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La fractura que atraviesa a la oposición nicaragüense no es emocional. Es ideológica, estructural y profundamente moral. No es un accidente ni una tormenta pasajera. Es el resultado de una historia mal cerrada, de una cultura política viciada y de una herencia autoritaria que sigue viva en las prácticas, los discursos y hasta en los silencios de muchos. Hoy más que nunca debemos tener el coraje de decirlo con claridad: el sandinismo nunca fue un proyecto democrático.
Desde sus orígenes, el Frente Sandinista tuvo una obsesión: controlar el poder total. Las tres corrientes internas que lo conformaron, la proletaria, la GPP y la insurreccional o tercerista divergían en estilo, pero coincidían en el fondo: ninguna creía en la alternancia, en el pluralismo ni en las libertades civiles. La tendencia GPP, dirigida por Tomás Borge y Bayardo Arce, replicaba el modelo cubano de partido único. La insurreccional o tercerista, liderada por Daniel Ortega y con rostros más intelectuales como Sergio Ramírez y Dora María Téllez, ofrecía un barniz institucional, pero sin voluntad real de desmontar la hegemonía del Frente. Todas usaron el clientelismo y la represión como método de permanencia. Todas compartieron un punto de partida común: instaurar su visión como única verdad nacional y neutralizar cualquier disidencia.
Los dirigentes sandinistas no se equivocaron de camino: fueron cómplices del saqueo, de la represión, del deterioro institucional y del silenciamiento de la crítica. Lo que hoy existe no es la degradación de un proyecto revolucionario: es la ejecución fiel de una lógica autoritaria cuidadosamente diseñada.
En lo económico, el FSLN no representa ni progreso ni apertura. Su modelo responde directamente a las bases del Socialismo del Siglo XXI: una economía estatista, dirigida desde el poder político, que combina retórica populista con estructuras de control y exclusión. Como han documentado Ricardo Hausmann y Javier Corrales, estos regímenes no buscan eliminar la economía privada, sino someterla a los intereses del partido gobernante. En Nicaragua, la libertad de emprender está condicionada a la obediencia política. Los permisos, los créditos, las concesiones, incluso la legalidad de operar, dependen de la subordinación al régimen. No hay libre mercado: hay intervencionismo autoritario bajo lógica socialista.
El FSLN se apropia de los recursos productivos más estratégicos: energía, infraestructura, comercio exterior, medios de comunicación y banca estatal. A través del control fiscal, regulatorio y judicial, castiga a los independientes y protege a los leales. Las Pymes sobreviven bajo amenaza y la inversión extranjera se somete a pactos oscuros. Este modelo, como en Venezuela o Cuba, no busca fomentar crecimiento ni competencia: busca sostener al régimen mediante el sometimiento económico del ciudadano. Es un modelo de izquierda autoritaria: vertical, concentrador, y basado en la supuesta redistribución que nunca llega, pero que justifica el poder absoluto.
A esto se suma el papel de Nicaragua como actor funcional dentro del eje autoritario global. El régimen de Ortega forma parte activa de una alianza estratégica con Cuba, Venezuela, Irán, China y Rusia. Irán usa Nicaragua como plataforma de operaciones regionales, mientras China exporta tecnología de control poblacional y vigilancia digital. Rusia, por su parte, ha instalado cooperación militar, asesoría cibernética y respaldo político constante. Como advierte el Atlantic Council, esta red opera no sólo para sostener a dictaduras, sino para desestabilizar el orden democrático regional e internacional.
Pero lo más alarmante es que esa herencia autoritaria también pervive en parte de la oposición. Algunos sectores no quieren desmontar el sistema: quieren heredarlo con otro rostro. Hablan de justicia social mientras excluyen, descalifican y repiten las mismas lógicas de lealtad partidaria. Reivindican el pasado sandinista como si fuera rescatable, lavando el rostro de quienes participaron del deterioro nacional, ejemplo Humberto Ortega. Y lo hacen, muchas veces, para proteger antiguos aliados, justificar pactos o mantener cuotas de poder dentro del exilio político y la diplomacia internacional.
Esto no es una cruzada contra los derechos humanos ni contra la izquierda en abstracto, resaltando que los derechos humanos no es una bandera únicamente de la izquierda como pretenden venderlo a nivel global. Esto es una confrontación contra el autoritarismo de izquierda, que disfrazado de justicia social ha institucionalizado el sometimiento y la desigualdad en nombre del pueblo. Como advirtió Jean-François Revel, “la izquierda ha sido capaz de reinventar el totalitarismo sin parecer totalitaria, porque aprendió a usar las causas nobles como escudo moral”.
Reducir este conflicto a emociones desbordadas o egos heridos es no entender nada. Esto es una lucha entre una visión que quiere repetir el pasado, y otra que exige una ruptura real, ética y liberal. La solución no está en callar ni en reconciliarnos con los verdugos de ayer. La solución está en construir una oposición moderna, firme, con identidad propia y sin miedo a disentir, y una reconciliación con justicia real y no impunidad.
Y hay que decirlo con firmeza: no podemos seguir tolerando el intento de rescatar al sandinismo como corriente válida. Hay quienes, desde espacios opositores, académicos o diplomáticos, protegen a sus antiguos compinches, justifican sus crímenes, o intentan presentarlos como víctimas políticas. Algunos lo hacen por lealtad, otros por interés, otros por cálculo. Pero la historia no puede seguir siendo negociada. Nicaragua no necesita reconciliaciones con criminales: necesita justicia con memoria y sin concesiones.
Estamos ante un momento decisivo. O rompemos con todo lo que el sandinismo representa en el poder y en la oposición, o condenamos a Nicaragua a un nuevo ciclo de impostores. Como dijo Mario Vargas Llosa: “Los pueblos que no aprenden del pasado están condenados a revivir sus peores pesadillas”.
Nicaragua no volverá al pasado. Porque una nueva generación está lista para hablar, para proponer y para liberar.
El autor es exiliado político, vocero de AVANZA Nicaragua.
