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El 30 de septiembre venció el año fiscal 2025 en Estados Unidos sin que la Casa Blanca emitiera una nueva Determinación Presidencial sobre admisión de refugiados para el año fiscal 2026, que inició el 1 de octubre.
Por esta situación, más de 100,000 personas que tenían cifradas sus esperanzas en un cambio de política migratoria de la administración Trump ya no tienen posibilidades de ser admitidas como refugiadas, de acuerdo con organizaciones civiles que llevan la defensa de sus casos en cortes de Estados Unidos.
“En materia de derecho nunca hay que dar por cerradas las puertas, pero el gobierno del presidente Trump parece estar ganando su batalla contra los refugiados y migrantes”, dijo desde Estados Unidos, la oficina de comunicación de la organización judía HIAS (Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes), que forma parte de los juicios entablados con la administración Trump.
La oficina remitió unas declaraciones de Mark Hetfield, presidente de HIAS, quien dijo que la Administración estaba erosionando la posición global de Estados Unidos al darle la espalda a los más vulnerables
La omisión presidencial mantiene en cero las nuevas admisiones de refugiados y cancela la expectativa de viaje de miles de personas aprobadas provisionalmente bajo el estatal Programa de Admisión de Refugiados (USRAP), incluida la iniciativa Movilidad Segura que operó en Centroamérica y Sudamérica.
El resultado es culminante: miles de familias quedaron con maletas a medio empacar, sin asumir compromisos de trabajos a tiempo completo o proyectos de largo plazo, con una desoladora sensación de haber perdido el tiempo en espera de un plan que nunca cuajó.
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Movilidad Segura se esfumó
El programa “Movilidad Segura” fue anunciado por la administración del presidente Joe Biden el 28 de abril de 2023, dentro del Acuerdo de Los Ángeles sobre Migración y Protección, como una vía para ampliar rutas legales de viaje sin exponer a las personas a migraciones irregulares.
Eran los años en que cada día miles de migrantes latinoamericanos remontaban la selva del Darién hasta agolparse en la frontera sur de Estados Unidos, tratando de ingresar en busca de empleo y oportunidades de vida.
El plan se implementó mediante oficinas gestionadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Colombia, Costa Rica, Ecuador y Guatemala, con participación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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La “vía de reasentamiento” quedó a cargo de Acnur como primer filtro; la ruta de “otras vías legales” la coordinó la OIM, como segundo filtro, y Estados Unidos, el último gran filtro, fue el gran financiador del programa.
En agosto de 2023 comenzaron las operaciones y durante seis meses se multiplicaron las entrevistas, exámenes médicos y citas de los seleccionados con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).
Estos hacían largas entrevistas a los aspirantes y decidían quién era admitido y quién rechazado.
Muchas veces, según los testimonios, las preguntas duras sobre las razones del exilio reactivaban traumas y pesadillas en exiliados o perseguidos políticos que revivían las experiencias violentas o dolorosas que los llevaron a abandonar su tierra.
125,000 “refugiados” sin refugio
“Rodrigo”, periodista nicaragüense radicado en San José, no lo olvida: a los aprobados, Uscis les enviaba una resolución oficial de admisión provisional en inglés, encriptada, válida por un año y sujeta a condiciones del Gobierno de Estados Unidos.
A él se le informó que, a partir de la notificación, contaba con un plazo mínimo de cuatro meses para procesar el viaje y reasentamiento en comunidades de acogida.
Esperó nueve meses hasta enero de 2025, pero ya no pudo viajar. “El 19 de diciembre del 2024 nos avisaron que iríamos a Jacksonville, Florida, que en tres semanas máximo estaríamos allá”, relata.
Él asumía que si para el 20 de enero no estaba allá, ya cuando Trump tomara posesión del poder no podría viajar. Y así fue.
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El mismo día que el presidente Donald Trump asumió, firmó la orden ejecutiva “Realineamiento del Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos”, que suspendió USRAP y congeló sus mecanismos asociados, entre ellos “Movilidad Segura”, a partir del 27 de enero.
La orden fijó un reporte de valoración en 90 días, que venció el 27 de abril sin una hoja de ruta pública.
A partir de ahí se cancelaron los vuelos programados de beneficiarios que ya contaban con ciudad de acogida, boletos de abordaje y hasta apartamentos rentados en espera de ser ocupados.
Trump cerró el programa y congeló fondos federales para apoyo a los reasentados que ya estaban en Estados Unidos, rompió contratos con las agencias privadas de reasentamiento y anuló los beneficios de salud, bonos y otras ayudas a los refugiados.
