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El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), del que han gozado miles de inmigrantes nicaragüenses desde 1999, llegará a su fin el próximo 5 de julio, sin que hasta ahora el Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, se haya pronunciado sobre si ampliará o dará por finalizada la designación de Nicaragua para ese programa.
Nicaragua fue designada al Estatus de Protección Temporal en 1999, luego que el Gobierno de Estados Unidos decidiera ofrecer este beneficio migratorio por un plazo inicial de 18 meses, con la opción de ampliarse, debido a la devastación que causó el paso del huracán Mitch en 1998.
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Desde entonces, cada administración que ha liderado el Gobierno de Estados Unidos ha ampliado el beneficio, a excepción de Donald Trump, quien durante su primer mandato ordenó cancelarlo, dando un plazo de 12 meses para que los beneficiarios regularizaran su situación o se prepararan para regresar a Nicaragua.
Trump, en ese entonces, no logró concretar su orden, ya que una corte federal bloqueó la terminación e impidió que lo cancelara el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Con la llegada del presidente Joe Biden al poder, entre enero de 2021 y enero de 2025, el beneficio se mantuvo y se amplió cada vez que completaba su plazo.
Posibilidad de ampliación es «escasa o nula»
El abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef, por sus siglas en inglés), afirmó a LA PRENSA que una vez la última ampliación del TPS para Nicaragua llegue a su fin el próximo sábado 5 de julio, las posibilidades de que sea ampliado son “escasas o nulas”.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), en 2023 contabilizaba 4,041 nicaragüenses beneficiarios del TPS. Un año después, según datos divulgados por el Congreso de Estados Unidos, la cantidad de beneficiarios se ubicaba en 2,935 nicaragüenses.
“La ley requiere que la secretaria de Seguridad Nacional (Kristi Noem) decida si va a ampliar el estatus con 60 días de anticipación. En este caso, eso debió haber ocurrido el 5 de mayo, y con algunas nacionalidades el anuncio ocurrió pocos días después del vencimiento, por lo que bien el anuncio podría ser la próxima semana”, afirmó Rocha.
Resaltó que, en caso de que no haya anuncio oficial, legalmente este beneficio obtendría una extensión automática de seis meses.
Sin embargo, considera que “dado que la secretaria estuvo de gira en Centroamérica la semana pasada, es bastante probable que este asunto esté en su radar y en el de su equipo”.
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“Se espera que, de darlo por finalizado, la Administración (Trump) conceda un plazo de salida razonable, considerando que los cerca de 3,000 nicaragüenses que tienen este estatus han vivido y trabajado en Estados Unidos por más de 26 años. Imposible en corto tiempo hacer maletas para dejar atrás toda una vida”, remarcó.
La abogada Cindy Blandón, experta en temas migratorios en Estados Unidos, afirmó a LA PRENSA que la tendencia de las políticas migratorias de la Administración Trump, en relación con el TPS, es «no renovar a nadie, la última decisión fue con Haití, que pese a tener los problemas que tienen, ellos (el Gobierno de Estados Unidos) dijeron que extender el TPS va contrario a lo que son sus medidas migratorias, prioridades y seguridad nacional de Estados Unidos, entonces, en base a esa tendencia se les expirará el TPS a los nicaragüenses y hondureños, y no creo que ellos vayan a hacer una extensión».
«La Administración puede dar un plazo para que regularicen sus estatus o salir del país, pero la Administración es muy agresiva, no creemos que dé un plazo tan amplio… viola mucho la normativa de inmigración», agregó.
Beneficiarios del TPS contribuyen a los EE. UU.
El exdiplomático Francisco Aguirre Sacasa, quien cabildeó para la aprobación del TPS para nicaragüenses tras la devastación causada por el huracán Mitch, así como la Ley Nacara, afirmó que la actual Administración es “más hostil” hacia la inmigración, y considera que esta debe reconocer que estos beneficiarios ingresaron a Estados Unidos de forma regular.
Resaltó que los inmigrantes “contribuyen enormemente a la prosperidad que viven los Estados Unidos”, por lo que, a su juicio, “lo lógico es que se reconozca que esta gente entraron acá legalmente, no como aquellos que en muchos casos cruzaron la frontera irregularmente. Eso es lo lógico, pero eso no asegura que los dejarán en paz”.
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