En 2024, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo profundizó su asalto a las libertades civiles en Nicaragua, cerró medios de comunicación, censuró contenidos en línea, hostigó a periodistas y opositores, y consolidó un control absoluto sobre la información pública, según el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos correspondiente a 2024.
Aunque la legislación nicaragüense reconoce la libertad de expresión y de prensa, el régimen sandinista no respetó este derecho. Según el informe, las autoridades combinaron restricciones oficiales y no oficiales con la ausencia de un poder judicial independiente y un sistema político no democrático.
El Departamento de Estado menciona que el régimen de los Ortega Murillo canceló licencias a seis medios de comunicación, incluyendo Radio María, una emisora de cobertura nacional vinculada a la Iglesia católica. En marzo de este año, el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) traspasó su frecuencia a Canal 13 de televisión, propiedad de la dictadura.
Asimismo, el informe indica que el régimen cerró 56 organizaciones de medios y que 22 programas informativos y 13 programas de opinión dejaron de emitirse debido al acoso y la persecución.
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Interceptación de comunicaciones
El Departamento de Estado documenta intervención de comunicaciones sin autoridad legal. Además, se destaca la imposición a las estaciones de cable privadas de transmitir mensajes del régimen, incluso en situaciones no urgentes, así como la existencia de granjas de troles y censura de contenido en línea.
«Hubo reportes creíbles de que el gobierno monitoreaba comunicaciones privadas en línea sin la autoridad legal apropiada y, en algunos casos, censuraba contenido en línea o restringía o interrumpía el acceso a internet», señala.
Dictadura con control total de medios
El informe indica que el régimen Ortega Murillo ejerce influencia y control sobre la mayoría de medios de comunicación, que operan como una especie de fusión bajo el Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dirigido por Rosario Murillo y su hijo Daniel Edmundo Ortega Murillo, quienes coordinaban capacitaciones del personal de medios en China y Rusia.
«Ocho de los diez canales básicos disponibles estaban bajo influencia directa del FSLN o eran propiedad y estaban controlados por personas cercanas al gobierno. Los medios de comunicación propiedad de la familia presidencial generalmente limitaban la programación informativa y servían como plataformas para propaganda pro-gobierno o del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y anuncios de campaña. Otros medios que operaban en el país practicaban una auto-censura significativa para evitar represalias oficiales», señala el informe.
Vigilancia
Según el Departamento de Estado, los paramilitares del FSLN colaboran con la Policía y los Comité de Barrio sandinistas para vigilar y limitar cualquier tipo de expresión crítica a la dictadura, lo que se suma al ambiente de autocensura por parte de los periodistas independientes.
«Muchos periodistas practicaban autocensura, por temor a repercusiones económicas y físicas por la cobertura investigativa sobre crímenes o corrupción oficial. Además, los propietarios de medios ejercían auto-censura al elegir no publicar noticias que afectaran la percepción pública del gobierno o del FSLN», señala el informe.
