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La Asamblea Nacional reformó esta semana la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), asegurando que los cambios «mejorarán los controles con la adopción de la fiscalización preventiva». Sin embargo, la Asamblea otorgó a Daniel Ortega y a Rosario Murillo la facultad de nombrar a los dos funcionarios que ahora ejercerán la presidencia del consejo superior de la institución.
Además, los diputados le eliminaron el rol de «organismo rector» del sistema de control de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, lo que a criterio de especialistas deja abierta la posibilidad de que otra entidad asuma la rectoría del control y fiscalización de lo estatal.
En medio de despidos de decenas de auditores bajo sospecha de corrupción, la «renuncia» de la presidenta de la entidad, quien ocupaba el cargo desde hace seis años y los supuestos esfuerzos de la Procuraduría General de la República para ampliar sus funciones de fiscalización y control de la administración de los recursos estatales, los diputados de la Asamblea Nacional, por solicitud de Ortega y Murillo, reformaron esta semana la ley orgánica de la Contraloría.
La reforma a la Ley 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado incluyó cambios en más de cuarenta de los 109 artículos que contiene.
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Devaluaron institucionalidad de la Contraloría
En más de una docena de artículos el cambio se limita a eliminar la palabra «rector», ya que una de las primeras transformaciones fue sustituir la función de la Contraloría que antes era nombrada como «órgano rector» y ahora es un «órgano de control» de la administración pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado.
«Es preocupante que estén devaluando en términos institucionales a la Contraloría como ente rector. Uno puede especular que será entonces que están pensando que en el nuevo ordenamiento del Estado van a poner a otro ente para que ejerza la función de ente rector», advierte un especialista en el tema que solicita no identificarlo.
Los diputados también ampliaron de cinco a seis años el periodo de los cinco miembros propietarios y tres suplentes que integran la Contraloría y les otorgaron la posibilidad de reelegirse, que aunque es una práctica que realizan desde hace varios años, no estaba contemplada en la ley. Por ejemplo, María Dolores Alemán Cardenal, hija del expresidente Arnoldo Alemán, es miembro propietaria del Consejo Superior de la Contraloría desde 2014.
Introdujeron fiscalización preventiva
Además, la reforma al artículo 9 transformó las atribuciones y funciones de la Contraloría con la introducción de la figura del «control preventivo». Este puede ser simultáneo o posterior a la ejecución de determinadas actividades.
Esto a criterio de especialistas es positivo, «si se realiza adecuadamente», y aunque es una tendencia que crece desde hace más de una década en otros países de la región, impulsada por la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), no es vinculante. Por tanto, se puede quedar en un consejo o advertencia, que al final si el fiscalizado opta por ignorar, no provocará ningún efecto.
Además, tiene la limitante de que sólo puede aplicarse en casos muy excepcionales, ya sea por el monto de la inversión o su importancia, ya que ninguna entidad tendría capacidad técnica ni económica para hacerla en todas las actividades.
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Contraloría ahora supeditada a los Ortega Murillo
No obstante, los especialistas consideran que estos son cambios de forma sin mayor relevancia y que lo «realmente grave» es que la reforma al artículo 11 le quita la autonomía que ostentaba la Contraloría y la deja supeditada a la pareja presidencial.
Antes de la reforma el artículo 11 establecía que el Consejo Superior de la Contraloría lo integraban un presidente, un vicepresidente y tres miembros; y que el presidente y el vicepresidente, lo elegían los miembros entre ellos mismos, por mayoría de votos y por el período de un año con opción a reelegirse.
Pero siguiendo la figura constitucional del Ejecutivo, la reforma al artículo 11 ahora establece que cumpliendo con el principio de equidad de género, el consejo superior estará integrado por un copresidente y una copresidenta, tres miembros propietarios y tres miembros suplentes.
Contraloría sin independencia ni autonomía
Además, «el co-presidente y la co-presidenta serán nombrados por la Presidencia de la República por un período de seis años y juramentados por la Asamblea Nacional». El copresidente junto a la copresidenta del consejo superior que elijan Ortega y Murillo, como miembros de la Presidencia, serán los representantes legales de la Contraloría.
Este nombramiento, según los especialistas, anula totalmente la «independencia y autonomía», que aunque desde hace muchos años no existe en la práctica, aún con la reforma la dejaron plasmada en el artículo 7 de la Ley 681.
«Si la Presidencia de la República los designa le eliminan totalmente la autonomía a la Contraloría. Eso es grave, porque ellos, Daniel Ortega y Rosario Murillo que ejercen la Presidencia, serán los que designen a las personas que ocuparán esos cargos, esos los deja supeditados a ellos. Entonces eso quiere decir que el supremo control lo tendrá la Presidencia de la República», advierte un especialista.
Reforman en medio de despidos
Otro de los cambios en la Ley 681 establece que cuando las investigaciones presuman responsabilidad penal, la Contraloría ya no las enviará a los tribunales de justicia, como lo hacía anteriormente. A partir de la entrada en vigencia de la reforma, cuando esto ocurra deben enviar las investigaciones al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República.
Esta reforma la aprobaron y entrará en vigencia mientras funcionarios de la entidad denuncian el despido de unos cuarenta auditores a quienes vinculan con actos de corrupción. También ocurre en momentos en que la Presidencia habría desestimado un plan de trabajo que presentó la Contraloría, porque existe interés de fortalecer la función fiscalizadora en la Procuraduría General de la República.
Desde agosto pasado, cuando inició el proceso de compactación estatal la Procuraduría ha estado a la cabeza de procesos de fiscalización de desempeño y despido de funcionarios en diversas instituciones estatales.
Eligen nueva contralora
Además, esta misma semana la Asamblea Nacional aceptó la renuncia de María José Mejía García, una fiel funcionaria con amplia carrera en la gestión de los Ortega Murillo. Fue vicepresidenta de la Contraloría entre 2014 y 2019 y presidenta desde 2019 hasta su renuncia. Antes, entre 2007 y 2013, es decir antes que la eligieran contralora, se desempeñó en otras dependencias de la Contraloría.
La funcionaria no justificó su renuncia y fuentes de la entidad aseguran que la «forzaron a salir», mientras ella solamente dijo que su salida era inmediata. Tras aceptarla, la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, eligió a María Eliet Esquivel Tinoco quien fue propuesta por la Presidencia de la República para sustituir a Mejía García como miembro propietaria del consejo superior de la Contraloría.
A Esquivel Tinoco los diputados oficialistas le atribuyeron amplia experiencia en municipalismo. Sin embargo, las publicaciones periodísticas sólo reflejan que en 2023 la nombraron codirectora del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y que antes trabajó en la Procuraduría General de la República.
