A veces los gobiernos, ante crisis o situaciones graves, suelen decretar estados de excepción. Unos pueden llamarse estado de emergencia, otros, estado de guerra, otros, estado de sitio o de conmoción. En estas situaciones los gobiernos cambian radicalmente sus prioridades de atención; suspenden muchas actividades normales y concentran todos sus músculos en superar la situación.
El gobierno que sustituya a la dictadura Murillo-Ortega debería declarar a Nicaragua en estado de educación: poner a esta en la cumbre de sus agendas. Las razones sobran. El país padece una gravísima crisis educativa, tan profunda y dañina que debe considerarse como la mayor calamidad nacional. La calidad de su educación está al nivel de los países más atrasados de África, situación que condena a la miseria material, intelectual y espiritual, a su población más vulnerable.
El caso de Nicaragua es patético. Su población carece del mínimo de la formación requerida para convertirse en ciudadanos pensantes, productivos y responsables. Con el agravante de haber convertido a las universidades en centros donde la excelencia académica ha sido asesinada por la politización, la falta de rigor y la persecución del pensamiento libre.
El nuevo gobierno tendrá pues que hacer un esfuerzo colosal para superar, en el menor plazo posible, esta mediocridad asfixiante y cruel que está causando un daño irreparable a nuestra niñez y juventud. Deberá, en consecuencia, decretar el estado de educación; tomar con la máxima seriedad el tema y demostrar con obras su compromiso de superarlo.
Esto demandará importantes ajustes presupuestarios. Un estado de educación exige medidas duras. Habrá que usar el bisturí para cortar los gastos menos necesarios y proponerse duplicar y luego triplicar y el presupuesto asignado a la educación. Entre los candidatos a ser adelgazados podrían considerarse las fuerzas armadas.
Podrían venderse las docenas de tanques rusos y armamento pesado regalados por Rusia (que no ha dado nada para educación) reducir a la mitad el número de diputados y magistrados y reducir la igualmente abultada y semiparasitaria burocracia estatal.
El estado de educación exigirá igualmente una búsqueda agresiva de recursos internos y externos. Dentro de ella podría considerarse la posibilidad de combinar aranceles escolares con impuestos con la cautela de no dañar la inversión, exenciones fiscales para quienes contribuyan a la educación, hacer que los universitarios repaguen al menos parte del costo de su educación y otras medidas que podrán salir de una amplia concertación nacional.
Los aumentos en la inversión educativa deberán priorizar la primaria e incluir un componente importante a favor de la nutrición infantil y prenatal. En 2024 aproximadamente el 19.6 por ciento de la población nicaragüense (1.4 millones de personas) se encontraba subalimentada, según la FAO (descubrimiento que causó su expulsión). La desnutrición daña para toda la vida la capacidad cerebral y echa a la basura el esfuerzo educativo.
Existen algunas experiencias en el mundo de países que han practicado de hecho el estado de educación. Uno de ellos, y que en parte explica su excepcionalidad, fue Estados Unidos. Desde sus inicios, y con la colaboración de los puritanos y otros grupos religiosos, las colonias del norte se propusieron que en cada hogar se leyera y estudiara la biblia y, con celo inigualable, tan pronto surgía un asentamiento o villorrio lo primero que hacían era fundar escuelas.
En Argentina fue Domingo Faustino Sarmiento, en el siglo XIX. Tras estudiar en Europa y Estados Unidos sus métodos educativos regresó a su país dispuesto a implantar este último. Importó para ello numerosas maestras norteamericanas y multiplicó como nadie los centros de estudio. En Costa Rica Pepe Figueres abolió el ejército en 1949 y orientó los ahorros y el gasto público hacia la educación. Desde entonces el presupuesto de su país ha gastado porcentualmente en ella el doble de Nicaragua.
Ojalá los próximos gobernantes tomen a pecho el propósito de convertir la educación de Nicaragua en la mejor de la región. Estarían así prestando un servicio de amor inigualable a los millares de niños que por falta de instrucción jamás desarrollan sus grandes potenciales y asegurando al país un porvenir luminoso.
El autor es sociólogo, fue ministro de Educación de Nicaragua.
