Aunque no es muy común, regímenes poco democráticos han utilizado ―o querido utilizar― a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para perseguir a disidentes en el exterior. Nicaragua no ha sido la excepción.
Al menos en el caso de Nicaragua, algunos opositores han denunciado que el régimen pidió a la Interpol que los incluyera en la lista de alertas, tal es el caso del docente exiliado y excarcelado político, Gabriel Putoy. El docente aseguró a LA PRENSA que pese a que demostró que el régimen Ortega Murillo lo persigue, todavía en sus récords policiales aparece como requerido por la Interpol por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes.
“Eso me afecta en mi trabajo, porque nadie quiere darle trabajo a alguien requerido por la Interpol”, refirió y añadió que “si no hubiera sido porque tenía el refugio aprobado, me hubieran detenido o extraditado”.
Pero más allá de Nicaragua, hay algunos casos públicos en el mundo en los que Interpol se ha utilizado como una herramienta de persecución política, en contra de la voluntad de esta instancia y de sus estatutos.
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Dos casos políticos en los que actuó Interpol en España
En España se han registrado al menos dos casos en los que Interpol intervino en casos políticos. Por ejemplo, se supo que en 2017 el periodista y activista turco, Hamza Yalçin, fue detenido en Barcelona, España, por una alerta roja interpuesta por su país. Yalçin estuvo en prisión hasta el 28 de septiembre de ese mismo año.
Según el periodista, en un relato que escribió desde prisión, el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan lo declaró terrorista porque escribía y hablaba en su contra, por lo que avisó a Interpol para que lo capturaran y entregaran.
En prisión, los guardias lo golpearon, pero la actitud de los custodios mejoró luego de una visita de una funcionaria del Consulado de Suecia, puesto que también tiene la nacionalidad de ese país. Posteriormente, España rechazó su extradición y fue liberado en 2017.
El caso de Dogan Akhanli en España
El 20 de agosto de 2017 las autoridades de España liberaron al escritor turco-alemán, Dogan Akhanli en Granada, España, luego de permanecer en prisión por una alerta roja en Interpol que también emitió Turquía.
Akhanli es un disidente político y advirtió que la extradición a Turquía desembocaría en su muerte. A la vez aseguró que Turquía abusó de las detenciones de Interpol en contra de críticos.
Ocho años para que le retiraran una notificación roja
Azer Samadov es un exrefugiado político azerbaiyano opositor al presidente Ilham Aliyev y fue víctima de “un error técnico” de Interpol que casi le costó la libertad. En marzo de 2006, fue detenido por funcionarios de Georgia a petición de Azerbaiyán, que le acusó por desorden público en masas, aunque probó que no participó en los disturbios que se registraron durante ese mismo mes.
Sin embargo, la presión internacional logró que Georgia lo liberara. Finalmente la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) le concedió la condición de refugiado y se trasladó a Holanda. En 2009, en el aeropuerto Schipol de Holanda, se dio cuenta que se encontraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol y lo retuvieron por más de cuatro horas.
Hasta septiembre de 2015 la Interpol eliminó su notificación roja.
Denunciado por el Parlamento Europeo en 2022
Un informe sobre una recomendación del Parlamento Europeo en 2022 señaló que organizaciones no gubernamentales denunciaron el uso indebido del sistema de notificaciones de Interpol por parte de países miembros para enjuiciar a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, pese a que el artículo 3 del Estatuto de Interpol prohíbe cualquier intervención o actividad de carácter político, militar, religioso o racial.
A la vez señaló que los países autoritarios que son miembros de Interpol lograron la utilización del sistema de notificaciones rojas para perseguir a personas fuera de sus jurisdicciones.
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La Interpol señala que la notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega o de una acción judicial similar, recalcando que no es una orden de detención internacional.
Según su sitio web, Interpol con sus 196 países miembros es la mayor organización policial del mundo. Los países colaboran entre sí y con la Secretaría General intercambiando información relativa a investigaciones policiales.
Interpol no acepta todas las alertas de Nicaragua, asegura especialista
La Policía nicaragüense se adhirió a la Interpol desde 1965. En la actualidad, de acuerdo con la página web del organismo, Nicaragua es un país atractivo para los grupos criminales debido a su posición geográfica, propicia para el tráfico de drogas a través de vías terrestres, aéreas y marítimas.
El especialista en seguridad argentino, Ariel Gelblung, dijo a LA PRENSA que para que exista una captura de Interpol “tiene que haber una evaluación de índole judicial en el país que recibe la orden de detención y quiere proceder. Es muy raro que cuando alguien huye de un país con un sistema dictatorial y eventualmente pide asilo político, el país que recibe a la persona tome en cuenta esa alerta”.
También expuso que el caso de Mohsen Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán ―quien tiene una notificación roja por ser supuesto responsable del atentado contra la Asociación Mutual Israelita en Argentina (AMIA) en 1994―, merma la credibilidad de Nicaragua ante Interpol. Rezai estuvo en Managua en la toma de posesión de Ortega el 10 de enero de 2022 y el régimen no lo entregó.
“Cuando uno no es receptivo con el sistema general y el sistema jurídico está en discusión, es muy raro que los demás sean receptivos con órdenes provenientes de su propio país, porque su justicia no es independiente”, refirió.
Nicaragua ocupa el tercer lugar entre los países de Centroamérica con mayor número de alertas rojas ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). El país tiene vigentes 63 alertas rojas, superado por Guatemala (169) y El Salvador, que encabeza la lista de países centroamericanos con 876 alertas rojas.