Radicados en Costa Rica
En Costa Rica, principal sede de acogida a nicaragüenses, el golpe fue doble: miles de familias con procesos avanzados y algunos con fechas de viaje en agenda vieron detener sus planes de tránsito.
Otros gastaron en trámites, documentación y costos de preparación para un viaje que nunca llegó porque Trump cerró todas las vías legales, como las del Parole Humanitario.
“Miles de solicitantes perdieron meses y dinero en gestiones, entrevistas, compilación de evidencias, exámenes médicos y talleres de orientación migratoria para prepararse para viajar, pero al final no sirvió de nada. La sensación de haber perdido el tiempo es general en miles de familias”, dice Augusto José Lezama.
Él es activista costarricense que colaboró en el proceso de asesoramiento y orientación a cientos de migrantes venezolanos y nicaragüenses en San José.
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Como orientador de una oenegé, Lezama pasó gran parte de 2024 recorriendo provincias y atendiendo consultas con migrantes que llegaban a preguntar si cumplían los requisitos del programa para participar.
Movilidad Segura pedía requisitos básicos: ser de nacionalidad cubana, haitiana, nicaragüense, venezolana o colombiana, según las condiciones de cada país y demostrar presencia física en el país de acogida antes de 2023.
Además, debían tener un estatus migratorio regular o estar en proceso de regularización, además de generalidades como documentos de identidad, teléfono, correos electrónicos y cumplir los pasos del proceso orientado por Acnur y OIM.
Pérdidas y daños
“Miles de personas llegaban a cada sesión de Movilidad Segura con sus papeles listos, a esperar horas y horas para ser atendidos, dejando de trabajar o de asistir a clases, viajando desde lugares lejanos y reviviendo en muchos casos los traumas del exilio o las razones del desplazamiento de sus países de origen”, dice Lezama.
Según su experiencia, cientos de familias acabaron endeudadas, sin muebles y enseres (vendidos a tiempo para “estar listos a viajar”) y con niños sin matricular “porque los funcionarios del programa les decían que el vuelo podía salir en cualquier momento y que cinco o seis días antes les avisaban del viaje”.
“Hay que ser autocríticos. Movilidad Segura creó una dependencia de fechas imprecisas y frenó, en muchos casos, los procesos de adaptación que ya venían desarrollando cientos de familias migrantes”, critica.
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“Miles de familias estructuraron su vida alrededor de plazos de cuatro meses (el tiempo mínimo ofrecido por Uscis) sin contar con comunicación fluida de las agencias, sin canales de comunicación claros y sin certidumbre sobre las decisiones del país de destino”, cuestiona.
“Desde el punto de vista del debido proceso y de estándares de protección, la gestión del tiempo fue el cuello de botella: primero prometieron, luego redujeron la información y al final piden esperar”, observa.
“El costo lo pagó la gente: muchos perdieron sus empleos por los reiterados permisos para hacer las gestiones; vendieron sus cosas, sacaron a sus hijos de la escuela… porque no iban a necesitar las notas académicas en otro país… Y ya ves, quedaron sin nada”, cuestiona.
Vidas en pausa
“Ángela”, de 43 años, ciudadana de Matagalpa y con núcleo familiar de 4 personas, logró una aprobación provisional de Uscis en mayo de 2024.
Como los exámenes médicos se les vencieron a los seis meses, volvieron a hacérselos en la clínica autorizada de OIM en noviembre de ese año.
Fue la última vez que recibieron comunicación directa del proceso. Luego solo se enteraron por las noticias de que Trump canceló el programa.
Ella asegura que llamó y llamó a las agencias, pero una única vez le dijeron escuetamente que esperara una comunicación formal con nuevas noticias, que no vendiera sus pertenencias, no abandonara su empleo ni retirara a sus hijos de la escuela.
La suspensión del 20 de enero la dejó “en el aire”. En marzo le llegó un correo de OIM sugiriendo “continuar su proceso de adaptación migratoria en Costa Rica”.
“Esperé hasta mayo y cerré esa puerta. Busqué otro empleo en un mall y decidí que mi vida sigue aquí”, dice.
“Un año perdido”
Rodolfo, un nicaragüense de 52 años, oficinista y exiliado desde 2022, también se quedó varado con su esposa y sus hijos en Alajuela, luego del fin del programa de Movilidad Segura.
Igual que todos los aspirantes a reasentamiento, llenó la aplicación de Acnur en línea, completó formularios, fue a tres entrevistas con los tramitadores del programa en San José, presentó papeles, evidencias de la persecución y perdió días de trabajo en esas vueltas.
