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Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo introdujeron una cuarta reforma a su Constitución sandinista para endurecer las obligaciones de los funcionarios públicos, quienes, según la reforma, deberán garantizar la buena administración y rendición de cuentas de los bienes y fondos estatales.
Con esta modificación al artículo 118, el régimen amplía el control sobre los funcionarios y refuerza la capacidad de la Presidencia de sancionarlos bajo la lógica de “protección de los fondos públicos”.
La iniciativa fue presentada este jueves y, al igual que las anteriores, fue aprobada de manera exprés y por unanimidad por los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional.
Más vigilancia a funcionarios públicos
La reforma al primer párrafo del artículo 118 establece:
“Las y los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República, deberán cumplir, preservar y defender los Principios Fundamentales de la Constitución Política y la correcta administración, conservación y rendición de cuentas de los fondos y bienes del Estado. El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales establecidas en las leyes de la materia”.
A criterio de un especialista en derecho constitucional, consultado bajo condición de anonimato, esta cuarta reforma tiene como objetivo aumentar la vigilancia a funcionarios públicos, más que un interés real de castigar la malversación de recursos públicos.
El mensaje para los funcionarios públicos es que todos son sustituibles, todos están vigilados, nadie debe sentirse seguro. Removerlos ahora es más fácil. «El funcionario que dude se va rapidísimo sin mas trámite», dijo el especialista.
Ya no basta con la remoción del cargo
Antes, la Constitución sandinista únicamente señalaba que el incumplimiento de los principios fundamentales era causal inmediata y suficiente para la destitución. Ahora, se agrega la obligación de garantizar la buena administración, cuyo incumplimiento no solo puede derivar en la pérdida del cargo, sino también en sanciones penales.
La reforma concentra aún más poder de sanción en el Ejecutivo y, en el contexto actual, en manos de la inconstitucional Procuraduría General de Justicia (PGJ). Además, no define con claridad qué constituye “incorrecta administración o conservación” de fondos, dejando abierta la posibilidad de interpretaciones discrecionales.
Reforma a la Constitución se enmarca en poder a la PGJ
Por su parte, el diputado sandinista Edwin Castro, reafirmó en la sesión de este jueves que la reforma se enmarca en el superpoder otorgado por la dictadura a la PGJ.
«Queda bien claro con este mandato constitucional que nadie podrá alegar el principio penal de que la implicación penal por incumplimiento de la ley no trasciende del indiciado. Si una institución no hace buen uso de los recursos del Estado, es responsabilidad de los jefes de esa institución porque eso no pase. No pueden alegar desconocimiento», dijo Castro.
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Morales adelanta presiones
En tanto, la titular de la PGJ, Wendy Morales —al frente del nuevo “superministerio” del régimen— advirtió a los funcionarios públicos y reafirmó que el interés de estas medidas es perseguir a quienes “cometan actos de corrupción”.
“Por si a alguien en algún momento se le olvidó cumplir la ley o que es funcionario público, que nuestros salarios se pagan con los impuestos de los nicaragüenses, este es un buen momento para recordar que está la PGJ”, dijo Morales en una entrevista en el estatal Canal 6.
