Ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belém, Brasil, resulta evidente que el compromiso mundial con una transición energética justa se está desvaneciendo. En el año transcurrido desde que los gobiernos firmaron el acuerdo en la COP29 para aumentar la financiación climática —con el objetivo de movilizar 1.3 billones de dólares anuales para 2035—, los países ricos han estado incumpliendo sus compromisos financieros. Peor aún, estas señales de mala fe se producen justo cuando los costos de la adaptación al cambio climático y la descarbonización en los países en desarrollo están aumentando.
Si el Norte Global ya no está dispuesto a cumplir sus promesas de financiación, como ahora parece seguro, aún puede demostrar buena fe, no obstante, a través de otra forma de solidaridad: compartir el conocimiento, la tecnología y la propiedad intelectual que sustentan la transición verde.
Este no es un asunto que pueda postergarse. La transición hacia una economía verde ya está reproduciendo las mismas asimetrías que han caracterizado durante mucho tiempo el comercio mundial. En lugar de fomentar un desarrollo inclusivo, la política climática se ve cada vez más influenciada por medidas proteccionistas y regímenes de propiedad intelectual que consolidan los monopolios tecnológicos en el Norte Global. Por ejemplo, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea puede presentarse como una salvaguarda contra la fuga de carbono; sin embargo, también ilustra cómo la política climática puede utilizarse para justificar medidas comerciales proteccionistas.
La denuncia contra la India por sus subsidios a los vehículos eléctricos y las baterías demuestra cómo las políticas industriales verdes se están convirtiendo cada vez más en motivo de disputas comerciales. En conjunto, estos acontecimientos señalan una creciente tensión entre los objetivos climáticos y las normas de la Organización Mundial del Comercio. ¿Podrían las medidas para abordar el cambio climático convertirse pronto en un nuevo incentivo para la exclusión económica?
En el fondo de este problema subyace un marcado desequilibrio: las grandes potencias como China, Estados Unidos y la UE producen tecnologías verdes de alto valor, mientras que la mayoría de los países en desarrollo se ven obligados a exportar materias primas verdes de bajo valor, principalmente minerales críticos. Esto refleja la división del trabajo de la época colonial, en la que el Sur Global suministraba materias primas y el Norte aportaba la innovación, monopolizaba la producción y obtenía los mayores beneficios.
Esto pone de manifiesto la magnitud de esta brecha. Las patentes verdes (relacionadas con energías renovables, eficiencia energética y adaptación al cambio climático) se concentran abrumadoramente en un puñado de países, como China, Estados Unidos, Japón y Alemania. Entre 2000 y 2024, las diez principales economías representaron casi el 90 por ciento de las solicitudes internacionales de patentes en tecnologías solares y eólicas. Brasil, a pesar de ocupar el sexto lugar a nivel mundial en capacidad eólica instalada, contribuyó con tan solo el 0.4 por ciento de las patentes eólicas globales. En el caso de la energía solar, su participación fue de apenas el 0.19 por ciento.
Esta concentración tecnológica no es accidental. Es el resultado de un régimen global de propiedad intelectual que prioriza los beneficios monopólicos sobre el bien público. Los esfuerzos por fomentar una mayor coordinación global, incluso a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), no han logrado abordar el problema fundamental.
Sin acceso a tecnologías asequibles, el Sur Global no puede participar plenamente en la transición climática. Peor aún, el sistema actual corre el riesgo de sumir a los países en desarrollo en una nueva forma de dependencia, suministrando los minerales para baterías y paneles solares, pero careciendo de los medios para producirlos.
La financiación climática no basta para romper este ciclo. En cambio, las transferencias de tecnología y las reformas al régimen global de propiedad intelectual deben ocupar un lugar central en las negociaciones climáticas. Si bien la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París reconocen esto, se han logrado pocos avances.
Afortunadamente, existe un precedente para los cambios necesarios. En la década de 2000, Brasil desempeñó un papel fundamental al categorizar el acceso a los medicamentos contra el VIH/SIDA como un bien público, en lugar de como una mercancía regida exclusivamente por derechos de propiedad intelectual. Este cambio fue impulsado por una combinación de acciones legales, políticas y de la sociedad civil que desafiaron el régimen mundial de patentes farmacéuticas y priorizaron la salud pública.
El economista y premio Nobel Joseph Stiglitz ha argumentado que estos mecanismos son esenciales para corregir las fallas del mercado y garantizar un acceso equitativo a la innovación. Por ello, la Corte Internacional de Justicia, en su reciente opinión consultiva sobre el cambio climático, subrayó la obligación de todos los Estados de cooperar —más allá de la financiación— en el desarrollo y la difusión de tecnologías verdes, incluso mediante el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnología.
El Programa de Implementación Tecnológica acordado en la COP28 ofrece un medio para Fomentar dicha cooperación. Bajo el liderazgo de Brasil en la COP30, el TIP puede convertirse en una plataforma para fortalecer los sistemas nacionales de innovación, permitiendo a los países adaptar las tecnologías a los contextos locales y desarrollar capacidades para soluciones climáticas. La idea es utilizar una combinación de fondos públicos y privados para apoyar proyectos piloto y, posteriormente, ampliar aquellos que demuestren su eficacia.
Por ejemplo, podríamos apoyar un proyecto piloto que busque producir fertilizantes bajos en carbono utilizando hidrógeno verde. Actualmente, el amoníaco —insumo clave para los fertilizantes nitrogenados— se produce con hidrógeno derivado de combustibles fósiles, razón por la cual este sector es responsable de aproximadamente el 1-2 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono. Al reemplazar el hidrógeno de origen fósil por hidrógeno renovable (verde), la misma producción de amoníaco generaría muchas menos emisiones, además de ofrecer una solución escalable y adaptable a las necesidades locales. Si el proyecto piloto tiene éxito en este sector de difícil descarbonización, creará un modelo replicable para otros países.
La presidencia brasileña de la COP30 puede movilizar al Sur Global en torno a una visión del TIP que promueva la justicia climática mediante la innovación. No se trata solo de una agenda técnica, sino también política. Solo empoderando a los países con acceso a tecnologías verdes podrán desarrollar las capacidades que necesitan. Y al ayudar al resto del mundo a descarbonizarse, los países ricos se estarán ayudando a sí mismos.
La autora es Directora de Prosperidad Económica y Climática en Open Society Foundations y Profesora Asociada de Economía en la Universidad de São Paulo.
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