A fines de septiembre de 2024, Uscis le notificó una aprobación provisional. Él lloró de alegría y empezó a soñar en grande. Según sus cuentas, podría estar viajando en enero a Atlanta.
Luego empezó el proceso de ansiedad por la larga y silenciosa espera, tomó clases básicas de inglés “para no llegar de cero” y vendió algunas cosas para “tampoco llegar palmado”.
Con la orden de suspensión de Trump del programa en enero, no perdió las esperanzas y se aferró con expectativas a esperar los 90 días de tregua, pero pasó el tiempo sin nuevas noticias, vio el clima de persecución en Estados Unidos y se resignó a no viajar.
“Viendo las cosas como están allá, prefiero seguir en Costa Rica, aunque sea caro, no me quejo, pero sí me arrepiento de haber perdido tanto tiempo esperando, un año perdido completo”, dijo por teléfono.
Rodolfo pertenecía a un grupo de WhatsApp de beneficiarios de Movilidad Segura, incluidos venezolanos y nicaragüenses que asistieron juntos a las entrevistas y otras gestiones; dice que de 15 núcleos familiares que asistieron a los trámites, sólo dos lograron viajar: una familia nicaragüense y otra venezolana.
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Los que sí viajaron
No todos los nicaragüenses se quedaron varados con Movilidad Segura. Al menos 4,834 consiguieron reasentarse legalmente en Estados Unidos, España y Canadá entre 2023 y mediados de 2025, según datos de Acnur.
La mayoría de los beneficiados, es decir 4,604 personas, aplicaron desde Costa Rica. Otros 208 lo hicieron desde Guatemala, 17 desde Honduras y cinco desde Perú.
Estados Unidos fue el destino más colectivo: en 2023 acogió a 398 nicaragüenses y en 2024 a 3,600 más desde Costa Rica, además de 96 que estaban en Guatemala, entre ellos parte de los 135 presos políticos desterrados por la dictadura Ortega-Murillo.
Otros 222 refugiados fueron reubicados en España y cinco en EE. UU. desde Perú.
En 2025, antes de la suspensión del programa, se reasentaron 513 nicaragüenses: 451 en EE. UU., 44 en España y 18 en Canadá.
Desde que Trump congeló el ingreso de refugiado, Acnur ha ofrecido limitadas oportunidades de reasentamiento a España a quienes ya estaban en trámites avanzados en Costa Rica.
En total, desde que se abrió la opción para nicaragüenses, 12,842 connacionales ingresaron al programa y otros 15,000 estaban en proceso de consultas y entrevistas.
Sin embargo, solo una fracción consiguió viajar, quedando miles a la espera, principalmente en Costa Rica. Para quienes sí lograron reasentarse, Movilidad Segura significó una salida frente a la persecución política y la falta de futuro en Nicaragua.
La mayoría de los refugiados se han integrado a sus comunidades de acogida y han empezado a trabajar, estudiar y emprender, de acuerdo con testimonios obtenidos en reportajes de LA PRENSA.
¿Qué queda del proceso?
Tras la suspensión abrupta del programa y el cierre de contratos del Gobierno con las agencias de reasentamiento, diversas organizaciones en Estados Unidos demandaron a la Administración en los tribunales federales.
En los juicios, de acuerdo con los reportes de prensa y de las mismas organizaciones demandantes, la balanza se ha inclinado a las políticas migratorias restringidas de Trump.
Los tribunales rechazaron la propuesta de los demandantes que pedían proteger y garantizar el traslado a los 125,000 refugiados aprobados en el año fiscal 2025.
Los abogados del Departamento de Justicia apelaron y lograron que los jueces solo reconocieran la revisión de 12,000 casos de personas cuyos vuelos habían sido suspendidos antes de la orden del 20 de enero.
El Gobierno, sin embargo, hasta la fecha solo reconoce la protección a 160 personas y ha recurrido a estrategias legales para retrasar las resoluciones finales de los tribunales, impugnando toda petición de los demandantes.
Paralelamente, tras el impasse de financiamiento del Gobierno a partir de 1 de octubre, el Departamento de Justicia pidió a los distintos tribunales pausar o cerrar las demandas relacionadas con la suspensión de las sentencias sobre los refugiados, argumentando falta de fondos para litigar.
Por otra vía, Trump ha abierto a los colonos blancos de Sudáfrica la puerta migratoria que cerró a los migrantes latinos. Decenas de ellos llegaron como refugiados, víctimas de discriminación racial y «genocidio», según Trump. Una potencial apertura a un nuevo programa de refugio en 2026 apuntaría —según Reuters y El Times— a beneficiar a afrikáneres y europeos «perseguidos por sus ideas y principios morales».
