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Estados Unidos deportó a ocho migrantes condenados por crímenes violentos, incluyendo un mexicano y dos cubanos, en un vuelo que, según diversos reportes de medios estadounidenses tenía como destino final Sudán del Sur, un país sumido en un conflicto armado y considerado uno de los más inseguros del planeta.
Aunque oficialmente, las autoridades no confirmaron esta información.
La operación ha desatado fuertes críticas de defensores de derechos humanos y del poder judicial.
Según publicó Telemundo, las autoridades migratorias se “negaron a revelar los destinos finales de los migrantes, pero aseguraron que sus países de origen no los querían recibir de regreso”.
Crímenes graves
Según información obtenida por Telemundo, entre los migrantes expulsados se encuentran: Jesús Muñoz-Gutiérrez, ciudadano mexicano, condenado por asesinato en segundo grado. Los cubanos Enrique Arias Hierro, condenado por homicidio, y José Manuel Rodríguez-Quiñones, sentenciado por intento de asesinato.
El resto del grupo estaba compuesto por individuos provenientes de Laos, Sudán del Sur, Birmania y Vietnam, todos con condenas por delitos como agresión sexual, actos lascivos con menores y homicidio.
Justificación oficial
Ante la polémica, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la medida. Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, aseguró en rueda de prensa que los deportados eran “monstruos bárbaros únicos” que habían cometido “crímenes violentos”.
Aunque el Gobierno no confirmó directamente que Sudán del Sur fuera el destino final, sí declaró que el país era una escala operativa y que los deportados seguían bajo custodia del DHS.
“Por razones de seguridad y protección operativa, no podemos decirles cuál será el destino final de estas personas”, explicó McLaughlin.
Intervención judicial ignorada
El juez federal Brian E. Murphy, del Distrito de Massachusetts, emitió una orden judicial el 18 de abril de 2025 para frenar las deportaciones de inmigrantes a terceros países, como Sudán del Sur, sin proporcionarles una oportunidad significativa para impugnar su expulsión.
Esta orden requería que los migrantes recibieran una notificación escrita con al menos 72 horas de antelación y acceso a asistencia legal, permitiéndoles presentar solicitudes de protección humanitaria bajo la Convención contra la Tortura. Sin embargo, esta orden fue ignorada por las autoridades.
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Según información de la agencia Reuters, el juez ordenó al gobierno de Donald Trump que mantenga a través de las autoridades de inmigración la custodia de un grupo de migrantes deportados en avión a Sudán del Sur incluso después de aterrizar en el país africano. El magistrado afirmó en su fallo que los migrantes habían sido deportados en violación de una orden judicial.
Murphy ya había bloqueado deportaciones similares este mismo mes, impidiendo el traslado de migrantes asiáticos a Libia por las mismas razones humanitarias.
