Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La demanda introducida por beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos en contra de la cancelación de ese estatus para nicaragüenses, hondureños y nepalíes —tras la orden girada el pasado 8 de julio por la Administración de Donald Trump a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)— comienza a avanzar en los tribunales estadounidenses.
Este 29 de julio se celebró una audiencia judicial en el Tribunal Federal de San Francisco, al norte de California, como parte del recurso introducido por las organizaciones y beneficiarios, que busca suspender de forma cautelar la orden de salida en un plazo de 60 días impuesta por la Administración Trump al cancelar el TPS para los beneficiarios de Nicaragua, Honduras y Nepal.
El abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef, por sus siglas en inglés), explicó a LA PRENSA que en dicha audiencia se abordó específicamente el recurso para suspender cautelarmente la orden vigente.
El objetivo de este recurso, afirmó, es detener temporalmente la orden de salida del país para los beneficiarios del TPS de esos tres países, hasta que un juez determine —una vez resuelta la demanda— si la cancelación de ese beneficio fue legal o no.
La resolución del recurso, en lo relativo a la suspensión cautelar de la orden de salida, está a cargo de la jueza Trinia Thompson, quien —según Rocha— por ahora solo recibió alegatos de ambas partes y se prevé que «emita una resolución sobre la suspensión cautelar en las próximas semanas, pero en todo caso antes del 6 de septiembre».
Recurso busca frenar la salida ordenada por Trump
En la audiencia comparecieron no solo los abogados de la parte demandante, sino también los abogados del Departamento Federal de Justicia, en representación del Gobierno de Estados Unidos.
Algunos de los alegatos presentados por los demandantes, que representan a los beneficiarios de TPS y las organizaciones civiles, según Rocha, se enfocaron en dos vertientes: la primera, «la violación del Administrative Procedure Act (Código de Procedimiento Administrativo)», ya que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debió haber notificado la decisión de no ampliar el estatus más allá de su fecha de vencimiento, como manda la ley, con 60 días de antelación.
Ese plazo para notificar la decisión de cancelación del TPS, explicó el letrado, en los casos de Honduras y Nicaragua se cumplía en mayo pasado, pero la secretaria de Seguridad Nacional notificó hasta inicios de julio, una vez vencido el plazo, lo cual, según la legislación, otorga una extensión automática del TPS para esos países por un plazo de seis meses más.
Puede interesarle: Organizaciones demandan al DHS para frenar cancelación del TPS para Nicaragua
Y, como segunda vertiente, indicó Rocha, se incluyó alegados de carácter constitucional, vinculados a que la medida o cancelación del TPS también afecta a los cónyuges e hijos estadounidenses de los beneficiarios de de ese estatus que fue cancelado, lo cual —argumentan los demandantes— «vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en la Quinta Enmienda».
Rocha resaltó que los argumentos jurídicos presentados para este recurso se basan en los mismos fundamentos utilizados en la demanda contra la cancelación del TPS, aunque aclaró que “en la demanda tendrá que litigarse como corresponde, y eso lleva tiempo”.
Gobierno alega «falta de competencia»
El abogado Rocha reveló que durante la audiencia los representantes legales del Estado alegaron que dicho tribunal «no tiene competencia sobre el caso porque la ley de TPS no da margen para interpretación al permitir explícitamente que la secretaria de Seguridad Nacional puede decidir no ampliar el estatus».
También argumentaron que la decisión de cancelar el TPS y girar orden de salida de esos beneficiarios en un plazo de 60 días «fue tomada en base a objetivos de política migratoria exclusivamente, y no por motivos raciales, y por tanto no contraviene ninguna garantía constitucional», indicando que «cualquier perjuicio a los demandantes es consecuencia de la naturaleza temporal del estatus de protección».
El presidente de Naldef explicó que la competencia o no de ese tribunal la dictaminará la jueza Thompson, aunque, recordó que otros casos, como el de TPS de venezolanos, que se litiga en ese mismo tribunal federal, aunque en otra sala y con otro juez, se dictaminó que dicho argumento estatal no tenía validez, aunque fue apelada por el Estado y sigue pendiente de resolución.
El abogado Rocha explicó que este proceso de recurso y demanda puede tomar «bastante tiempo» y por ahora no hay otra audiencia programada sobre este recurso del que se presentó alegatos este martes, 29 de julio. Aclaró que por ahora quedan a la espera de la resolución de la juez, ya que, a partir de ahora, este proceso incluye la solicitud de pruebas, testimonios e incluso la posibilidad de recursos puntuales sobre asuntos jurídicos, en caso que los hubiera.
Algunos beneficiarios de TPS de origen nicaragüense, que se unieron a las organizaciones civiles para introducir la demanda, refieren que mientras no se decida nada en las cortes sobre la cancelación del TPS y su inminente salida de Estados Unidos, donde han permanecido por más de 20 años de sus vidas, la zozobra persistirá en sus familias.
