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El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) lleva 16 meses guardando silencio sobre los resultados del IX Censo Nacional de Población y Vivienda (Cepov), lanzado el 30 de abril de 2024, y del que prometió concluir el trabajo de campo —o recolección de información— el 30 de mayo del año pasado.
Sin ficha técnica pública, sin claridad presupuestaria, sin fecha de publicación de los datos y con prórrogas en la recolección de información, el censo ya no se apegará a las normas básicas internacionales para garantizar la confiabilidad de la información.
Aunque la Presidencia declaró de interés nacional el censo el 3 de agosto de 2023, la falta de una ficha técnica pública pone en vilo la veracidad de los datos, que no se ajustan a los estándares internacionales. A esto se suma la prolongada ausencia de censos en Nicaragua, ya que el último se realizó en 2005, hace 20 años, cuando lo ideal, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es realizarlos cada diez años.
Tiempo prolongado del trabajo de campo
Hasta febrero de este año, el censo cumplió ocho meses de trabajo de campo. Aunque Naciones Unidas, en su guía Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación, no establece un plazo fijo para la recolección de información, sí señala que lo ideal es que se realice en el menor tiempo posible.
«En cualquier caso, son pocos los países donde la recolección de información se extiende más de dos meses o mes y medio. Ese periodo debe ser corto, porque durante la aplicación pueden ocurrir desastres naturales u otros eventos que afecten el proceso. Generalmente, los censos se realizan en estaciones secas, es decir, cuando hay menos riesgo de afectaciones meteorológicas», consideró Agustín Gómez Meléndez, de la Unidad Estadística del Observatorio del Desarrollo (OdD) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y máster en estadística y sistemas de información.
Gómez añadió que esto también se debe a que los censos requieren muchos recursos y, al mismo tiempo, deben garantizar la trazabilidad de la información recolectada, es decir, que se pueda identificar dónde, cuándo y cómo se obtiene la información.
Falta de ficha técnica
Desde que se lanzó el censo, el INIDE no ha publicado la ficha técnica, por lo que se desconoce si en realidad existe. En consecuencia, tampoco se conoce el plazo establecido para divulgar los resultados. Según Naciones Unidas, los censos deben documentar con precisión los métodos, definiciones y criterios aplicados, lo que hoy se conoce como “ficha técnica” o “metadatos censales”.
«Una buena práctica en la gestión de datos es presentar cómo se elabora y recolecta la información, con qué mecanismos y con qué instrumentos. Debe existir una boleta censal dividida en apartados: vivienda, hogar y personas. Es fundamental tener claridad sobre qué se pregunta. Si se carece de ese instrumento, no se puede verificar la calidad ni la transparencia de la información recolectada», aseveró Gómez.
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El censo debe realizarse cada 10 años
Según el estándar internacional, Nicaragua debió realizar su censo en 2015, para cumplir con el plazo de diez años entre uno y otro.
Gómez aseveró que los censos se realizan cada diez años para tomar decisiones sobre crecimiento, nuevas formas de comportamiento demográfico, ajustar esperanzas de vida, tasas de natalidad y fecundidad, así como analizar cambios en las estructuras de los hogares.
«Entonces, el censo no solo sirve para saber cuánta población hay; es uno de los métodos estadísticos de preferencia para eso, pero también se derivan de él muchas recomendaciones sobre cómo mejorar la producción estadística de un país. Sirve, por ejemplo, para actualizar las encuestas continuas de empleo, las encuestas nacionales de hogares, las encuestas de producción y también para monitorear flujos migratorios», señaló.
A la vez, mencionó que no contar con un censo, o tener períodos prolongados sin este, afecta la definición de políticas públicas nacionales o provoca que «se tomen decisiones a ciegas», es decir, sin contar con datos que las sustenten.
El especialista explicó que, si bien algunos países han optado por no hacer censos y valerse de registros administrativos, esto ha sido posible por su capacidad tecnológica. Países como Noruega prescinden de los censos porque tienen todos los servicios interconectados y cuentan con esa información al alcance de los institutos estadísticos.
«En América Latina, y especialmente en Centroamérica, es un riesgo muy grande no contar con censos, porque no tenemos esa conectividad ni una alta penetración tecnológica que permita hacer un censo ‘con un botón’. Dependemos en gran medida del trabajo de campo, y no tenerlo limita la toma de decisiones», señaló.
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Los censos realizados en Nicaragua
Según datos del INIDE, en Nicaragua se han realizado diez censos, sin contar el que lanzó el régimen el año pasado. El primero registrado data de 1778, cuando el país contaba con 106,926 habitantes.
A partir de 1950 se estableció un estándar de censos siguiendo las recomendaciones de la CEPAL, que sugiere realizarlos al menos cada diez años. En 1971 se llevó a cabo el último antes de la Revolución Sandinista. En la década de 1980 no se aplicó ningún censo, posiblemente debido a que el país estaba inmerso en una guerra.
El censo se aplicó nuevamente en 1995, revelando que el país había superado los 4 millones de habitantes, y luego en 2005, cumpliendo con el intervalo recomendado. Desde 1950, cuando los censos comenzaron a seguir estándares internacionales, el lapso 2005–2024 es el segundo más largo sin un censo, solo superado por el de 1971–1995 (24 años), aunque este último estuvo influenciado por el conflicto bélico.
Impacto regional
Gómez señaló que la falta de censos en Nicaragua y la ausencia de resultados públicos también inciden en la región, ya que al ser naciones cercanas con características similares, los datos son necesarios para la toma de decisiones integrales.
«Fue una decisión que en su momento tomaron todas las oficinas de estadística y censos de la región, y siempre es importante recordarlo y garantizar, en la medida de lo posible, ese seguimiento, trazabilidad y cumplimiento de las rondas censales en cada país», puntualizó.
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Se desconoce el costo del censo
Otro elemento que el régimen de Nicaragua maneja con secretismo es el financiamiento y costo del censo. En el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República de 2024 se menciona que se incluyó una partida de 159.2 millones de córdobas para el censo, ejecutado por el INIDE.
Según el informe de liquidación, se ejecutó el 100 por ciento de lo programado para el Cepov, incluyendo informes de bases de datos construidas a partir de encuestas y censos, así como reportes de los resultados de las capacitaciones impartidas.
