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Uno de los desafíos centrales que enfrenta toda transición política democrática es garantizar que el cambio no consista únicamente en la sustitución de actores, sino en la transformación de las prácticas que definen el ejercicio del poder. La historia de Nicaragua ofrece numerosos ejemplos de cómo los movimientos que surgieron en nombre de la justicia terminaron convirtiéndose en nuevas formas de opresión. Hoy, en el exilio y en la fragmentada oposición, emerge una pregunta ineludible: ¿cómo asegurarnos de que lo que estamos construyendo no sea una réplica de aquello que decimos combatir?
La cuestión no es menor. En distintos espacios opositores empiezan a replicarse dinámicas que recuerdan peligrosamente a las del sandinismo: el silenciamiento de voces disidentes, la estigmatización del debate y el uso de campañas de difamación contra quienes se atreven a cuestionar las líneas dominantes. Lo que debería ser un ejercicio de pluralismo político se convierte en un terreno de exclusión, donde los críticos son tratados como adversarios y no como interlocutores.
Este fenómeno responde a lo que en teoría política se denomina continuidad autoritaria: la tendencia de los actores políticos a reproducir, consciente o inconscientemente, las lógicas del régimen contra el cual luchan. Así, quienes ayer fueron víctimas de la censura se transforman en agentes de nuevas formas de censura, justificando su accionar bajo el argumento de “proteger” a la causa. La paradoja es evidente: se invoca la libertad de expresión para algunos, pero se niega para quienes sostienen una opinión distinta.
La instrumentalización del discurso de los derechos humanos es un componente particularmente preocupante de este proceso. Conceptos como “violencia de género” o “violencias simbólicas” son indudablemente relevantes en cualquier sociedad democrática. Sin embargo, su uso descontextualizado y selectivo dentro de ciertos gremios opositores los convierte en armas de conveniencia política. Cuando una diferencia de opinión es catalogada como violencia, se abre la puerta a justificar el silenciamiento como una forma de defensa moral. En cambio, cuando la agresión proviene de quienes detentan el poder interno, se relativiza como libre criterio. Este doble rasero reproduce el mismo cinismo con el que el régimen Ortega-Murillo ha manipulado históricamente el lenguaje de los derechos.
El riesgo, entonces, es claro: en lugar de crear una oposición democrática, se estaría erigiendo un espejo del autoritarismo, solo que con otros nombres y banderas. En términos de teoría democrática, esto equivale a una captura del pluralismo: la diversidad de opiniones se tolera únicamente mientras no cuestione a la élite opositora que pretende erigirse como guardiana de la verdad.
Frente a esta realidad, resulta imprescindible reflexionar sobre el tipo de cultura política que se está forjando en el exilio. La democracia no se limita a la ausencia de dictadores; requiere el cultivo de valores como la tolerancia, la autocrítica y la aceptación de la diferencia. Una oposición que teme al debate y que estigmatiza la discrepancia no solo carece de legitimidad moral, sino que también se muestra incapaz de construir consensos duraderos.
La experiencia comparada ofrece lecciones útiles. Transiciones como las de Europa del Este en los años noventa demostraron que los movimientos opositores que no lograron romper con las prácticas autoritarias del pasado terminaron debilitando la credibilidad de la democracia, dando paso a nuevas formas de populismo o a la restauración de élites corruptas. En América Latina, las alternancias que se limitaron a desplazar líderes sin modificar las estructuras de poder terminaron en desencanto ciudadano y en regresiones autoritarias. Nicaragua no puede permitirse repetir esa historia.
El verdadero reto de la oposición nicaragüense no radica únicamente en denunciar los crímenes del régimen, sino en construir un modelo alternativo de convivencia política. Ese modelo debe partir del reconocimiento de que el disenso es saludable, que la crítica fortalece y que el debate no es violencia. Como señala la teoría deliberativa, la democracia se nutre del intercambio abierto de argumentos, incluso (y sobre todo) cuando resultan incómodos.
Aquí es necesario subrayar un punto esencial: las instituciones no surgen del vacío ni se construyen en abstracto, sino que son reflejo de la cultura política dominante en una época determinada. Si prevalece una cultura autoritaria de represión, censura y anulación, las instituciones terminarán codificando esas prácticas en leyes, constituciones o reglamentos. El mejor ejemplo lo ofrece la Constitución “chamuca”, diseñada para legitimar la concentración de poder en manos del caudillo y no para fomentar la pluralidad.
Por eso, resulta indispensable comprender que una cultura política democrática no solo se proclama: debe ponerse en práctica de manera constante para que se traduzca en instituciones sólidas. Respetar a las minorías, garantizar espacios de deliberación y reconocer que la diferencia no equivale a enemistad son principios que, si se ejercen de forma sostenida, pueden plasmarse en diseños institucionales que garanticen su perdurabilidad. Dicho de otro modo: sin una cultura democrática no hay instituciones democráticas, y sin instituciones democráticas no hay futuro de libertad.
Por ello, el combate a las prácticas de difamación, victimización manipulada y censura interna no es un asunto secundario, sino un elemento fundamental para la credibilidad del movimiento opositor. Guardar silencio frente a esas conductas equivale a validar la continuidad de la cultura autoritaria. La complicidad pasiva de muchos opositores —por temor, por cálculo o por cansancio— alimenta el ciclo de intolerancia. Romper con ese ciclo requiere valentía cívica y claridad ética.
La construcción de una verdadera alternativa democrática implica también reconocer que el poder no puede concentrarse en una élite que se autoproclama como la única voz legítima. Nicaragua necesita una oposición plural, diversa y capaz de dialogar incluso en medio de las diferencias. Esto no significa renunciar a la firmeza frente al régimen, sino asumir que la democracia empieza en casa: en la forma en que se organizan, discuten y deciden los propios actores opositores.
En definitiva, el dilema que enfrentamos no es simplemente político, sino también ético. Se trata de elegir entre reproducir las mañas que hemos criticado o atrevernos a construir algo radicalmente distinto. No basta con aspirar a la caída del régimen Ortega-Murillo; debemos aspirar a fundar una cultura política que no se sostenga en el cinismo, la manipulación y la intolerancia. La historia de Nicaragua, marcada por ciclos de esperanza frustrada, exige que esta vez el cambio sea real.
La pregunta inicial vuelve a imponerse: ¿cómo garantizar que no estemos construyendo más de lo mismo? La respuesta radica en la coherencia. Si la oposición es incapaz de ser coherente con los valores que proclama, no será alternativa, sino prolongación del problema. La verdadera ruptura con el autoritarismo comienza en la forma en que hoy, en medio del exilio y la dispersión, se decide enfrentar la diferencia y el debate.
Solo si nos atrevemos a romper con el autoritarismo interno podremos ofrecerle a Nicaragua una salida genuina. De lo contrario, la dictadura habrá ganado una vez más, incluso después de caer.
El autor es estudiante nicaragüense de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Ex preso político desterrado por la dictadura.
