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Desde el martes 5 de agosto, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tienen prohibido hacerse pasar por policías locales o estatales para efectuar arrestos domiciliarios. Así lo ordena un acuerdo judicial aprobado por el Tribunal de Distrito de EE. UU., como parte de una histórica demanda colectiva presentada en 2020 contra la agencia.
El juez Otis D. Wright II dio luz verde al acuerdo que frena el uso de tácticas engañosas como parte de las operaciones de ICE en el sur de California. La demanda colectiva fue presentada en 2020 por organizaciones pro inmigrantes en nombre de Osny Sorto-Vázquez Kidd y dos organizaciones comunitarias que representan a la demanda colectiva: la Coalición del Interior para la Justicia de los Inmigrantes (ICIJ) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA).
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El fallo judicial beneficia a inmigrantes residentes en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura.
«De conformidad con un acuerdo judicial aprobado hoy en el caso Kidd v. Noem, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) tienen prohibido identificarse como agentes del orden público estatales o locales y no pueden participar en artimañas que tergiversen su identidad o propósito gubernamental», compartió la Fundación ACLU en un comunicado.
Lo que prohíbe el acuerdo judicial
El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., firmó el fallo el 5 de agosto pasado con el que se prohíbe a los agentes del ICE hacerse pasar por policías locales o estatales, detectives o funcionarios de libertad condicional para engañar a los residentes e ingresar a sus viviendas sin una orden judicial.
Tampoco podrán utilizar excusas falsas, como problemas con vehículos o supuestas investigaciones criminales y asimismo, todos los oficiales de ICE en la Oficina de Campo de Los Ángeles deberán portar claramente identificaciones visibles que los identifiquen como «ICE» cuando usen ropa o insignias que digan «POLICE».
«Este acuerdo deja claro que los agentes de inmigración no están por encima de la Constitución», dijo Diana Sánchez, abogada de la ACLU del Sur de California, que representó al grupo demandante.
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A lectura de Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef, por sus siglas en inglés), la resolución del caso «es una noticia muy alentadora para la comunidad inmigrante, puesto que refrenda las garantías constitucionales que obligan a las fuerzas del orden a cumplir siempre con deberes éticos y profesionales».
Rocha insistió en que «no podrán utilizar tácticas engañosas ni suplantar identidad en la ejecución de detención migratoria. El ordenamiento jurídico estadounidense prima la seguridad del hogar».
Subrayó que aunque este acuerdo «sólo aplica a un área del sur de California, es parte de una serie de casos en curso en todo el país que piden rectificar conductas que violenten la Constitución, como el uso de máscaras para ocultar identidad. California alberga la segunda comunidad de nicaragüenses en Estados Unidos».
La demanda forma parte de una ofensiva legal más amplia. En mayo de 2024, la misma corte ya había declarado ilegal la práctica de «tocar y arrestar», cuando agentes entran al área privada de una vivienda sin orden judicial para efectuar arrestos.
Cabe destacar que la aprobación del acuerdo judicial coincide que lo que vivió el nicaragüense Roberto José Reyes Castro, de 35 años, originario de Managua, quien evitó ser arrestado el pasado 30 de julio por un grupo de hombres encapuchados que luego identificó como parte de una operación conjunta entre agentes de ICE y cazarrecompensas en Estados Unidos. Desde entonces, Reyes y su familia —su esposa, sus tres hijos menores y su suegra— han estado encerrados en su apartamento en Fontana, Los Ángeles, California.
