Nicaragua puso en vigor este miércoles una reforma a la Constitución Política que transforma el Estado, elimina el balance de poderes, y otorga un poder total al presidente del país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quien ahora tiene el cargo de «copresidenta».
La reforma constitucional, que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses, entró en vigencia tras ser publicada en el diario oficial La Gaceta, y 19 días después de haber sido aprobada en segunda y definitiva legislatura.
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La norma constitucional amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de «copresidenta», que el Ejecutivo «coordine» los demás «órganos» del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legaliza la apatridia.
Además, crean las «fuerzas militares de reserva patriótica» y la «Policía Voluntaria» que, según los opositores, se tratarían de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
Los legisladores reformaron 148, de los 198 artículos de la Carta Magna y derogaron otros 37, incluido el que prohibía la práctica de la tortura.
Los suprapoderes de la Presidencia
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado «revolucionario», libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la «democracia directa», que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral, Fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La Presidencia dirigirá al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos Legislativo, Judicial, Electoral, de control y regionales y municipales, según la norma.
También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Además que la Presidencia estará integrada por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.
También incluye como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
La Presidencia podrá además ordenar la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera.
Policía voluntaria
Asimismo crea «las fuerzas militares de reserva patriótica, como parte del Ejército de Nicaragua, las cuales estarán integradas voluntariamente por oficiales, funcionarios, suboficiales, clase, soldados y marineros que han pasado a la honrosa condición de retiro o licenciamiento».
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Además crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por nicaragüenses «que prestan sus servicios de forma voluntaria», una figura que ya existía desde la década de 1980.
Según organismos humanitarios y opositores, esos civiles armados son «grupos parapoliciales y paramilitares» que actuaron con la aquiescencia del Estado en la denominada «operación limpieza» con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones en su contra.
Ortega ha pedido reformar la Constitución en 10 ocasiones desde 2007, incluida una que le permite reelegirse de forma indefinida.
Especialistas aseguran que todo lo que derive de la nueva Constitución profundizará la ilegitimidad del régimen
Especialistas consultados por este Diario señalaron que todo procedimiento derivado de la imposición de la nueva Constitución será ilegítimo.
“Lo primero que hay que aclarar es que el procedimiento seguido para esta supuesta reforma parcial viola las disposiciones de la Constitución vigente sobre los procesos legislativos. Esto no es una reforma parcial, sino una reforma total que está siendo aprobada de manera ilegal e inconstitucional. Los efectos legales de esta reforma son gravísimos”, explicó un especialista en derecho constitucional bajo condición de anonimato por temor a represalias, quien agregó que esta reforma debería considerarse nula desde el punto de vista constitucional.
Con esta reforma la dictadura pasa por alto el artículo 193 de la Constitución vigente, que establece que, en caso de reforma total, la Asamblea Nacional debe convocar a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Según el especialista, el procedimiento correcto no es el de una reforma parcial, como lo está implementando el régimen.
(Con información de EFE)
