El Poder Judicial de Costa Rica otorgó la medida de arresto domiciliario a Eduardo Ramírez Zamora, responsable del asesinato del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza, por «razones médicas avaladas oficialmente».
Este lunes 5 de mayo, agrega, se ordenó el monitoreo electrónico como medida de control para el asesino. «Debido a que la Fuerza Pública informó su imposibilidad material de realizar visitas periódicas, como se había dispuesto inicialmente», señala. El arresto domiciliario está vigente hasta el próximo 3 de septiembre.
Ramírez asesinó a sangre fría al nicaragüense tras sostener una discusión el pasado 3 de junio de 2024, propinándole 14 balazos.
Forzados a emitir comunicado
A través de un comunicado, la entidad judicial aseguró este martes que otorgó la medida ya que el homicida fue sometido a una cirugía por una condición médica grave, sin especificar cuál, y que el sistema penitenciario no podía atender sus necesidades médicas.
«Informes médicos oficiales establecieron que el sistema penitenciario no puede garantizar el tratamiento, atención médica y alimentación adecuada que requiere su recuperación», indica.
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Además aclara que previo a la decisión se otorgaron dos permisos con custodia penitenciaria para que el hombre, de origen costarricense y vecino de Orozco, recibiera atención médica especializada.
La decisión, que fue duramente criticada por los familiares del nicaragüense y ciudadanos en las redes sociales, llevó a la entidad a pronunciarse aclarando además que no es un beneficio carcelario y que no sustituye la pena de 20 años, a la que fue sentenciado y que se encuentra en apelación.
Preliminarmente la jueza le había dictado el arresto domiciliar sin monitoreo electrónico, lo que fue duramente criticado por los familiares de Orozco.
Fuertemente criticados
El Poder Judicial de Costa Rica también indicó que la medida se cumple en otro lugar y no en la vivienda del homicida, ubicado en un condominio de Escazú y donde ocurrió el crimen.
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Familiares del nicaragüense informaron a través de su abogado Rodrigo Araya Solano, que apelarán a la resolución judicial que otorgó la medida, la que consideran está llena de irregularidades, y denunciarán a la jueza que la autorizó.
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Por su parte, Carlos Avendaño Valle, cuñado de la víctima, solicitó a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica garantizar la correcta aplicación de la ley de «manera justa para todos».
«Que se aplique correctamente (la ley) a como se debe ser. Porque no es justo que mi cuñado ni siquiera ha cumplido un año de fallecido, ya cuando esa persona ya viene hacia fuera y lo peor es que viene hacia fuera sin brazalete (sin monitoreo electrónico)», indicó Avendaño.
