La Procuraduría General de Justicia (PGJ), el recién creado superministerio controlado por Wendy Morales Urbina, declaró de utilidad pública un área de terreno de 1,767,388 metros cuadrados en la comarca San Isidro, del municipio de El Realejo, en el departamento de Chinandega, para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización del Centro Logístico Julia Herrera de Pomares, que se ejecutará con recursos de China.
Cuatro propiedades tendrán afectación total y otras ocho de forma parcial, según el Acuerdo Administrativo 1-2025 de la PGJ. Estas propiedades quedarán bajo el control de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), que realizará la ampliación del centro logístico con un crédito otorgado por la empresa china Iconic Technology Company Limited (CHINAICTC).
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Según el decreto legislativo para autorizar el crédito, aprobado el 10 de julio, la dictadura contempla la construcción de un edificio administrativo con un centro de comando inteligente, patios de contenedores para importación, exportación y vehículos, además de dos almacenes inteligentes con control climático y una estación de carga y descarga de contenedores.
En el resto de fases del proyecto se incorporarán también una zona franca integral y una zona de libre comercio con “edificios regionales”.
Foto: Presidencia.
¿Qué es el centro logístico que China financiará?
El Centro Logístico Julia Herrera de Pomares está ubicado en el municipio de El Realejo y fue inaugurado por el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, el 2 de diciembre de 2024, gracias a un crédito otorgado parcialmente (solamente 10 por ciento de los 184.62 millones de dólares aprobados para estas obras) por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), tal como lo documentó LA PRENSA. En ese entonces, tenía una extensión de 102,166 metros cuadrados.
Su objetivo era mejorar la atención a los vehículos y contenedores, favoreciendo el almacenamiento y la distribución de mercancías, y aumentando la capacidad instalada de Puerto Corinto de 3.5 a 7.5 millones de toneladas.
Sin embargo, el 10 de julio de este año, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo crédito con China dividido en dos partes, que totalizan 126.66 millones de dólares, para financiar la ampliación y “construcción” de este centro logístico.
La primera fase del nuevo proyecto, que se financiará con el nuevo crédito otorgado por China, incluye 22 hectáreas adicionales a las diez que ya existen y contempla la construcción de: un edificio administrativo, un centro de comando inteligente, patios de contenedores para importación, exportación y vehículos, dos almacenes inteligentes con control climático y una estación de carga y descarga de contenedores.
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¿Qué pasará con las expropiaciones?
Según el Decreto 229, “Ley de Expropiación”, vigente desde 1976, después de la declaratoria de utilidad pública realizada por la Procuraduría General de Justicia, las propiedades señaladas como afectadas entran en la fase de negociación o de juicio de expropiación. Los dueños o poseedores de las tierras disponen de un plazo breve para negociar directamente con la PGJ el monto y la forma de pago de la indemnización.
“Los dueños pueden negociar el precio, pero no pueden negarse a desocupar los terrenos”, explicó un abogado bajo condición de anonimato.
Si en ese lapso no se llega a un acuerdo, la institución puede iniciar un juicio civil para que un juez determine la indemnización correspondiente y ordene la transferencia de dominio a favor del Estado. Aun sin avenimiento, la ley establece que el proceso no se suspende, puesto que el bien se inscribe a nombre del beneficiario del proyecto una vez que se deposite el valor fijado en la sentencia, ya sea en efectivo o mediante bonos del Estado.
