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El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) investigar la muerte del dirigente miskito Brooklyn Rivera Bryan mientras permanecía bajo custodia estatal.
De igual manera, evaluar un patrón de persecución, desplazamientos forzados, asesinatos y detenciones arbitrarias contra comunidades indígenas de la Costa Caribe nicaragüense como posibles crímenes de lesa humanidad.
En una comunicación dirigida al fiscal Karim Ahmad Khan, la organización sostuvo que el fallecimiento de Rivera Bryan, ocurrido el pasado 30 de mayo en un centro hospitalario de Managua mientras se encontraba bajo custodia estatal, debe analizarse dentro de un contexto más amplio de ataques contra los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.
Calidh detalló que el líder histórico del pueblo miskito, fundador de Yatama y exdiputado de la Asamblea Nacional, había sido detenido el 29 de septiembre de 2023 y permaneció privado de libertad durante casi tres años en condiciones que la organización califica como desaparición forzada.
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Un patrón sistemático contra comunidades indígenas
En la comunicación enviada apuntan que “de conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma, estos hechos reúnen los elementos objetivos y subjetivos requeridos: constituyen un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, realizado con conocimiento de dicho ataque y en cumplimiento de una política de Estado o de una organización”.
Calidh sostiene que en los últimos años, las comunidades indígenas de la región han sido objeto de invasiones reiteradas por grupos armados de colonos a sus territorios ancestrales, desplazamientos forzados masivos, asesinatos selectivos de autoridades tradicionales, líderes comunitarios y defensores del territorio, así como de la destrucción sistemática de sus bienes y recursos naturales.
La organización añade que estos hechos revelarían “una política deliberada orientada al despojo territorial y a la neutralización de la resistencia indígena”, con consecuencias para la supervivencia colectiva de los pueblos miskito y mayangna.
Asimismo, manifiestan preocupación por la situación del dirigente indígena Steadman Fagoth Müller y de otros indígenas privados de libertad, señalando que sus detenciones formarían parte del mismo contexto de represión denunciado ante la Corte.
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La carta también menciona el pronunciamiento realizado el 1 de junio de 2026 por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, quien lamentó la muerte de Rivera Bryan y solicitó una investigación “rápida, imparcial y transparente” sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Aunque reconoce que Nicaragua no es Estado Parte del Estatuto de Roma, el Calidh pidió a la Fiscalía evaluar la información presentada en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 15 del tratado.
La organización también expresó su confianza en que la Fiscalía examinará la información “con la máxima diligencia, objetividad e independencia” para contribuir al combate contra la impunidad y prevenir la repetición de este tipo de conductas.
Responsabilizaron al Estado de Nicaragua
Desde antes de que fuera oficializado el fallecimiento de Brooklyn Rivera, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, líderes indígenas, opositores y familiares responsabilizaban al régimen de Nicaragua por el deterioro de su salud tras casi tres años de detención y desaparición forzada. Luego de confirmarse su muerte, y de las denuncias sobre la negativa inicial de entregar el cuerpo a sus familiares, la detención de allegados y la realización de un entierro exprés, se multiplicaron los llamados a una investigación independiente sobre las circunstancias del caso.
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Las condenas provinieron de gobiernos, organismos internacionales de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y líderes indígenas. Entre ellos, la Unión Europea expresó su pesar por el fallecimiento del dirigente miskito bajo custodia estatal y solicitó una investigación «exhaustiva, imparcial y transparente». También el Gobierno de Estados Unidos se sumó a los llamados para esclarecer los hechos.
Desde el exilio, Tininiska Rivera, hija del líder indígena, responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la muerte de su padre y denunció que durante más de dos años la familia desconoció su situación real de salud debido a las condiciones de desaparición forzada en las que permaneció.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, calificó de «devastadora» la muerte de Rivera y afirmó que el líder indígena «murió bajo custodia de un Estado represor que nunca debió detenerle». Asimismo, recordó que la organización lo consideraba un preso de conciencia, detenido arbitrariamente tras denunciar en foros internacionales la situación de los pueblos indígenas en Nicaragua.
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Opositores, activistas y defensores de derechos humanos sostienen que el exdiputado no fue víctima únicamente de las enfermedades que lo aquejaban, sino de casi tres años de encarcelamiento, desaparición forzada y deterioro físico asociado a las condiciones de reclusión a las que fue sometido.
