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Nicaragua ya no atraviesa el impacto de una catástrofe natural, razón que originó el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en 1999 y que ahora finaliza por decisión del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, las condiciones sociopolíticas en el país, donde el régimen dictatorial controla y reprime las voces disidentes y todos los derechos individuales, son razón suficiente para una extensión del beneficio migratorio, según expertos consultados.
La finalización del TPS —cuyo documento oficial se puede leer aquí— establece un plazo de 60 días para que los 2,935 nicaragüenses beneficiarios de este programa abandonen el país si no buscan alternativas para permanecer en los Estados Unidos. Los beneficiados por ese programa tienen al menos 25 años de vivir en Estados Unidos.
Dentro de las razones para finalizar el estatus temporal, el DHS y su secretaria, Kristi Noem, afirman que «hay mejoras notables que permiten a Nicaragua gestionar adecuadamente el retorno de sus nacionales». Resalta además que Nicaragua «ha logrado avances significativos en la recuperación del huracán (Mitch) con la ayuda de la comunidad internacional y ahora es un turismo en crecimiento, líder en ecoturismo, agricultura y energías renovables».
«Nicaragua se ha convertido en un destino turístico mundial, a la vez que promueve la sostenibilidad y revitaliza las comunidades locales. La innovación tecnológica está empoderando a los agricultores y pescadores locales, haciendo que el sector agrícola sea más competitivo y rentable», afirmó Noem en el documento que da por finalizado el TPS.
Política contradictoria: «destino turístico mundial» al que recomiendan no ir
Un exdiplomático que habló bajo condición de anonimato señaló la contradicción que supone que el DHS considere a Nicaragua un destino para turistas mientras el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que reconsideren viajar a Nicaragua, porque el país se está hundiendo cada vez más en el autoritarismo, haciéndolo más peligroso para los turistas.
Según la calificación oficial de Estados Unidos, Nicaragua se encuentra en el nivel 3 de 4 sobre advertencia de viaje desde diciembre pasado, lo que insta a la gente a evitar viajar al país debido a la aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención injusta y la limitada asistencia en servicios de salud.
A través de un mensaje del enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes, difundido el 17 de junio en la red social X, el gobierno estadounidense fue enfático: «El Departamento de Estados advierte a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar a Nicaragua. ¡Ningunas vacaciones valen el precio de la libertad!»
La advertencia forma parte de una campaña del Departamento de Estado que busca alertar a sus ciudadanos sobre los peligros en países con historial de detenciones arbitrarias, represión política y falta de garantías legales, como ocurre actualmente en Nicaragua.
El exdiplmático nicaragüense consideró que «es contradictorio que existiendo una alerta roja para que los ciudadanos americanos no viajen a Nicaragua por los riesgos que esto implica, ahora se considere un país maravilloso».
Para algunos opositores que han sufrido directamente las consecuencias de la dictadura como el destierro, si bien las condiciones que originaron el TPS ya no existen, ahora hay otras que también justificarían que el gobierno de Estados Unidos evalúe con menos severidad la política migratoria.
Lea además: EE. UU. reitera alerta de viaje a Nicaragua: «¡Ningunas vacaciones valen el precio de la libertad!»
No hay guerra, pero «hay una dictadura acérrima»
Francisco Aguirre Sacasa, ex preso político y desterrado por la dictadura de Ortega y Murillo, calificó de lamentable la decisión de finalizar el TPS para Nicaragua. Aguirre fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 1997-2002 y cabildeó en esa época para la aprobación de Nacara y el TPS.
Aguirre reconoció que desde los años 90 hasta ahora «obviamente las condiciones en Nicaragua han cambiado, sobre todo durante los gobiernos de Enrique Bolaños (2002-2007) y el anterior de Arnoldo Alemán (1997-2002), cuando las condiciones de guerra ya habían terminado totalmente.
Sin embargo, Aguirre, quien también fue canciller, valoró que «todavía siguen habiendo situaciones incómodas en Nicaragua para muchos nicaragüenses».
«Hay una dictadura acérrima como la que tienen Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nicaragua es un país hostil y su gobierno, por lo menos hostil al norteamericano, y en ese sentido me parece curioso que Trump haya incluido a Nicaragua entre los países que tienen una situación apta para la reincorporación de sus extranjeros», valoró.
El excanciller también reconoció que si bien es cierto los daños ocasionados por el Mitch están recuperados, «hay todavía un impedimento muy serio de gobernabilidad en Nicaragua».
«En la época en que se aprobó el TPS, Nicaragua era una democracia y siguió siendo una democracia por muchísimos años, pero ahora lo que tiene es una dictadura y no solo una dictadura, sino que una dictadura que es enemiga de los Estados Unidos, que no desaprovecha oportunidades para criticar al gobierno norteamericano y que está alineada con países como Irán, países como la República Popular China, países como Rusia, que no son aliados de los Estados Unidos”, agregó.
¿Hay negociación para recibir deportados?
También han despertados suspicacias los recientes e inusuales comunicados emitidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El más reciente, firmado por Ortega y Murillo, fue de condolencias por las inundaciones en Travis County, Texas, que han dejado al menos cien personas fallecidas.
La dictadura envió sus «más sentidas condolencias» al pueblo estadounidense, así como a las familias afectadas y a las «autoridades que luchan por socorrerles».
Además, el 4 de julio el canciller Valdrack Jaentschke envió otro comunicado «al pueblo de los Estados Unidos de América» en ocasión de la celebración de la Independencia, expresando su «anhelo de poder construir juntos un mundo mejor».
Por otro lado, entre las razones para la finalización del TPS, la secretaria Kristi Noem de Seguridad Nacional, expuso que Nicaragua «ha estado aceptando regularmente el regreso de sus nacionales con órdenes de expulsión definitiva durante los últimos cinco años».
La secretaria Noem explica que «la reciente capacidad de Nicaragua para aceptar el retorno de sus nacionales ha sido y sigue siendo al menos ‘adecuada’”.
Detrás de esto, para algunos expertos que prefieren no ser citados, estaría una posible negociación entre Ortega y la Administración Trump. Durante el gobierno del expresidente Joe Biden, su Administración colocó a Nicaragua entre los países que se rehusaban a recibir a sus ciudadanos deportados.
La administración está enfocada en sacar inmigrantes a como sea
Para otros críticos, como la activista pro inmigrantes nicaragüense radicada en EE. UU., Damaris Rostrán, no es necesario que existan negociaciones entre Trump y el régimen sandinista. Lo que ocurre, manifestó Rostrán, es que las decisiones de Trump se centran en cumplir sus políticas migratorias, que tienen el objetivo de sacar al mayor número de inmigrantes del país.
«Para el presidente Trump, la migración es su caballito de batalla, es rentable en términos políticos. Los millones de electores que votan por el presidente Trump, lo que ellos entienden es que nosotros los inmigrantes les quitamos el trabajo, que nosotros somos delincuentes y esa es la narrativa que ha vendido el Presidente y que ha mantenido durante sus dos períodos presidenciales», manifestó la politóloga.
