El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció que continuará con el proceso judicial que abrió en contra de su expresidente Dante Mossi, tras aclarar que recurrirá a las instancias judiciales que corresponden tras un fallo de tecnicismo indicado por una Corte Federal de Estados Unidos, que dijo no tener jurisdicción para conocer del caso.
El BCIE introdujo en septiembre del año pasado una demanda contra Mossi en la Corte Federal del Distrito de Columbia por incumplimiento del deber fiduciario, manipulación del mercado, interferencia ilícita e incumplimiento de contrato y violación a la Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
Un año después, el juez Cristopher R. Cooper decidió aceptar una moción presentada por Mossi para rechazar el caso, porque aseguró que aunque tiene jurisdicción personal sobre Mossi bajo la Regla 4(k)(2), las acusaciones del BCIE bajo la ley RICO no cumplen con los requisitos legales.
«La demanda no presenta elementos suficientes para demostrar actos ilegales de fraude financiero o extorsión, ni un patrón de actividades de crimen organizado conforme a la Ley de Hobbs», según publicó el diario hondureño La Tribuna citando el fallo del juez.
No obstante, el BCIE emitió este jueves un comunicado donde informó que la decisión de la Corte cuenta con dos partes, la primera establece que por un tecnicismo no se pronuncia sobre la inocencia de Mossi; y la segunda confirma el derecho del banco por continuar con el proceso en su contra en los Estados Unidos.
Por tal razón, el BCIE indicó que extenderá sus acciones legales contra Dante Mossi. «Esto derivado de la decisión de la Corte Federal del Distrito de Columbia, la cual ha determinado que existe jurisdicción personal sobre Dante Mossi y el derecho asiste al BCIE respecto a entablar acciones en Corte Estatal de los Estados Unidos».
«Es fundamental aclarar que esta decisión es estrictamente basada en un tecnicismo de carácter procedimental y no constituye, ni puede entenderse o interpretarse como un pronunciamiento sobre la inocencia del demandado, ni sobre el fondo de los hechos denunciados por el BCIE», precisó.
Indicó que el «BCIE reafirma que la acción legal emprendida responde a hechos considerados graves y nocivos que comprometen los valores institucionales, incluyendo la interferencia en relaciones estratégicas, uso indebido de recursos y afectación patrimonial. Como Institución Multilateral, el Banco mantiene su compromiso inquebrantable de salvaguardar la integridad institucional y proteger los intereses de sus países miembros».
Por tanto reafirmó que «extenderá acciones para asegurar que este caso sea conocido en las instancias correspondientes. La defensa de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas continúa siendo un pilar central de nuestra labor».
En su momento, el BCIE informó que la acusación contra Mossi estaba siendo gestionada por la firma Gibson, Dunn & Crutcher LLP a través de los abogados Anne Champion y Robert Giannattasio.
La gestión de Mossi frente al BCIE estuvo plagada de fuertes críticas por su alineamiento y favoritismo en la aprobación de créditos al régimen de Daniel Ortega, señalado a nivel internacional por organismos de derechos humanos de crímenes de lesa humanidad.
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Tal era la camaradería de Mossi con la dictadura en Nicaragua, que Rosario Murillo llegó a calificarlo como el «hermano Dante», que llegaría en la segunda semana de marzo del 2022 para inaugurar un imponente edificio que el banco levantó en Managua, valorado en 16.5 millones de dólares.
Durante la administración de Rischbieth, que estuvo al frente del BCIE entre el 2008 y 2018, el régimen de Ortega consiguió 1,006.2 millones de dólares en préstamos (2009-2018), menos que los 1,408.7 millones que se le aprobaron durante los últimos 4 años en la administración de Mossi.
El respaldo de Mossi significó un promedio anual de 352 millones de dólares, frente a los 100.6 millones que se entregaron en promedio por año bajo el mandato de Rischbieth en diez años.
