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El abogado de la familia de Otoniel Orozco Mendoza, el nicaragüense asesinado de 14 disparos en un condominio en Costa Rica, anunció que apelará la resolución judicial que otorgó arresto domiciliario sin monitoreo electrónico al condenado Eduardo Ramírez Zamora, y que además denunciará ante la Inspección Judicial a la jueza que ordenó el beneficio.
Rodrigo Araya Solano, abogado de la familia de la víctima, denunció que el proceso ha estado «rodeado de irregularidades» y afirmó que la decisión judicial representa un «grave error» que expone a la comunidad a un riesgo innecesario.
«Este ha sido un caso rodeado de irregularidades, en el que la familia de la víctima se ha visto completamente perjudicada», dijo Araya en un video.
«Nosotros (el bufete) a este proceso entramos ya prácticamente tarde para la fase de juicio y, a pesar de que en su momento nos opusimos, al imputado el Ministerio Público le aplicó un proceso abreviado con la pena mínima de 20 años de prisión», añadió.
Araya insistió en que, de haberse realizado un juicio ordinario, «hubiésemos podido lograr sin lugar a dudas una condena muchísimo mayor, de 30 o 35 años», pero lamentó que su oposición a la aplicación del proceso abreviado fue rechazada incluso en la Fiscalía General.
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Decisión «inexplicable e irresponsable»
El abogado criticó duramente que la jueza del Tribunal de Pavas concediera el arresto domiciliario sin ninguna medida de control efectivo.
«Nos damos cuenta que al imputado, amén de que tiene una operación recién hecha, una jueza le otorga casa por cárcel sin ningún fundamento, y aun cuando un dictamen médico legal decía que solo requería de seis semanas para recuperarse de esta operación», sostuvo.
El arresto domiciliario fue dado hasta septiembre de este año, cuando solo se requería de seis semanas de recuperación.
«Se le cambia la medida cautelar sin ningún tipo de brazalete electrónico y únicamente con la disposición de que la Policía vaya una vez por semana a su casa», agregó el defensor, calificando la decisión de «inexplicable e irresponsable».
Araya advirtió que el condenado cuenta con los medios económicos para abandonar el país y evadir la justicia. «Estamos completamente seguros de que esto va provocar que este sujeto se fugue del país», afirmó.
Asimismo, subrayó que la supuesta falta de médicos en los centros penitenciarios «no es una razón válida para liberar a un asesino condenado a 20 años de prisión». «Una vez operado, pudo perfectamente regresar a la cárcel donde hubiera podido recibir los cuidados médicos necesarios», recalcó.
Sobre los pasos a seguir, Araya anunció: «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance a efecto de que esta medida sea revocada» y confirmó que interpondrán «una apelación sobre lo resuelto y además una denuncia ante la Inspección Judicial contra la jueza que tomó esta decisión».
Cuestionamiento a justicia tica
Finalmente, el abogado hizo un llamado de atención sobre el peligro que representa esta resolución para la comunidad: «Esto va a significar un peligro para las personas que vivan alrededor de donde ese sujeto vaya a parar, que es la casa de sus padres. Estamos seguros que lamentablemente es un grave error y, junto con la familia del fallecido, lucharemos para revertir esta nefasta resolución».
El crimen, ocurrido el 3 de junio de 2024 en un condominio de Escazú tras una disputa por una llave de paso de agua compartida, fue grabado en video y mostró la brutalidad con la que Eduardo Ramírez Zamora disparó 14 veces contra Orozco Mendoza, conmocionando al país.
Una familiar de Orozco dijo a LA PRENSA que «esto que está pasando es injusto» y agregó que la familia está muy dolida por la decisión de la judicial. «Gracias a Dios Otoniel tenía una gran esposa que no se rinde, pese a todo pronóstico ella sigue luchando para lograr se haga justicia», añadió.
Indignación en redes sociales
La indignación en redes sociales no se hizo esperar. Desde que se conoció la decisión de la jueza del Tribunal de Pavas, miles de usuarios en plataformas como Facebook, X (antes Twitter) e Instagram han expresado su repudio al fallo, calificándolo como una «burla a la justicia» y como «otra muestra de impunidad frente a los crímenes violentos».
Mensajes como «Costa Rica protege a los asesinos», «El sistema judicial es cómplice del crimen» y «Se premia al homicida y se humilla a la víctima» se han vuelto virales en las últimas horas.
La falta de un brazalete electrónico y el débil control policial al sentenciado han generado particular alarma en un país que enfrenta, en paralelo, un preocupante aumento de asesinatos ligados al crimen organizado y a delitos cometidos por delincuentes comunes.
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Miles de ciudadanos en redes han vinculado la decisión judicial con un «peligroso relajamiento» de las políticas penales en Costa Rica, en un momento en que el país cierra meses consecutivos con cifras récord de homicidios, asaltos y extorsiones.
