa), a la que en noviembre de 2012 a través del Acuerdo Presidencial 191-2015, por incumplimientos en los programas de trabajo y las actividades de exploración, le cancelaron el contrato de concesión petrolera que había firmado con el Gobierno de Nicaragua.
La lista también incluye a las Sociedades Anónimas Agropecuarias: Manila, La Virgen, Santa Fe Melchora, Ponte, Dante, Las Azucenas, Las Isla, Wapi, Venecia, El Corral, El Establo, Kilambe, Magnolia, Ganadera, Tauro, Estolón, del Atlántico, Central, del Río, Los Alpes, Murano, Hacienda el Jícaro, Santa Gertrudis Coffee Estate y Agricultura Development.
También las siguientes Sociedades Anónimas: Olympic de Nicaragua, Desarrollos Unidos, Salud Progresiva, Puertofino, Anet Nicaragua, Gran Fábrica de Tabaco Mundial, Ferretería La Llave, Ceres, Piedra de Luna, Construcciones Nicaragüense Guatemalteca, Adquisiciones e Inversiones (Adeinsa), D & D Asociados Soluciones Corporativas, Grupo Estratégico de Inversiones, Río Coco Exploraciones, United Assurance Corporation, Comercializadora Las Américas, Distribuidora Diversificada, Inversiones y Desarrollo Internacionales, Inversiones Turísticas y Agropecuarias, Renta Machinery, Nomina y San Juan Exploraciones.
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Los datos que pidió el juez
A través del oficio judicial el juez Mairena Larios solicitó información sobre los créditos y transacciones; empeño o préstamo, titulares de los créditos, o préstamos; depositarios; número y tipos de créditos; lugar de origen y destino de las operaciones realizadas; beneficiarios finales; copia del testimonio de Escritura Pública de Constitución de Sociedades Anónimas y Poderes que rolen en los expedientes; copias de emisión de cheques y cualquier otra documentación complementaria sobre las operaciones o productos financieros utilizados por las personas y empresas antes mencionadas.
Además, si alguna de las personas o empresas de la lista aparezca como beneficiario o remitente de remesas nacionales o internacionales deben entregar el nombre del remitente o beneficiario, documento de identidad, país o lugar de procedencia o destino, montos y tipo de moneda, fecha de recibo o envío y el vínculo que declaró el remitente con el beneficiario.
La información que el juez le solicitó a las entidades financieras debe incluir información sobre las transacciones realizadas entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2025. El juez sustentó la petición en el artículo 34 de la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
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Son medidas cautelares
Dicho artículo de Medidas Cautelares establece que «… previo a la apertura del proceso y a fin de evitar la obstrucción de una investigación, el Ministerio Público o la Policía Nacional podrán solicitar al Juez, motivadamente y observando los principios de proporcionalidad, racionalidad y necesidad, medidas precautelares», entre ellas el levantamiento del sigilo bancario, financiero o tributario de las personas sujetas a investigación.
También, entre ellas, embargo y secuestro de bienes y activos, retención migratoria de las personas investigadas, algunas prohibiciones a los investigados, suspensión de desempeño de su cargo público, intervención de la persona jurídica o cualquier tipo de empresa, clausura temporal de la empresa, sus locales o establecimientos, suspensión de las actividades de la persona jurídica, prohibición temporal de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
Junto a la petición, que por orden del juez, las entidades supervisoras le pasaron a las instituciones del Sistema Financiero, también les recordaron que no entregar la información solicitada en el plazo de dos días que les otorgaron constituye infracción administrativa.
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Se suma a arremetida fiscal contra empresas
Representantes del sector privado confirman que varias de las casi treinta haciendas que la familia Leal Pivaral tiene en el país con grandes cantidades de búfalos, ganado bovino, plantaciones de arroz, frutas, café variedad robusta y otros cultivos, junto a las otras empresas que incluyen hoteles, restaurantes y otros negocios, ya fueron intervenidas por las autoridades.
Mientras tanto, la autoridades todavía no se pronuncian sobre este caso, que deteriora aún más el clima de negocios en el país y la atracción de inversiones extranjeras. Este caso se suma a la arremetida fiscal que en las últimas semanas emprendió la dictadura Ortega Murillo contra diversas empresas extranjeras.
Esta incluye el cobro de 79.15 millones de dólares por supuestos impuestos atrasados y multas a la Compañía Recicladora de Nicaragua S.A. (CRN), filial de la Compañía Cervecera de Nicaragua (CCN); los 39.51 millones de dólares que le cobran a la empresa minera Hemco, subsidiaria de la colombiana Mineros; y el de 36.6 millones de dólares que le hacen a la canadiense Equinox Gold, que adquirió Calibre Mining.
