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Hace poco más de un mes los sicarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo asesinaron a sangre fría en Costa Rica a Roberto Samcam, un destacado opositor nicaragüense refugiado en ese país y nacionalizado español. Él nunca dejó de denunciar los crímenes del régimen, especialmente el involucramiento del Ejército y los paramilitares en la represión interna y fue uno de los primeros en denunciar la represión transnacional y el funcionamiento de células de espionaje en el país vecino.
El asesinato atroz de Samcam no fue el primer intento de la dictadura para silenciar voces y activismo de oposición. En 2021 y 2024, intentaron asesinar a Joao Maldonado, quien milagrosamente sobrevivió a dos atentados. También están las muertes no esclarecidas de Jaime Luis Ortega Chavarría en 2024, Erick Antonio Castillo en 2023, Rodolfo Rojas en 2022 y Alberto Olivas Aguilar en 2021.
Opositores, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones actividades represivas como vigilancia, acoso, amenazas y agresiones físicas de parte de operadores de la dictadura en territorio costarricense. También hay denuncias de graves y excepcionales violaciones, entre ellas el destierro, despojo de nacionalidad y apatridia de facto, de una gran cantidad de nicaragüenses que se encuentran en diferentes países.
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La represión transnacional es una práctica perversa de regímenes autoritarios e irrespetuosos del derecho internacional, como Rusia, Venezuela y Nicaragua. En este último caso, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN) advirtió en el informe que emitió en febrero de este año sobre la gravedad de este tipo de persecución en contra de los exiliados nicaragüenses.
El asesinato de Samcam
El asesinato de Samcam marca un punto de inflexión porque elimina cualquier duda sobre la represión transnacional y el funcionamiento de células de la dictadura en el exterior, particularmente en Costa Rica. Es un hecho que el régimen Ortega Murillo quiere sembrar el terror entre los exiliados, silenciar voces y paralizar las acciones en favor del cambio democrático.
Los niveles de planificación, organización y violencia que emplearon en todos los casos, particularmente en los de Maldonado y Samcam confirman que están dispuestos a todo.
El asesinato de Samcam fue condenado y rechazado por numerosos actores internacionales. El GHREN expresó su preocupación por la seguridad de los exiliados nicaragüenses; lo mismo hicieron más de treinta expresidentes iberoamericanos a través de un comunicado del Grupo IDEA, y la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso ofreció su colaboración a las autoridades costarricenses para esclarecer el asesinato.
Una coalición de más de 19 organizaciones de derechos humanos también demandó una investigación exhaustiva y considera el asesinato como una estrategia más amplia de represión transnacional. Otras organizaciones sociales nicaragüenses e internacionales también han condenado el hecho. La prensa internacional lo recogió y divulgó ampliamente, e incluso, por la gravedad del caso, dio lugar a editoriales en varios medios.
Asesinato violentó soberanía
La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó una moción para exigir al Gobierno una actuación diligente en el esclarecimiento del asesinato, pero no fue respaldada por la bancada oficialista, que siguió la posición del presidente Rodrigo Chaves que hasta la fecha guarda silencio, a pesar de las declaraciones de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía costarricense que consideran el asesinato político como una línea de investigación.
Otros actores costarricenses, incluidos expresidentes y exfuncionarios de instituciones clave, han demandado públicamente que el presidente se pronuncie porque consideran que se violentó la soberanía y la seguridad de Costa Rica.
Desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) consideramos que el asesinato de Samcam es la prueba fehaciente de que la dictadura de los Ortega Murillo opera con impunidad en Costa Rica. Ese fue un crimen transnacional complejo que toma ventaja de las condiciones desfavorables de seguridad que existen en ese país. Además, incrementa los riesgos y amenazas para los exiliados y opositores nicaragüenses y violenta la soberanía de un país vecino.
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Por estas razones la CDN demanda una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del asesinato. Confiamos en que tanto el Gobierno de Costa Rica como el de España actúen con prontitud y eficacia para esclarecer este crimen, hacer justicia y proteger a la familia de Samcam.
Pero también esperamos que las autoridades costarricenses y la comunidad internacional tomen acciones para la búsqueda de justicia y para que los miles de exiliados nicaragüenses que se encuentran en diferentes países, cuenten con la protección necesaria, para que la dictadura Ortega Murillo no pueda volver a cometer crímenes de este tipo.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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