Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
El informe de derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Nicaragua, correspondiente a 2024, expone las denuncias de exiliados nicaragüenses en Costa Rica que señalan la presencia de paramilitares y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional —partido de la dictadura— en el vecino país del sur para hostigar y perseguir a exiliados.
Según el reporte del Departamento de Estado —basado en testimonios y denuncias—, los agentes de la dictadura cruzan la frontera para atacar a los exiliados, al igual que lo hacen funcionarios de inteligencia del régimen que se albergan dentro de la Embajada de Nicaragua en San José y que luego emprenden vigilancia.
Las incidencias documentadas incluyen vigilancia, toma de fotografías y envío de mensajes directos con amenazas.
«Ciertas organizaciones creadas por exiliados en Costa Rica reportaron haber sido vigiladas fuera de sus oficinas, con personas desconocidas tomando fotografías de quienes entraban y salían. Además, miembros del personal de estas organizaciones informaron haber recibido mensajes de texto con amenazas, recordándoles agresiones pasadas contra nicaragüenses en Costa Rica», señala el reporte.
En una entrevista concedida a LA PRENSA el 9 de julio de este año, Eduardo Trejos Lalli, exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) de Costa Rica, aseveró que entre 2018 y 2022, cuando era titular, recibieron reportes de exiliados que identificaban a funcionarios de la dictadura que salían de la embajada, la cual, según el exfuncionario, tenía un exceso de personal.
Dictadura utiliza Interpol
El reporte hace eco de informes «creíbles» que señalan que el régimen de los Ortega Murillo intentó hacer uso indebido de las alertas rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para perseguir a opositores, incluyendo miembros del clero católico que se exiliaron.
«Por ejemplo, el líder opositor Douglas Gamaliel Álvarez Morales fue extraditado desde Costa Rica en febrero, después de que el gobierno emitiera una Notificación Roja en su contra», señaló.
El 14 de diciembre de 2022, el régimen anunció que giró un oficio a Interpol para capturar al sacerdote exiliado Uriel Vallejos, quien abandonó el país en septiembre de ese año, luego de permanecer los primeros tres días de agosto bajo asedio y encierro policial en la casa cural.
El 4 de agosto de 2022, la Policía trasladó al sacerdote al Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, en Managua, donde lo mantuvo confinado hasta que este logró burlar la vigilancia policial y salir del país, para evitar que la dictadura lo encarcelara, en su constante ensañamiento contra la Iglesia católica.
Vigilancia física a familiares en el país
El informe documentó casos en los que el régimen vigiló, hostigó, detuvo y condenó injustamente a familiares de opositores en el exilio, como parte de sus intentos de forzar su retorno al país para arrestarlos.
Lea además: Del monte a la celda y de la celda a la libertad: el viaje de Reinaldo Picado
Entre las violaciones a familiares de opositores exiliados que documentó están la negación de documentos públicos, como partidas de nacimiento de menores bajo custodia compartida o pasaportes.
«En varios casos, las autoridades exigieron que un padre o madre previamente exiliado por el gobierno estuviera presente para solicitar documentos públicos para sus hijos», señaló el informe.
Asimismo, menciona que el régimen negó la emisión de documentos a nicaragüenses en el exterior a través de las oficinas consulares. Esta medida se aplicó contra opositores y sus familiares, impidiéndoles viajar a un tercer país.
También hizo hincapié en las negativas de retorno al país a nicaragüenses, señalando que el régimen exige a las aerolíneas y empresas de transporte que notifiquen a las personas que no se les permitirá ingresar.
