Los diputados de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobaron la «Ley que restituye el 9 de enero Día de la Constitución Política de la República de Nicaragua», que deroga la Ley 201 de 1995, «Ley que establece la enseñanza obligatoria de la Constitución y los Derechos Humanos en todos los niveles educativos», y fijaba el primer lunes de septiembre como “Día de la Constitución”.
La nueva ley asegura que «restituye» el 9 de enero como Día de la Constitución, en referencia a la promulgación de la primera Constitución sandinista de 1987, considerada por la dictadura como uno de «los principales frutos de la revolución sandinista».
El texto de la iniciativa, en cambio, está cargado de citas de la dictadura Ortega Murillo y expone, entre otras cosas, que es un mecanismo para «institucionalizar la revolución».
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Propaganda sandinista
Mientras la ley vigente que el régimen deroga aduciendo que se trató de una revancha de los gobiernos de Violeta Barrios, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, promovía el estudio de la Constitución como herramienta cívica en escuelas, universidades y cuerpos armados, la iniciativa presentada por diputados sandinistas reduce su alcance a la celebración simbólica, ordenando a todas las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía, realizar actividades de homenaje al “Estado Revolucionario”.
En cambio la nueva ley abandona la neutralidad, puesto que el texto está cargado de referencias a la Revolución Popular Sandinista y presenta la Constitución de 1987 como una “victoria del pueblo” que consolidó el “Estado Revolucionario”.
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Y antes, la Ley 201 asignaba responsabilidades claras, por ejemplo, el Ministerio de Educación debía garantizar la enseñanza de la Constitución y los Derechos Humanos, mientras que el Ministerio de Defensa y el entonces Ministerio de Gobernación supervisaban el cumplimiento en el ámbito militar y policial. Por otro lado, las universidades, respetando su autonomía, debían promover la materia en la educación superior.
Ahora, la ley iniciativa elimina esa estructura institucional y convierte la fecha en un acto conmemorativo, ordenando que todas las entidades del Estado, incluidas las fuerzas armadas, la policía, las escuelas y los medios de comunicación, realicen actividades el 9 de enero, lo que desplaza el enfoque educativo hacia una movilización política de carácter propagandístico.
