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Nicaragüenses beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), cancelado el 8 de julio por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de Estados Unidos, en cumplimiento con las políticas migratorias impulsadas por la Administración de Donald Trump, afirman que lucharán por quedarse en el país donde formaron su hogar en las últimas dos décadas.
El nicaragüense Mario Mayorga, beneficiario de TPS desde 1999, ha vivido en territorio estadounidense por más de 20 años y afirma que, tras conocer la decisión del Gobierno de Estados Unidos, decidió sumarse a la demanda que impulsan, desde el mismo 8 de julio, un grupo de beneficiarios nicaragüenses, hondureños y nepalíes, junto con organizaciones de la sociedad civil, con el fin de que se revoque la cancelación del TPS para esos tres países.
Mayorga tiene 57 años y aseguró a LA PRENSA que su hogar está en Estados Unidos. En ese país vio crecer a sus tres hijas, todas mayores de edad y de nacionalidad estadounidense, y ha trabajado incansablemente para formarlas y ser un sostén económico para su familia.
El Gobierno de Estados Unidos, tras cancelar el TPS para Nicaragua y Honduras, dio a los beneficiarios de ese programa, tanto nicaragüenses como hondureños, un plazo de 60 días para abandonar el país o buscar otras vías legales de permanencia. Dicho plazo se cumple el próximo 6 de septiembre.
El TPS para Nicaragua, oficialmente, venció el pasado 5 de julio. El DHS tenía la obligación, según la legislación estadounidense, de avisar la cancelación o ampliación del TPS con 60 días de antelación al vencimiento de este, pero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo hizo hasta el 8 de julio.
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La legislación estadounidense, según la explicación que ha dado en otras ocasiones el abogado Harold Rocha, establece que si el DHS no divulga su decisión de cancelar o ampliar el TPS dentro del plazo de 60 días antes del vencimiento, este programa se renueva automáticamente por un período de seis meses, por lo que la cancelación ordenada posterior a su vencimiento no sería legal.
Mayorga aseguró a LA PRENSA que como familia, pese a que la demanda en la que participan ya avanza en tribunales federales de San Francisco, California, por ahora con recursos que buscan suspender el plazo que se les dio para salir de Estados Unidos, siguen «preocupados”, aunque, resaltó, para muchos de los beneficiarios esto representa «una esperanza».
«Una demanda es mejor que quedarse sin hacer nada, con los brazos cruzados ante esa decisión. Yo tengo esperanza que con esto por lo menos se nos extienda el TPS por al menos un año más», afirmó Mayorga.
«Volver no es una opción»
Además, sentenció que para él «volver, voluntariamente, a Nicaragua no es una opción», ya que dejaría en Estados Unidos a toda su familia y significaría retirar la ayuda económica que da a algunos hermanos, adultos mayores, que siguen en Nicaragua.
«Yo estoy prácticamente en las manos de Dios a ver lo que dicen o ver qué pasa con esta demanda. Mi plan B sería aferrarme y tratar de quedarme a como sea», remarcó Mayorga.
Argumentó que a sus 57 años, con la situación sociopolítica y económica en Nicaragua, le sería más complejo tener ingresos que le permitan sostenerse, esto sin incluir las afectaciones psicológicas que representa que lo alejen de su familia y su hogar.
La historia de Mayorga se repite en otros centenares de nicaragüenses que ahora dependen de los resultados de esta demanda, que busca que se revoque la decisión de Trump de cancelar el TPS. El DHS, en un informe que presentó el año pasado al Congreso de Estados Unidos, detalló que un total de 2,935 nicaragüenses seguían siendo beneficiarios de TPS.
