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Beneficiarios del TPS y organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos demandaron la decisión de la Administración de Donald Trump, ordenada a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que dio por cancelado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Nicaragua y Honduras.
El aviso de cancelación se publicará oficialmente en el Registro Federal de Estados Unidos este martes 8 de julio. Sin embargo, la decisión se conoció desde este lunes, porque el documento del aviso fue archivado y programado para su divulgación en el sitio web del Registro Federal.
El abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef, por sus siglas en inglés), reveló a LA PRENSA que tras conocer la decisión del Departamento de Seguridad Nacional, interpusieron formal demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California contra el DHS y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
“Hemos decidido presentar demanda en el tribunal federal para intentar revertir o al menos poner en pausa administrativa la notificación a publicarse mañana (8 de julio)”, indicó Rocha a LA PRENSA.
El letrado especificó que los fundamentos principales de la demanda fueron que la decisión de cancelar el TPS para Nicaragua, al igual que para Haití y Nepal, «no siguió normas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos y es parte de una serie de decisiones que contravienen protecciones constitucionales».
Naldef dirige asesoría técnica y jurídica en la demanda
Además, explicó que la demanda fue presentada por «personas naturales afectadas directamente por esa decisión», además de organizaciones que velan por los derechos de inmigrantes, entre ellas: Alianza Nacional para el TPS y la Unión Americana para las Libertades Civiles.
El presidente de Naldef afirmó que su organización «lidera la asesoría técnica y jurídica, igual que la clínica de migración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California-Los Ángeles».
También, adelantó que es probable que presenten «solicitud de medidas cautelares temporales», es decir, suspensión temporal de la cancelación del TPS para Nicaragua mientras se resuelve la demanda, aunque, resaltó, «como ha sucedido en casos similares, esperamos que si son otorgadas, serán recurridas» o apeladas por el Gobierno estadounidense.
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El TPS para Nicaragua, en noviembre de 2017, durante el primer mandato de Donald Trump en Estados Unidos, también fue cancelado por el DHS. En ese entonces, también se argumentó que ya no existían razones para su designación original, que fue motivada por la devastación causada por el huracán Mitch, y se dio como plazo para su expiración hasta el 5 de enero de 2019.
Sin embargo, la cancelación del programa no ocurrió porque en 2018 varios grupos de beneficiarios, incluidos en ese entonces afectados de Nicaragua, pero también de Haití y El Salvador, presentaron demandas federales, algunas de las más representativas en California.
Violación de procedimientos
En estas demandas, según los reportes de medios locales, se argumentó que la cancelación del TPS era arbitraria y caprichosa, además de violatoria de la Ley de Procedimientos Administrativos de Estados Unidos.
En esta ocasión, la Administración Trump también es señalada de violentar procedimientos para anunciar la cancelación del TPS para Nicaragua, ya que no hizo el anuncio en los 60 días de antelación como manda la legislación.
El TPS para Nicaragua venció el pasado 5 de julio. El DHS, en el aviso que se publicará este 8 de julio, estimó que hay aproximadamente 4 mil nicaragüenses como titulares del TPS, aunque la cifra total es de 2,935, de acuerdo con un informe de septiembre de 2024 brindado al Congreso.
