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José Ángel Cerrato tenía 37 años cuando fue secuestrado por agentes de la Policía Nacional en su centro de trabajo, en abril de 2023. Ingeniero en Sistemas y empleado de la empresa Claro, su único “delito” fue compartir un video en el que aparecía una persona que participaría en una judea, una tradición religiosa que, en ese momento, había sido prohibida por el régimen Ortega Murillo.
Pasó 17 meses encarcelado y, en septiembre de 2024, fue desterrado junto con otros 135 presos políticos. También le arrebataron la nacionalidad. Detrás de su caso, como en tantos otros, hay una historia menos visible: la de sus tres hijos de 14, 9 y 2 años. Durante su encierro, los menores sufrieron acoso escolar.
Sus compañeros les preguntaban por su padre y, ante el temor, su madre les recomendó no responder. El rendimiento académico bajó drásticamente y necesitaron apoyo psicológico.
“Durante los 17 meses que estuve preso, mis hijos mayores fueron los que más sintieron. Tenían secuelas psicológicas, no querían ir a clases, tenían problemas con los amigos”, relata Cerrato desde Estados Unidos.
Salida por puntos ciegos
La familia comenzó a buscar cómo obtener los pasaportes de los niños y la cédula de su esposa, pero pronto se dieron cuenta de que sería inútil.
“Hubo un caso cercano de una de las esposas de los desterrados que estaba conmigo, que se adelantó y fue a intentar tramitar cédula y pasaporte. Le dijeron que regresara varios días y, finalmente, le dijeron que no se lo darían porque estaba en una lista. No quisimos arriesgarnos”, recuerda.
Por fortuna, mientras Cerrato aún estaba preso, su esposa logró conseguir las partidas de nacimiento gracias a una amistad cercana que trabajaba en el Registro público.
Finalmente, los menores y su madre salieron de Nicaragua de forma ilegal, sin documentos de identidad, rumbo a Honduras y posteriormente a Guatemala. En ese país fueron inscritos en el programa de reasentamiento de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiaos (Acnur). Los registraron, les tomaron huellas digitales, fotos y datos. Una vez aprobado el reasentamiento, migración guatemalteca les emitió un permiso especial para viajar sin pasaporte.
“Desde que venimos a Estados Unidos creo que nos trataron bien. Nos llegaron a esperar al aeropuerto y los niños ya comenzaron a ir a clases, pese a no tener notas. Sólo les hicieron algunas pruebas para ver cómo andaban de inglés. Ellos sabían que veníamos huyendo de la dictadura y entendieron”, cuenta Cerrato con alivio.
Problema para acceder a educación
El miedo persiste entre los nicaragüenses desterrados. Un miedo silencioso, profundo, que se agrava cuando se les pregunta por sus hijos. Muchos prefieren hablar bajo anonimato, convencidos de que, aunque la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya les arrebató sus casas, su nacionalidad y gran parte de sus derechos, aún puede volver para seguir haciendo daño.
Entre los nicaragüenses despojados de su nacionalidad, el silencio es común. Evitan hablar del pasado. Han comenzado nuevas vidas, lejos de su país, de sus familias y de su identidad.
Uno de ellos es Carlos (nombre ficticio), afectado por la cancelación de su nacionalidad en febrero de 2023. No formó parte del grupo de 222 presos políticos desterrados; vivía en la clandestinidad dentro de Nicaragua cuando la medida lo obligó a huir con su familia.
“No me quisieron entregar las partidas de nacimiento de mis dos hijos menores. Tuve que sacarlos ilegalmente rumbo a Costa Rica, y aquí fue un calvario inscribirlos en la escuela. Hasta los trámites más simples se volvieron un obstáculo”, relata por teléfono.
Los primeros apátridas
La dictadura quitó la nacionalidad por primera vez el 9 de febrero de 2023, al expulsar a 222 presos políticos, enviándolos a Estados Unidos como apátridas. Ese mismo día, reformó el artículo 21 de la Constitución para legalizar el despojo por “traición a la patria”. El 15 de febrero, retiraron la nacionalidad a 94 personas más, la mayoría en el exilio.
Estas decisiones han sido ampliamente condenadas por la comunidad internacional, pues violan el derecho internacional y los principios básicos de los derechos humanos. Pero más allá de lo legal, hay un daño más profundo y menos visible: el que sufren los hijos e hijas de los afectados.
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha alertado que la falta de identidad legal impide a los niños acceder a derechos básicos como la educación, la salud y la protección. Muchos no pueden matricularse en la escuela o recibir vacunas. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) los niños apátridas enfrentan un mayor riesgo de abuso, explotación y trata.
Una herida para toda la vida
“El impacto no sólo es político, es humano. Muchas de las personas a las que se les arrebató la nacionalidad todavía estaban en Nicaragua cuando eso ocurrió. A varias se les negó su cédula de identidad, y en algunos casos, a sus hijos les entregaron partidas de nacimiento sin el nombre de uno de los padres”, señala Yader Valdivia, coordinador del programa de Documentación y Acompañamiento del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Estas omisiones han afectado directamente a los niños: su identidad legal, sus registros escolares y su estabilidad emocional. El drama se agrava con la confiscación de viviendas. “Los niños perdieron el lugar donde crecieron. También sus álbumes familiares, objetos heredados, juguetes, ropa. Fue un desarraigo total”, añade Valdivia.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha exhortado a los Estados a erradicar la apatridia infantil para 2030, como parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, casos como el de Nicaragua representan un retroceso preocupante: no sólo se niega la nacionalidad arbitrariamente, sino que se emplea como arma política de castigo colectivo, afectando generaciones enteras.
Demanda internacional
Para los hijos de los 222 desterrados, la situación ha sido aún más cruel. La imposibilidad de reencontrarse con familiares ha fracturado vínculos fundamentales en la infancia. “Muchos no han podido ver a sus abuelos, tíos, amigos. Hay ruptura del entorno y también un fuerte choque cultural al emigrar forzadamente a países como Costa Rica, Guatemala o Estados Unidos”, explica Valdivia. “Se les ha truncado el plan de vida”.
El colectivo Nicaragua Nunca Más ha documentado el caso de 39 personas despojadas de su nacionalidad, que actualmente se encuentra ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. “Hemos sistematizado los daños en todos los aspectos: emocionales, económicos, legales, educativos, familiares. Se puede restituir una nacionalidad, un título académico, una casa… pero un proyecto de vida destruido no se puede reparar. Y el régimen lo sabe”, explica.
La niñez apátrida en el mundo
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el mundo hay al menos 4.3 millones de personas apátridas, aunque se estima que la cifra real es mucho mayor. De ese total, más de un tercio son niños.
Mientras los organismos internacionales buscan justicia en el papel, miles de niños como los hijos de Carlos viven el castigo real: crecer sin país, sin papeles, sin pasado y sin poder planear un futuro.
“Yo he sido testigo de cómo estos niños vienen con sus papás a recibir acompañamiento y saben lo que está ocurriendo. Que no pueden regresar a Nicaragua porque no tienen pasaportes y les dicen a sus papás que se quieren ir a sus casas, que quieren jugar con sus juguetes”, finalizó Valdivia.
