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Montevideo. Hay cifras que nunca caen: una, la de periodistas asesinados. Los enemigos “democráticos” de la libertad de expresión mejoran métodos, con nuevo y mejor maquillaje y ataques más efectivos. Pero igual se sigue matando periodistas: el crimen organizado no es sutil, no disimula y no le preocupa llenarse la boca de democracia, libertad y defensa de los derechos humanos.
A los periodistas los matan por hacer su trabajo, por informar. No quieren que la gente sepa lo que ellos tienen para contarle; y además se pasa “el mensaje” al resto de los periodistas. A los que no se asustan o no se les puede comprar, los matan.
Algo muy parecido pasa con los jueces; cuando corrompen o matan un juez nos dejan sin justicia, a todos. Cuando asesinan a un juez, lo hacen porque se trata de un magistrado honesto, y al tiempo pasan el mensaje a todos los jueces.
Esta similitud se extiende a fiscales y a los policías los que, si no aflojan y se venden, son “ejecutados”. Cuando se ataca a quienes investigan el crimen organizado, “se busca doblegar al Estado y sembrar miedo en la sociedad”, proclamaba hace poco el sindicato de la Guardia Republicana uruguaya a raíz de un fallido atentado a la fiscal general, Mónica Ferrero y resaltaba que “no solo está en riesgo la vida de la fiscal. También lo están los policías destinados a su custodia, quienes hoy cumplen servicio de forma estática, en una garita y sin garantías reales”.
Y además, por supuesto, el presupuesto: lo hizo valer la propia fiscal en el Parlamento, lo hacen los sindicatos policiales, y lo hace aquí el presidente de la Suprema Corte de Uruguay John Pérez Brignani, con un grito de impotencia y de rabia, que se trasunta en entrevista que publica el semanario Búsqueda de Montevideo en su última entrega. Encoge el alma, por decirlo así: mete miedo, y mucho más que no se vea. Que no lo vean aquellos quienes tienen que verlo; porque la gente, aunque su primera preocupación es la seguridad, no siente que tiene que salir a manifestar y reclamar recursos para los jueces y para los policías; para nuestros custodios, ni más ni menos.
No es un problema de ahora, viene de atrás, ni pasa solo en Uruguay pasa en todos lados; en todos lados se cuecen habas pero ello no sirve ni como consuelo. Además, ha empeorado.
Hace casi 25 años, en junio del 2002, la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) convocó y organizó en Washington una Cumbre Hemisférica sobre Justicia y Libertad de Prensa en las Américas. Durante tres días debatieron sobre las relaciones entre los jueces y periodistas y sobre la justicia y la libertad de expresión representantes de la mayoría de los diarios del continente, expertos, juristas y las cabezas de 23 cortes supremas de justicia del continente.
Stephen G. Breyer, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU., señaló en su exposición en aquella Cumbre: “Estimo que la prensa y el poder judicial son, en cierto sentido, mellizas, a veces riñen entre sí pero son mutuamente indispensables”. Y prosiguió: “…a fin de cuentas la prensa puede ayudar a persuadir al público de la necesidad de tener un Poder Judicial independiente, de que la institución es proba y digna, y de que el Poder Judicial precisa de los recursos necesarios para poder servir al público como es debido”.
Ayer, hoy y en donde sea. Pero el ahora del Uruguay preocupa: cuando se le preguntó al magistrado Pérez Brignani sobre la seguridad de las sedes judiciales respondió: “Nos mandan gente (policías) que está sumariada y que no tienen revólver”.
Para qué agregar más.
El autor es periodista uruguayo. Fue presidente de la SIP.
