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Luis, un joven periodista de 29 años originario de Managua, siente algo de alivio tras enterarse de que tanto la jueza federal Indira Talwani como el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston frenaron el intento del presidente Donald Trump de poner fin al programa de parole humanitario.
Este alivio no sólo es suyo, sino también para los más de 531,000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que han ingresado legalmente a Estados Unidos gracias a este programa, impulsado en enero de 2022 por el presidente Joe Biden para establecer una migración segura y ordenada.
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Luis llegó a Estados Unidos en septiembre de 2023. Dejó Nicaragua en busca de nuevos horizontes, principalmente por las restricciones a la prensa independiente en el país ejercida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Migré porque en Nicaragua ya no se puede ejercer un periodismo independiente. Me vi obligado a buscar nuevos horizontes», relató, recordando su trabajo en un medio nacional.
El programa del parole humanitario permitía vivir y trabajar legalmente por dos años en EE. UU. El principal requisito era contar con un patrocinador económico.
Sometió su caso de asilo político
Actualmente, reside en Chicago y trabaja en atención al cliente en un supermercado. Pese a los anuncios del actual gobierno de revertir el parole, Luis dice que siempre supo que no habría una extensión de estadía y por eso actuó con anticipación: antes de cumplir un año bajo este estatus temporal, entre julio y agosto de 2024, decidió aplicar a un cambio de estatus.
«Realmente me he sentido tranquilo, no me he sentido amenazado con todo lo que se dice, porque me he informado con lo preciso y de fuentes seguras y confiables», contó Luis.
A su vez, agregó que «sometí mi caso de asilo político. Los procesos migratorios de los beneficiarios con parole, por decisión del gobierno, están pausados, no suspendidos. Estoy a la espera, no se me ha dicho nada y reviso constantemente mi caso en el portal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis)», explicó.
Fue en febrero pasado que medios estadounidenses reportaron que Trump había girado una orden interna para suspender «indefinidamente» las solicitudes de inmigración de migrantes que entraron legalmente a Estados Unidos bajo programas implementados durante la administración Biden. Abogados de inmigración consultados en ese momento aclararon que la administración actual no puede impedir que los migrantes envíen sus solicitudes, aunque sí tiene la facultad de «retrasar» las respuestas en estos casos.
Luis expresó que en un eventual escenario donde no hubiese solicitado asilo político, él no tendría miedo a ser deportado dado a que «aquí hay una verdadera división de poderes, no es como nuestro país».
Por otro lado, aseguró que confía en que su caso de asilo sea aprobado. «Estoy confiado en que se me pueda dar la protección, por todas las pruebas que voy a presentar», expresó.
En caso de que sea denegado, espera que «con el tiempo, trabajando pueda ahorrar y regresar no sé si a Nicaragua, pero sí para tener una vida más tranquila en términos económicos».
Michael y su esposa Ana, una pareja originaria de Granada, están próximos a cumplir dos años de residencia en Estados Unidos bajo el mismo programa. Decidieron no aplicar a ningún cambio de estatus y ya tienen fecha para su regreso: trabajarán hasta el 30 de mayo y luego volverán a Nicaragua en los primeros días de junio, para reencontrarse con sus hijos.
«Teníamos esperanzas que hubieran aprobado otro estatus para nosotros los nicaragüenses que no sea asilo político, un estatus que te permitiera salir del país, para ir al tuyo y luego regresar a trabajar, porque hace mucha falta la familia pero, al final como ganó Trump todas esas posibilidades se fueron», dijo Michael a LA PRENSA.
Ambos nicaragüenses contaron a este Diario que desde que Trump retornó a la Presidencia y anunció sus políticas migratorias restrictivas, en particular su intención de cerrar el parole, comenzaron a tener temor por su estadía en suelo estadounidense.
«Mi esposa andaba con temor de ir a trabajar porque se escuchaban en las noticias que andaban las redadas en los centros de trabajo, pero gracias a Dios no pasó a más, gracias a que la jueza de Boston paró esa orden y nos sentimos más tranquilos», indicó.
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La pausa judicial al fin del parole humanitario representa un respiro temporal, pero el futuro de miles de nicaragüenses como Luis sigue en la cuerda floja ante el rumbo incierto de la política migratoria estadounidense.
¿Qué prosigue?
Este lunes el Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, Estados Unidos, determinó que el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos no tiene la autoridad para decidir a discreción «no revisable» la libertad condicional, a menos que sea «caso por caso», reforzando lo dictado por la jueza Talwani, quien en abril pasado frenó la decisión de revocar el parole humanitario a todos sus beneficiarios sin revisar caso por caso.
La respuesta del Tribunal Federal de Apelaciones se dio tras la solicitud de una moción de emergencia que presentó la Administración Trump para suspender temporalmente la decisión de la jueza Talwani mientras se resuelve la apelación. El actual gobierno había fijado el 24 de abril como fecha límite para la finalización del parole, sin embargo, esa orden fue frenada.
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Harold Rocha, abogado y académico de Derecho Internacional y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), explicó a LA PRENSA que después que el Tribunal de Apelaciones denegó el recurso de emergencia presentado por la Administración de Trump, «se prevé que el proceso de apelación en los argumentos de fondo seguirá su curso, aunque la Administración Trump podría presentar un recurso de emergencia a la Corte Suprema para dictaminar si la suspensión cautelar de la orden inicial procede o no».
Rocha remarcó que la resolución de la jueza Talwani «no amplía el permiso de dos años otorgado a cada participante, sino que suspende la conclusión acelerada que iba a tener como tope de fecha de salida el 24 de abril» y que «mientras esta suspensión esté en efecto, los plazos iniciales de cada participante se mantienen».
También mencionó que «la juez Talwani sugirió que emitirá resolución más detallada sobre otros reclamos de los demandantes, entre esos está la orden interna de no dar trámite a solicitudes de otros beneficios migratorios que puedan solicitar los participantes del programa de parole humanitario CHNV, como por ejemplo el asilo político».
