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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al intervenir este martes, 15 de abril, durante un acto público en la Casa Blanca, en Washington DC (EE.UU.). EFE/Will Oliver

¿Qué implica la moción de emergencia de Trump contra el freno judicial al fin del parole?

Se espera que este viernes la parte demandante responda con sus argumentos, tras lo cual la Corte de Apelaciones del Primer Circuito deberá emitir un fallo que podría marcar el rumbo inmediato del programa

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El futuro del programa de parole humanitario en Estados Unidos sigue siendo incierto, luego de que la administración de Donald Trump anunciara que no sólo apelará el reciente fallo judicial que bloqueó la eliminación del programa, sino que además presentó una moción de emergencia para suspender temporalmente esa decisión mientras se resuelve la apelación. Se espera que este viernes la parte demandante responda con sus argumentos, tras lo cual la Corte de Apelaciones del Primer Circuito deberá emitir un fallo que podría marcar el rumbo inmediato del programa migratorio.

El programa, que ha permitido el ingreso legal de más de 500,000 personas de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití, se convirtió en un blanco de la agenda migratoria de Trump, quien había fijado el 24 de abril como fecha límite para su finalización. Sin embargo, el pasado 14 de abril, la jueza federal Indira Talwani determinó que la Administración no tenía facultades legales para eliminar el programa, señalando que la decisión se basó en una «interpretación incorrecta de la ley» y como resultado, la orden fue suspendida temporalmente.

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El lunes 21 de abril, los representantes de Trump presentaron una moción de emergencia ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU., en el caso Svitlana Doe v. Noem —apellido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi— radicada en Boston, Massachusetts. Esta moción busca una decisión urgente de la Corte para suspender temporalmente el fallo de la jueza federal Talwani, sin esperar el proceso completo de apelación.

Harold Rocha, abogado y académico de Derecho Internacional y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), explicó a LA PRENSA que el viernes antes de las 5:00 p.m., la otra parte, en este caso los demandantes, «debe responder por escrito, con derecho a réplica de la parte que presentó el recurso a la misma hora del lunes».

Por ello, apuntó que «se anticipa una resolución la próxima semana. Nuevamente, sería resolución sólo sobre solicitud de suspensión temporal de la orden de la juez Talwani, mientras sigue su curso la apelación».

Lo que dice la moción de emergencia

La moción de emergencia presentada por Yaakov M. Roth, general adjunto interino; Drew C. Ensing, general adjunto; Brian C. Ward, director interino, y Patrick Glen, abogado litigante senior, destaca las atribuciones que tiene la figura del secretario de Seguridad Nacional en cuanto a otorgar o no libertad condicional.

«La nueva administración determinó que dichos programas de libertad condicional categórica eran incompatibles con el mejor uso del estatuto y contrarios a los intereses de EE. UU. El estatuto de libertad condicional no ofrece un acceso directo a la residencia permanente legal. En cambio, faculta al Secretario a rescindir la libertad condicional ‘cuando, a juicio del Secretario de Seguridad Nacional, se hayan cumplido los fines de dicha libertad condicional’. En consecuencia, el Secretario emitió notificaciones que rescindieron todas las concesiones de libertad condicional en 30 días», se lee en la moción.

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Miles de migrantes llegaron legalmente a EE. UU. por medio del parole. LA PRENSA/Agencias/Archivo

Los representantes de Trump aseguran que lo anterior es «legal, apropiado y se ajusta plenamente a los límites del estatus, sin embargo, en este caso el tribunal de distrito efectivamente prohibió las terminaciones del Secretario al pretender ‘suspender’ sus efectos en espera de una revisión judicial».

En la moción, la parte demandada argumenta que la orden judicial dictada por la jueza Talwani es «claramente ilegal, porque el tribunal carece de jurisdicción para dictar tal medida y el Secretario claramente tiene discreción para terminar la libertad condicional».

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E insisten que la orden del tribunal de distrito «está imponiendo un daño grave irreparable al anular las determinaciones discrecionales del Secretario sobre la política de inmigración y obligando al gobierno de los Estados Unidos a retener a cientos de miles de extranjeros en el país contra su voluntad».

Por lo antes planteado los representantes de Trump solicitaron a la Corte «conceder una suspensión en espera de apelación» y aseguraron que, es probable que el Gobierno «prevalezca en la apelación, mientras que el equilibrio entre los perjuicios y el interés público se vería aún más favorecidos por una suspensión que permita a los líderes políticamente responsables controlar la política federal de inmigración, de conformidad con la legislación vigente».

Harold Rocha, experto en derecho internacional y presidente de Naldef. LA PRENSA/ Fairview Photo

Rocha indicó que aunque se desconoce con exactitud qué va a decidir la Corte de Apelaciones, en caso de que niegue el recurso «es posible que apelen a la Corte Suprema de Justicia, y si por el contrario, resuelven a favor de la Administración Trump, la orden de salida del 24 de abril volvería a estar vigente, aunque podría ser ampliada para dar un poco más de tiempo a implementar la notificación del Departamento Nacional de Seguridad (DHS) publicada en el Federal Register el 23 de marzo».

Recomendaciones para los beneficiarios

Mientras se define el futuro del parole humanitario, expertos y abogados de inmigración consultados por LA PRENSA brindan recomendaciones a los beneficiarios, en particular los nicaragüenses.

Cindy Blandón, abogada de inmigración, recomendó que los beneficiarios tienen que consultar sus casos y vías legales para quedarse dentro de Estados Unidos. «Deben analizar si tienen un caso de asilo, los que están casados con ciudadanos estadounidenses aplicar lo más pronto a su residencia en caso de cambio», apuntó.

Enseguida insistió en que los beneficiarios deben tener en cuenta que pese a que ahora la «terminación masiva del parole no es válida, tanto el Servicio de Inmigración y Ciudadanía como el DHS pueden y tienen el poder de revocar caso por caso, así como están haciendo las terminaciones caso por caso por CBP, la gente se confía que tiene los dos años, pero esto puede cambiar en cualquier momento».

Por su parte, Rommel López, activista y experto en leyes de inmigración, indicó que «mientras el programa sigue vigente por orden judicial, es importante cumplir con todos los requisitos legales. También es clave mantenerse informado a través de fuentes oficiales, y si tienen dudas, deben consultar con un abogado de inmigración acreditado, especialmente si su caso es complejo».

A su vez, contó que es importante tener en cuenta que «Trump prometió apelar la decisión, y entonces volverá el corre corre».

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