El 4 de noviembre de 2023, Engel Alexander Tapia Duarte estaba trabajando fuera de su vivienda en Heredia, Costa Rica, cuando llegaron unos supuestos encuestadores del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INEC). Las personas no portaban ningún distintivo que las acreditara como funcionarias del INEC y le hicieron preguntas “muy personales” a su esposa, entre estas, que si pertenecía a alguna organización en Nicaragua y Costa Rica.
Tapia, quien es un activista opositor nicaragüense, asegura que no le prestó mucha atención al incidente, pero en 2024, otro episodio de vigilancia lo hizo reaccionar.
“En 2024 sí tuve un episodio que me movió a partir del ataque a Joao Maldonado, que el 10 de enero casi lo asesinan a él y su esposa. Él pertenece a la Unidad de Exiliados de Nicaragua (UEN), a la que yo pertenezco”, dijo Tapia.
En ese mismo mes, unos supuestos funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llegaron a su vivienda, pero en esta ocasión Tapia sí estaba en su casa.
“Me llamó la atención que estas personas no estaban identificadas y el vehículo era personal. El pretexto de ellos fue un accidente de un bus y me identificaban a mí. Entonces los increpé y me mostraron una fotografía de una de mis redes sociales de una página que tengo de mi trabajo donde salía una reseña de satisfacción de clientes. Pero también me mostraron fotografías de mis otras redes y me puse muy nervioso”, dijo Tapia.
En el vehículo estaba una mujer que aparentemente grababa la situación. Minutos después, los supuestos funcionarios se marcharon. Posteriormente se dirigió a las oficinas del OIJ en Heredia para consultar si era real la visita desde la institución.
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“La persona buscó en el sistema y no encontró nada. Un inspector del OIJ llamó por radio para consultar si andaba alguno visitándome y dijeron que no. Interpuse la denuncia, que tipificaron como un tema político, pero de momento no he recibido ningún tipo de actualización”, señaló.
Foto: LA PRENSA/Cortesía
Las visitas continuaron. Diez días después, personas desconocidas llegaron al residencial de Tapia para tomar fotografías a su vivienda. El 24 de febrero, cuando regresaba de trabajar y lavó el vehículo a las 8:00 de la noche, un vecino le avisó que un carro le tomó fotografías a su vehículo.
“No había contemplado la idea de irme de Costa Rica porque tengo un trabajo que me ha ayudado a sobrellevar el exilio, pero con estos episodios de inseguridad, tomé la decisión de optar a una segunda salida forzada a otro país donde pueda sentirme seguro”, aseguró.
Inseguridad en Costa Rica incrementa en los últimos años
Al igual que Tapia, otros nicaragüenses refugiados o solicitantes de refugio han sido víctimas de asedio y amenazas en Costa Rica. Muchos de ellos prefieren no brindar declaraciones para evitar mayores represalias.
“Lamentablemente Costa Rica ha disminuido su índice de seguridad ciudadana, lo que ha generado varios incidentes, como es el caso de Joao Maldonado, y también de otros previos que generan incertidumbre y miedo, que incluso ha generado un desplazamiento a un tercer país de personas refugiadas y solicitantes de refugio nicaragüenses”, dijo el abogado defensor de derechos humanos Braulio Abarca, en entrevista a LA PRENSA.
Foto: LA PRENSA.
Abarca, quien forma parte del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aseguró que en Costa Rica se ha incrementado la vigilancia a solicitantes de refugio y refugiados.
“Es generalizado porque la dictadura no anda viendo quién es quién individualmente, sin embargo, hay énfasis específicos en perfiles determinados. Por ejemplo opositores, personas que pertenecen a organizaciones de oposición, defensores de derechos humanos, activistas y feministas con los que hay una especial saña”, aseguró.
La situación de seguridad en Costa Rica se ve reflejada en las cifras oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Entre enero y junio, esta cartera registra 433 homicidios, 358 de estos de costarricenses y 44 de nicaragüenses, ubicándose como la nacionalidad extranjera con mayor número de víctimas de homicidio en territorio costarricense, según datos proporcionados por esta entidad a LA PRENSA.
Las cifras podrían alcanzar las registradas en 2023, considerado el año de mayor inseguridad en Costa Rica. En ese período, el país centroamericano registró 907 homicidios, 100 de estos con víctimas nicaragüenses.
Autoridades no responden a denuncias
Magdiel Galeano salió de Nicaragua rumbo a Costa Rica el 3 de julio de 2018 a las 4:00 de la madrugada debido a la persecución desatada por el régimen Ortega Murillo a raíz del estallido de la crisis sociopolítica. Galeano permaneció en el vecino país del sur por cinco años, hasta octubre de 2023, cuando se fue por medio del programa de reasentamiento, motivado por temas de seguridad.
Según la Agencia de la ONU para los refugiados, el reasentamiento permite que los refugiados se establezcan en un país que convino recibirlos de manera regular para brindarles protección internacional y, en última instancia, otorgarles un permiso de residencia permanente.
Galeano, quien es integrante de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), sostuvo encuentros con tomadores de decisión en Costa Rica, situación que considera, generó respuestas desde el régimen de Nicaragua.
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“Estuve cuando se firmó el último convenio entre la administración de Rodrigo Chaves y la Organización de Naciones Unidas. En ese encuentro estaba Valdrack Jaentscke (en ese entonces cónsul de Nicaragua en Costa Rica) y después de eso, se robaron solo las computadoras en mi casa y las cosas que tenían mi nombre”, contó Galeano a LA PRENSA.
