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El Noveno Censo Nacional de Población y Vivienda cumplirá 10 meses de estar siendo aplicado en Nicaragua. El Instituto Nacional de Información y Desarrollo (Inide), hasta la fecha, calla sobre el tardío proceso y no ha dado un informe preliminar sobre lo que ha recogido hasta ahora, por lo que se desconoce en qué municipios ya se completó el proceso de encuestas.
Empadronadores del Inide explicaron a LA PRENSA que el proceso —al menos en la capital— sigue, aunque ahora las visitas son solo a viviendas específicas, detectadas y ubicadas previamente como lugares donde no se aplicó la encuesta.
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En Managua, apuntaron, todavía quedan varias viviendas sin encuestar y se envía a los encuestadores directamente a buscar a los habitantes de estos lugares incluso durante los fines de semana.
El Noveno Censo de Población y Vivienda en Nicaragua comenzó a aplicarse desde el 30 de abril de 2024, con la movilización de 8,000 empadronadores. Las autoridades del Inide, tras el lanzamiento del proceso, indicaron que este se extendería por un período de 30 días, es decir, debía terminar el 29 de mayo de 2024.
El 6 de junio del año pasado, una semana después de incumplido el plazo en que debía completarse el censo, los encargados del proceso de encuestas indicaron que “el censo continúa en toda Nicaragua”, sin especificar el nuevo plazo para completarlo.
El Inide cumplió desde entonces ocho meses sin informar sobre el avance del Noveno Censo Nacional de Población y Vivienda y en todo este tiempo ha ocultado también la inversión que se hizo para ejecutarlo. Su última publicación, a través de su página oficial de Facebook, el 7 de junio de 2024, fue justamente horas después de que informara que el proceso continuaba en todo el país e invitaba a la población nicaragüense a brindar su “información” a los empadronadores.
Opacidad en el proceso
El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, en entrevista con LA PRENSA, señaló que desde el inicio de proceso de empadronamiento señalaron la opacidad con la que se desarrollaba el censo en el país, sobre todo en relación a la «ejecución presupuestaria y las tácticas para generar temor entre la ciudadanía».
«El gobierno ha incumplido en la supuesta fecha en la que van a publicar los resultados finales y, a casi diez meses, seguimos sin conocer la información. Esta prolongada duración y la ausencia de datos generan serias preocupaciones sobre la calidad y confiabilidad de las estadísticas que el gobierno pueda presentar», indicó la organización.
Urnas Abiertas apuntó que el Inide «está obligado a definir y comunicar una fecha clara para la conclusión del censo, así como publicar de manera detallada el presupuesto asignado al censo, las fuentes de financiamiento, los procesos de contratación y los avances en la cobertura territorial».
«Este manejo opaco de la información relacionada al censo genera sospechas respecto a lo que puede haber detrás de la decisión arbitraria de las autoridades para ocultar esta información, sobre todo frente a los antecedentes del uso abusivo y discrecional por parte del Estado de los recursos públicos. Además, es una contradicción a lo que instituciones como el FMI (Fondo Monetario Internacional), que han dicho en su último informe que el régimen (sandinista) debe de mejorar la aplicación de los marcos anticorrupción y mejorar las estadísticas nacionales», apuntó el Observatorio Ciudadano.
Plazos para aplicar censos de población y vivienda
La guía de “Principios y recomendaciones para lo censos de población y habitación” de la División Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sumado a experiencias de países centroamericanos, estiman que un proceso de empadronamiento nacional de población y vivienda puede extenderse entre dos semanas a cuatro meses en la recolección de datos a través de encuestas casa a casa o vía digital, siempre tomando en cuenta que puede variar por la cantidad de la población encuestada.
Urnas Abiertas apuntó que el plazo en el que se ha desarrollado el Noveno Censo Nacional de Población y Vivienda en Nicaragua «a casi diez meses excede ampliamente este estándar, lo que indica una mala planificación y una gestión ineficiente, lo que posiblemente incrementará los costos operativos».
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En Costa Rica, por ejemplo, el último Censo de Población y Vivienda llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de ese país, se realizó entre mayo y julio de 2021, es decir, duró aproximadamente dos meses el levantamiento de datos, que incluso tuvo componentes digitales y presenciales debido a las restricciones que supuso en ese entonces la pandemia del covid-19.
En ese proceso, cabe mencionar, se empadronó a más de 5 millones de personas, una cifra bastante similar a la cantidad de personas que habitan en Nicaragua.
Según el Anuario Estadístico 2019 del Inide, hasta junio de 2019, la cantidad estimada de población en Nicaragua era en ese entonces de 6,527,691 habitantes.
El primer censo del orteguismo
Nicaragua, en 2005, realizó el Octavo Censo Nacional de Población y Vivienda, bajo la administración del expresidente Enrique Bolaños. El proceso de levantamiento de datos, que en ese entonces estuvo a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se ejecutó desde el 28 de mayo al 11 de junio de 2005.
El costo de aplicar el octavo censo nacional, según reportes de este medio de comunicación, en ese entonces fue de unos 14 millones de dólares, de los cuales 6.5 millones de dólares fueron conseguidos en concepto de préstamo concesional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Cabe mencionar que, para la ejecución del octavo censo en Nicaragua se movilizó a unas 13,500 personas, entre ellas delegados departamentales, municipales, técnicos, supervisores y empadronadores. Además, las autoridades de ese entonces explicaron que para dar los resultados preliminares en ese entonces, con el nivel de avance tecnológico que se tenía, les tomaría unos seis meses divulgarlos.
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La Organización de las Naciones Unidas, en su guía de “Principios y recomendaciones para lo censos de población y habitación”, refiere que «se recomienda que se levante un censo nacional por lo menos cada diez años», aunque, aclara que «algunos países quizás encuentren necesario levantar censos con más frecuencia, por la rapidez con que se producen cambios importantes en su población o en las condiciones en materia de habitación».
En Nicaragua, la realización de un censo nacional correspondía —en correspondencia con la recomendación de la ONU— desde el año 2015, pero el régimen sandinista, que ha estado a la cabeza de la administración del país en los últimos 18 años, no habían tenido voluntad política de realizarlo.
En 2014, el Banco Mundial anunció la aprobación de un crédito por 25 millones de dólares para Nicaragua, que incluía que una parte de este fondo se usaría para financiar los preparativos para la realización del Censo de Población en 2017. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce qué ocurrió con ese crédito.
La ONU refiere que es conveniente que período de empadronamiento «sea breve, para evitar el recuento doble y las omisiones, que pueden ocurrir incluso con una fecha única de referencia». Aunque, advierte que «cuanto más corto sea ese período, más personal habrá que contratar, formar y supervisar, lo que puede aumenta los costos».
