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Eduardo Ramírez Zamora, quien asesinó a su vecino nicaragüense en un condominio de Escazú y fue captado en video, recibió arresto domiciliario sin monitoreo electrónico. La familia de la víctima está afectada.
La liberación temporal de Eduardo Ramírez Zamora, condenado por el homicidio a sangre fría de su vecino Otoniel Orozco Mendoza en Guachipelín de Escazú, ha generado una ola de indignación entre familiares, abogados y ciudadanos.
El caso, que ya había causado conmoción pública en 2024 por la crudeza de los hechos y por haber quedado registrado en video, ahora vuelve a ocupar atención de los medios tras una decisión judicial que permite al autor del crimen cumplir parte de su condena desde su casa —sin brazalete electrónico— y bajo un esquema de visitas semanales de la policía.
El crimen
Los hechos ocurrieron el 3 de junio de 2024 en el condominio Río Palma. Una disputa por el suministro de agua culminó cuando Ramírez Zamora, de 43 años, desenfundó un arma y disparó en al menos seis ocasiones contra Orozco Mendoza, un ciudadano nicaragüense de 53 años y padre de cinco hijos.
El crimen fue grabado por cámaras de seguridad del lugar y las imágenes se difundieron ampliamente, provocando repudio nacional.
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Ramírez fue detenido en flagrancia y, tras aceptar su culpabilidad mediante un procedimiento especial abreviado, fue condenado a 20 años y dos meses de prisión por homicidio calificado y agresión con arma.
Decisión polémica
Sin embargo, el pasado mes de abril de 2025, el panorama cambió drásticamente. Tras someterse a una cirugía —cuya naturaleza no ha sido detallada públicamente— Ramírez solicitó arresto domiciliario para recuperarse.
Aunque un dictamen médico estableció que requería seis semanas de recuperación, la jueza del Tribunal de Pavas le otorgó este beneficio hasta el 25 de septiembre, es decir, casi cinco meses, sin el uso de brazalete electrónico. La única condición impuesta fue que la Policía realice una visita semanal a su domicilio para verificar su presencia.
Esta decisión judicial ha sido duramente cuestionada. Rodrigo Araya, abogado de la familia Orozco, denunció que la resolución carece de fundamento y que el Estado no ha garantizado condiciones mínimas de justicia.
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“Nos damos cuenta de que el imputado tiene una operación recién hecha, una jueza del Tribunal de Pavas le otorga la casa por cárcel, sin ningún fundamento, y aun cuando un dictamen médico-legal decía que únicamente requería de seis semanas para recuperarse a raíz de esta operación, se le cambia la medida cautelar sin ningún tipo de brazalete electrónico y únicamente con la disposición de que la Policía vaya una vez por semana a esta casa”, dijo al medio de comunicación costarricense, La Teja.
Familia muy afectada
Esta decisión ha afectado mucho a la familia de la víctima y además, ha reabierto un debate sobre la proporcionalidad de las medidas cautelares, el acceso desigual a beneficios judiciales y la necesidad urgente de reformas en la supervisión de condenados con permisos especiales.
También ha vuelto a poner sobre la mesa temas como la xenofobia.