Posteriormente, asegura que sufrió dos atentados en San José, la capital costarricense y que, pese a haber interpuesto dos denuncias ante el OIJ, no obtuvo respuestas de investigaciones posteriores.
“No tengo una respuesta. He estado preguntando y no me responden nada. Cuando puse la primera denuncia, el oficial me dijo que esas situaciones le pueden pasar a cualquiera”, aseveró.
Finalmente, relató que las autoridades de Honduras no le permitieron ingresar asegurando que su pasaporte tiene una “alerta internacional”.
“Una vez, yendo para Escazú, donde trabajaba, me siguieron y mencionaron mi nombre”, aseguró, señalando que por esta persecución perdió su empleo.
LA PRENSA consultó a esta cartera si tenían algún tipo de información por acoso por temas políticos a refugiados y solicitantes de refugio, pero aseguraron que OIJ no tiene injerencia sobre los asuntos de refugio. La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica tampoco quiso referirse a este tema.
Sin embargo, tampoco Tapia ha obtenido respuestas a sus denuncias interpuestas ante el OIJ.
“No es un tema de interés para el actual gobierno. El enfoque está en otros asuntos meramente políticos. Hechos que nunca se habían visto en el país son más notables. Ha habido un desenfoque total por parte del Estado en temas de seguridad, tanto para nacionales como migrantes”, refirió Tapia al respecto.
LA PRENSA consultó también a la Presidencia de Costa Rica sobre estos casos, pero indicaron que la consulta se trasladaría a Migración y al cierre de esta edición no se obtuvo mayor respuesta.
Costa Rica está obligado a brindar protección a refugiados
Costa Rica es signataria de la Convención de 1951 y el Protocolo para el estatuto de refugiado de 1967, por esta razón el país centroamericano tiene obligaciones internacionales en esta materia. Es decir, que estos convenios son supranacionales y están por encima de la jurisprudencia nacional. Por esta razón, la seguridad de refugiados es una obligación del Estado.
“La seguridad de las personas bajo protección internacional, que son los solicitantes de refugio y refugiados, depende del Estado que se los concedió. Lo ilegal es que existan personajes en Costa Rica que son agentes de inteligencia o de seguridad de Nicaragua, porque seguramente, más de una habrá. Eso no se puede permitir y es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional”, dijo a LA PRENSA la exrelatora de Naciones Unidas para los migrantes, Gabriela Rodríguez Pizarro.
Entre enero y junio de 2024, Costa Rica ha recibido 11,613 solicitudes de refugio; 8,984 de estas de nicaragüenses.
Desde 2018 —año en que estalló la crisis sociopolítica— hasta junio de 2024, la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica recibió 272,582 solicitudes de refugio; 234,513 de nicaragüenses, según datos proporcionados por esta cartera a LA PRENSA.
Los patrones más comunes de represión
Según Braulio Abarca, los patrones más comunes de persecución a opositores en Costa Rica, por parte del régimen de Nicaragua, contemplan asedio, vigilancia, hostigamiento y suplantación de identidad de autoridades costarricenses. Es decir, personas que se hacen pasar por funcionarios públicos para obtener información de las víctimas.
“Los tipos de acciones ha sido el espionaje en redes sociales, hay personas que han denunciado que se les envía mensajes de acoso, persecución o asedio, pero también hay personas que han sido seguidas por motociclistas. Hay vigilancia de manera física y virtual”, dijo Abarca.
¿Qué hacer en caso de asedio?
En el caso de sufrir acoso y asedio, los solicitantes de refugio y refugiados en Costa Rica pueden acudir a las autoridades, especialmente a la oficina de Protección a la Víctima del Poder Judicial y acatar todas las recomendaciones.
“Es necesario que se intente hacer la denuncia. Es recomendable que se lleve una bitácora donde se registren las incidencias para que lo pueda documentar con las fechas, las horas y los lugares”, dijo el abogado Braulio Abarca.
El abogado costarricense Daguer Hernández aseguró que los solicitantes de refugio y refugiados tienen que tomar algunas medidas a nivel personal.
“Tienen que bajar su perfil en redes sociales, tener un círculo cercano de amistades. No puede ser que una persona que denuncia persecución, sube fotos en redes sociales y está diciendo donde está. Estas recomendaciones también las da la Oficina de Protección a la Víctima del Poder Judicial”, dijo Hernández.
Segundo exilio
Magdiel Galeano llegó a Estados Unidos en octubre de 2023 a través del programa de reasentamiento, que es impulsado por la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur).
“Fue duro tomar la decisión porque era el mismo pensamiento de cuando estaba en Nicaragua: o dejo que me maten o sigo viviendo para seguir luchando. Es una decisión dura porque ya tenía vínculos en Costa Rica”, aseguró.
Si bien, una parte de los solicitantes de refugio y refugiados se van de Costa Rica a través de programas de movilidad segura de Acnur por temas de seguridad, una gran parte acceden a este país para buscar nuevas y mejores alternativas económicas.
“La gente se está yendo porque, al no haber trabajo, no hay posibilidades de mantenerse de forma digna”, dijo Rodríguez Pizarro.
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“Estamos en un país receptor de personas que necesitan protección como refugio. Pero hay mucha gente que ha abusado de eso y que no son verdaderos refugiados y que en el fondo tenían necesidad económica y luego van a Nicaragua. El país debe ser más cauteloso en eso”, dijo Rodríguez.
En el caso de Tapia, no especificó si se reubicará a través de estos programas, pero mientras la inseguridad incrementa, aseguró que tomó la decisión de abandonar Costa Rica.
“Es muy duro, porque este será prácticamente como un segundo exilio”, finalizó.