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El informe de derechos humanos sobre Nicaragua del Departamento de Estado de Estados Unidos, correspondiente al año 2024, hizo eco de informes “creíbles” que señalan que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentó hacer uso indebido de las alertas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para perseguir a opositores y miembros del clero de la Iglesia católica.
Un exfuncionario del organismo internacional consultado por LA PRENSA, y quien solicitó el anonimato, aseveró que aunque un país gire muchos oficios de captura internacional basados en motivaciones políticas siempre pasarán por un filtro en Interpol que determina si la intención es perseguir a algún crítico.
El 14 de diciembre de 2022, el régimen anunció que giró un oficio a Interpol para capturar al sacerdote exiliado Uriel Vallejos, quien abandonó el país en septiembre de ese año, luego de permanecer los primeros tres días de agosto bajo asedio y encierro policial en la casa cural de Sébaco.
La Policía nicaragüense se adhirió a Interpol en 1965. En la actualidad, de acuerdo con la página web del organismo, Nicaragua es un país atractivo para los grupos criminales debido a su posición geográfica, propicia para el tráfico de drogas a través de vías terrestres, aéreas y marítimas.
Interpol no admite causas políticas
Aunque en el pasado se han registrado casos en los que regímenes autoritarios utilizan Interpol con fines de persecución política, la Constitución de la Organización prohíbe esta práctica. El artículo 6 de dicho documento establece que está rigurosamente prohibida a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.
Un exfuncionario de Interpol, que conversó con LA PRENSA bajo condición de anonimato, aseveró que la organización filtra los casos y requerimientos de cada país a través de la Comisión de Ficheros, que es la instancia que archiva los oficios en los que se evidencia persecución política.
«Esta sección especial audita permanentemente a Interpol. Cuando cualquier país hace un pedido de captura de una persona, esta Comisión se fija si tiene alguna connotación política. Si lo considera así, entonces no da curso al pedido de captura de ese país y la archiva. Habitualmente pueden ocurrir ese tipo de cosas, pero no prospera y no se publica la captura internacional por Interpol», señaló el especialista.
Según el portal oficial de Interpol, la Comisión de Control de los Ficheros es un órgano independiente e imparcial que se encarga oficialmente de garantizar que el tratamiento de datos personales que lleva a cabo la Organización sea acorde con su propia normativa.
La comisión supervisa, asesora y da tratamiento a las solicitudes individuales de acceso a los datos tratados en el Sistema de Información de Interpol, o de rectificación o eliminación de estos.
«Los que integran en la Comisión son personas de reputación internacional, exjueces y se supone que son objetivos y no van a permitir que haya una captura con sesgo político», señaló el especialista.
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¿Qué consecuencias tendría si el régimen sigue abusando de las alertas rojas?
Si bien el exfuncionario aseveró que no existe ninguna consecuencia para el país que requiere a una persona y se rechaza dicho requerimiento, en caso de que algún país gire muchos oficios contra personas que están en el exterior y que estos tengan motivación política, Interpol podría advertir a ese país.
«La consecuencia más habitual ante un incumplimiento es avisar al país que no envíe más solicitudes de captura que no cumplan los requisitos, ya que no se publicarán. Si eso persiste, la Asamblea General de Interpol podría considerar una suspensión del país, pero eso nunca ha ocurrido», dijo el especialista.
El año pasado, Nicaragua ocupó el tercer lugar entre los países de Centroamérica con mayor número de alertas rojas ante la Interpol, en la base de datos pública del organismo. El país tenía vigentes 63 alertas rojas, superado por Guatemala (169) y El Salvador, que encabeza la lista de países centroamericanos con 876 alertas rojas. Cabe destacar que algunos requerimientos Interpol no los publica en su sitio web.
Dictadura desatendió pedidos de captura internacional
El 11 de enero de 2022, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina protestó contra el régimen de Ortega-Murillo debido a que, durante la toma de posesión del dictador Daniel Ortega un día antes, entre los invitados estaba el iraní Mohsen Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, sobre quien pesa una alerta roja de Interpol al ser acusado por la justicia argentina de ser uno de los autores intelectuales del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que dejó más de 80 muertos y 300 heridos.
«Hay muchos casos en los que se solicita la captura de un político en ejercicio de sus funciones en otro país, y un tercer país le permite visitarlo sin detenerlo. Por ejemplo, funcionarios de Irán visitaron Bolivia y no fueron detenidos. Son facultades soberanas de cada país, ya que Interpol no tiene supremacía sobre la soberanía nacional», señaló.
«Si un país no cumple con las disposiciones de Interpol, la única consecuencia podría ser alguna sanción, como su expulsión de la organización, pero no hay una autoridad superior que lo obligue», agregó el especialista.
La solicitud para el caso de Douglas Álvarez Morales
El informe del Departamento de Estado mencionó el caso de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, también conocido como Douglas Pérez Centeno, a quien el régimen logró extraditar desde Costa Rica en 2024, al señalarlo como parte de la banda los Barba, que asesinó a una oficial de Policía en Río San Juan el 1 de octubre de 2022.
Según el expediente judicial del caso, en poder de LA PRENSA, el subcomisionado de la Policía de Nicaragua, Nelson Morales Valle, aseguró en su declaración testifical que, cuando la Policía se enteró de la salida del país de Reinaldo Picado y Douglas Álvarez Morales, se giró oficio a Interpol y se coordinó con la “inteligencia” de la Policía de Costa Rica. Sin embargo, se desconoce si Interpol admitió el requerimiento.
El martes, el grupo opositor Gran Confederación Opositora (GCON) respaldó un pronunciamiento del Movimiento Campesino en el que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgar medidas cautelares para el nicaragüense Pedro Javier Fernández Sandoval, residente en Costa Rica y detenido desde el 27 de febrero de 2025 en ese país.
Según las organizaciones opositoras, Fernández Sandoval enfrenta un proceso de extradición hacia Nicaragua, el cual atribuyen a una persecución política por parte del régimen Ortega-Murillo.
El 19 de febrero de 2024, el régimen sandinista presentó a Douglas Álvarez Morales con grilletes en las manos, luego de conseguir su extradición. Fue detenido el 31 de octubre de 2022 y extraditado el 16 de febrero de 2024.
