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Durante una conferencia de prensa realizada el 16 de mayo, autoridades federales y locales anunciaron los resultados de una operación conjunta de dos días en los condados de Bay y Leon, Florida, que resultó en la detención de 21 personas en situación migratoria irregular, entre ellas al menos un nicaragüense.
Sin embargo, las agencias involucradas no precisaron cuántos nicaragüenses fueron arrestados ni proporcionaron sus nombres.
Varias agencias participaron
El operativo fue llevado a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en conjunto con la Oficina del Sheriff del Condado de Bay (BCSO) y otras 11 agencias federales, estatales y locales, entre ellas el FBI, la DEA, el Departamento de Justicia y la Patrulla de Carreteras de Florida.
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La mayoría de los arrestados —según ICE— eran personas que ingresaron al país legalmente con visas de turismo, trabajo o recreación, pero permanecieron más allá del período autorizado. Cuatro de ellos ingresaron al país sin inspección en la frontera, y uno enfrenta cargos federales por reingreso ilegal tras una deportación previa.
Algunos tenían visas
Nicholas Ingegno, agente especial adjunto de ICE en Tallahassee, subrayó que abusar de una visa no sólo es una violación migratoria, sino también un crimen federal. “Estas personas vinieron con visas legítimas y abusaron del sistema, lo cual le quita oportunidades a otros que buscan hacer las cosas bien”, declaró. Además, hizo referencia a los ataques del 11 de septiembre como un ejemplo del riesgo de permitir que personas permanezcan ilegalmente en el país tras la expiración de sus visas.
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El sheriff del Condado de Bay, Tommy Ford, destacó que desde enero de este año han arrestado a 178 personas en situación irregular en esa jurisdicción, quienes ahora enfrentan procesos de deportación.
Sin cifras o datos
En cuanto a los nicaragüenses detenidos, el ICE sólo confirmó su nacionalidad como parte del grupo, junto a migrantes de India, Venezuela, México, Guatemala y Jamaica, sin dar más detalles. Esto ha despertado inquietud entre organizaciones de derechos humanos, quienes exigen transparencia sobre el trato y estatus legal de los detenidos.
Las autoridades señalaron que esta operación se enmarca dentro de una estrategia estatal y federal para combatir la inmigración irregular, que incluye expandir la cooperación entre agencias a través de programas como 287(g) y Warrant Service Officer, que otorgan más facultades a las autoridades locales para colaborar con ICE.
