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Durante más de quince años, Nicaragua ha experimentado una mutación política y económica que no puede explicarse solo por la ambición del poder: estamos ante un proyecto ideológico articulado, que adapta las fórmulas del socialismo del siglo XXI para consolidar una dictadura con pretensiones geopolíticas. Bajo la retórica de la “soberanía” y el “antiimperialismo”, la dictadura sandinista ha convertido al Estado en un instrumento de control total, donde la economía, la empresa y hasta la moral pública responden a una estructura partidaria y militar.
La investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), publicada en octubre de 2025 bajo la Sección 301 del Trade Act, confirma con evidencia lo que el país padece desde hace años: Nicaragua es hoy un Estado mafioso, sostenido en violaciones sistemáticas de derechos laborales, trabajo forzoso, confiscaciones arbitrarias y represión política. Estos abusos no son errores de gestión, sino resultados planificados de un modelo socialista de control, donde el poder económico se subordina a la lealtad ideológica y el aparato productivo funciona como mecanismo de dominación.
Desde 2007, el sandinismo comprendió que su permanencia dependía de neutralizar la independencia del empresariado. Durante más de una década, el régimen mantuvo un pacto de cooperación con la élite económica tradicional el Cosep y los principales grupos financieros e industriales que garantizó estabilidad macroeconómica y beneficios tributarios a cambio de silencio político. Fue un intercambio calculado: el Estado ofrecía privilegios y el sector privado renunciaba a su rol cívico. Ese modelo de “consenso” fue en realidad un proceso de cooptación moral y económica.
La aparente prosperidad encubría un deterioro profundo. Detrás del discurso oficial de crecimiento, Nicaragua se convirtió en un país con un salario mínimo promedio de apenas US$242 frente a una canasta básica superior a US$570, una informalidad laboral del 66 por ciento, y una cobertura del seguro social inferior al 30 por ciento. La riqueza se concentró, el empleo se precarizó y la institucionalidad se derrumbó. El régimen había logrado transformar la economía en un sistema funcional a su poder político.
La ruptura llegó en abril de 2018, cuando la rebelión estudiantil-ciudadana desbordó el control institucional. Las protestas encabezadas por jóvenes, estudiantes y campesinos revelaron la dimensión del descontento nacional y rompieron la fachada del consenso. Por primera vez, una parte del empresariado denunció los abusos del régimen. Esa fractura, aunque tardía, fue suficiente para que el sandinismo abandonara toda pretensión de coexistencia y mostrara su verdadero rostro.
La represión de abril con más de 350 asesinatos, miles de heridos y centenares de presos políticos marcó también el inicio del desmantelamiento del empresariado independiente. El régimen aceleró la confiscación de medios, universidades y empresas; ilegalizó cámaras empresariales; forzó al exilio a líderes económicos y cívicos. Algunos se habían unido a la causa ciudadana por convicción, otros por cálculo, pero todos sufrieron la misma represalia. La lógica fue implacable: el sandinismo destruye todo lo que no controla y castiga todo lo que lo traiciona.
En este vacío, emergió una nueva élite empresarial sandinista y militar. El Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) se consolidó como un conglomerado dominante con inversiones en energía, construcción, comercio, educación, turismo y farmacéutica. El ejército, que debía servir a la república, se transformó en corporación económica. Este híbrido entre partido, Estado y empresa constituye el núcleo del socialismo del siglo XXI en su versión nicaragüense: un modelo que disfraza la represión bajo un discurso de “justicia social” y convierte la economía en instrumento de lealtad política.
A esta estructura interna se suma su doble moral geopolítica. Mientras el régimen proclama su antiimperialismo y su rechazo a “la hegemonía occidental”, entrega la soberanía nacional a potencias autoritarias como China y Rusia. Con acuerdos opacos y concesiones estratégicas, Ortega ha permitido que ambos países amplíen su presencia económica, tecnológica y militar en Nicaragua. Lo que el régimen llama “resistencia antiimperialista” es, en realidad, una dependencia política redirigida hacia nuevas potencias que sostienen y legitiman el autoritarismo.
Este alineamiento no es casual: forma parte de una estrategia para convertir a Nicaragua en ejemplo regional de cómo desafiar a Estados Unidos y debilitar la lógica económica liberal en América Latina. El sandinismo intenta proyectar al país como laboratorio de resistencia frente a las democracias occidentales, ofreciendo a sus aliados Venezuela y Cuba un relato de éxito autoritario. En su visión ideológica, destruir la lógica del libre mercado y erosionar la economía occidental no es un daño colateral: es el objetivo. El régimen busca imponer un nuevo orden económico y político en América Latina donde la sumisión al Estado sustituya la libertad individual y la alianza con dictaduras suplante la cooperación con democracias.
El costo de esta ambición ya es tangible. La posible suspensión del Cafta-DR y la imposición de aranceles de hasta 100 por ciento a las exportaciones nicaragüenses como recomienda la USTR representan la consecuencia directa de este proyecto de sometimiento. Más de 120,000 empleos en zonas francas están en riesgo; la fuga de capitales y la caída de exportaciones podrían hundir aún más a una población que ya vive entre la pobreza y el exilio. Pero el origen del daño no es externo: es el resultado directo de un régimen que eligió la represión sobre el derecho, la ideología sobre la economía, y la dependencia sobre la soberanía.
Ante este escenario, el papel del sector empresarial no puede ser exonerado. La dictadura sandinista no se habría consolidado sin un empresariado que, por miedo o conveniencia, legitimó durante años su control. Algunos se beneficiaron directamente; otros callaron. En ambos casos, contribuyeron al deterioro institucional y a la destrucción de la economía de mercado. Hoy, cuando el país enfrenta el aislamiento y la ruina, la autocrítica es indispensable: la neutralidad ante la opresión también es una forma de colaboración.
La reconstrucción nacional deberá partir de un principio moral: sin libertad económica, no hay democracia posible. Nicaragua necesita un nuevo diálogo entre empresa, Estado y sociedad, basado en la transparencia, la responsabilidad y el respeto a la propiedad privada. El empresariado debe convertirse en actor de cambio, no en rehén del poder; en defensor de la libertad, no en beneficiario del sometimiento.
El régimen sandinista no es solo una dictadura política: es un sistema ideológico que busca rediseñar el orden económico y moral del país bajo los parámetros del socialismo del siglo XXI. Su ambición va más allá del control nacional: pretende servir de ejemplo para una red autoritaria que desafía los valores democráticos en toda la región.
Por eso, la lucha por la libertad económica en Nicaragua no es solo un asunto interno; es parte de la defensa de la civilización democrática en el continente. Derrotar este modelo significa restaurar el principio que el sandinismo ha intentado sepultar: que ninguna ideología tiene derecho a convertir al ciudadano en súbdito ni a la economía en herramienta del poder.
El autor es exiliado nicaragüense y miembro de Avanza Nicaragua.
