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La joven Mendoza hizo malos cálculos aquella mañana fría de diciembre: se levantó a las 4:00 de la madrugada y una hora después ya estaba lista para ir a apostillar su diploma de Licenciatura en Psicología de la Universidad Centroamericana (UCA).
Si salía a esa hora, pensó, estaría a las 6:30 en Managua y tendría que esperar hasta las 8:00 para que la atendieran en Cancillería. ¿Qué haría en esa hora y media de espera?
Se tomó media hora más en casa y salió de su vivienda a las 5:30 de la mañana. “Llegaré a las 7:00 a la parada de la UCA y de ahí en media hora en taxi a la Cancillería. A las 8:00 reparten los cupos y podría estar saliendo de vuelta a las 11:00”, calculó.
Pero calculó mal: por el tráfico pesado de la caótica Managua, llegó a los alrededores de su antigua universidad UCA a las 8:15 a.m. y tras varias vueltas en taxi arribó al edificio de la Cancillería aproximadamente a las 9:00 de la mañana.
Aquello era un caos. La fila de personas, que como ella buscaban apostillar sus documentos, se extendía unos 200 metros desde el estacionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores hacia la pista norte del edificio, sobre la plena Carretera Norte.
“Yo casi me desmayo: ¿Qué era ese gentío? Ahí me doy cuenta de todo el alboroto: había gente que llegó desde la noche anterior a buscar un cupo y yo de fresca llegando a las 9:00 de la mañana”, dice ahora la joven Mendoza desde Jinotepe.
Ese día se enteró con espanto que esa gente que estaba en fila no esperaba tomar un cupo para ese día, sino para el día siguiente. Se regresó a su casa y planificó todo para enero de 2025.
Hizo dos nuevos intentos en enero, pero ambos fracasaron porque, primero, la fila era demasiado larga cuando ella llegó la primera vez a las 6:00 de la tarde de un lunes, dispuesta a desvelarse para optar a un cupo; y segundo, porque además hubo gente que se coló adelante y ella quedó a escasos 20 puestos para lograr pasar.
Lo intentó de nuevo en febrero, pero lo hizo mejor preparada: llevó un banco plástico, toalla, comidas rápidas, agua, zapatos deportivos cómodos y acompañada de una vecina con quien alternó el cansancio.
Aun así, casi queda fuera de la asignación de cupos porque había gente delante de ella vendiendo espacio en la fila, pero a gritos, empujones y reclamos altisonantes, logró apostillar su diploma, su partida de nacimiento y sus certificados académicos.
¿Para qué lo hizo? Para migrar a Costa Rica, España o México. Es su próxima meta; mientras tanto ahorra y busca opciones de beca y estudios en línea para cursar una maestría.
Su motivación es simple y lapidaria: “En Nicaragua los jóvenes no tenemos futuro”.
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Estampida silenciosa
A la medianoche, cuando la ciudad dormía bajo el calor pegajoso del verano en Managua, decenas de personas ya habían tomado posición junto al portón peatonal norte del Parque Luis Alfonso Velásquez.
Allí, entre mochilas, termos de café y la paciencia reflejada en los rostros, se desarrollaba una escena que se venía repitiendo cada madrugada desde inicios de 2022: la carrera por lograr una cita para apostillar documentos.
La sede de la Cancillería de Nicaragua, en la Carretera Norte, se había convertido desde entonces en el epicentro de una estampida silenciosa.
Cada mañana, hasta antes del 14 de abril de este año, las filas interminables se desbordaban como si se tratara de una plaza de emergencia nacional.
Familias completas viajando desde departamentos lejanos —Estelí, Matagalpa, Nueva Segovia— para alcanzar un trámite que, en tiempos normales, debería ser sencillo: autenticar títulos, certificados y constancias académicas. Cosa de dos horas. Pero en este país, nada es normal. Menos aun cuando se trata de irse o buscar opciones académicas.
Tal y como la joven Mendoza, quien logró su meta en tres intentos en casi tres meses, miles de jóvenes llegan a este edificio a legalizar sus documentos para aportarles validez internacional en al menos 120 países.
Las razones, expresadas en las redes sociales y recogidas en los medios, como LA PRENSA, eran obvias: “Vine desde Jinotega y pasé la noche aquí”, confesaba a inicios de abril Esteban, un joven que portaba una carpeta plástica con sus notas de la universidad. “Quiero aplicar a una maestría en México, pero sin estos sellos no puedo moverme”, dijo entonces.
La misma historia se repitió en otras voces: unas buscan trabajo en España, otras becas en Chile, otros aplican a estudios en Costa Rica…
Muchas personas simplemente buscan escapar de un país donde el futuro quedó clausurado cuando el régimen confiscó 37 universidades privadas entre diciembre de 2021 y febrero de 2024 y las convirtió en extensiones de su modelo educativo propagandístico.
Un señor, ya arriba de los 60, oriundo de León, estuvo casi un mes intentando apostillar los documentos de sus tres hijos migrantes: la mayor en Costa Rica y los otros dos en Panamá.
Aunque madrugó varios días y “durmió” en una silleta plástica, y pese a su condición de adulto mayor, teóricamente preferencial, sólo logró conseguir el cupo cuando pagó 720 córdobas por un puesto cercano al portón.
“Como yo soy la que está mejor parada económicamente hablando, le deposité 20 dólares para pagar por un puesto adelante, es que me dio pesar el pobrecito, si no ahí estuviera haciendo fila todavía”, dijo “Luisa” a Revista Domingo en Heredia, Costa Rica.
Ella mandó a apostillar su partida de nacimiento, su diploma de la Universidad de Ciencias Comerciales y sus certificados de nota de secundaria, para mejorar sus condiciones de vida en Costa Rica.
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Apostillar: el primer paso del éxodo
Las redes sociales amplificaron esta postal de desesperación. Videos virales mostrando a multitudes forcejeando por entrar, empujones al amanecer y agentes de seguridad que repartían fichas como si fueran boletos para un concierto.
Pero lo que se buscaba ahí no era entretenimiento: es una válvula de escape. El apostillado se volvió el primer paso del éxodo, dice la socióloga Elvira Cuadra.
“Esa situación ya tiene tiempo de estarse presentando y se debe a la inseguridad que tiene la población con relación a sus documentos personales y la incertidumbre sobre su permanencia en el país”, apunta Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam).
Ella señala que, desde hace varios años, el porcentaje de nicaragüenses que desea salir del país para buscar mejores oportunidades de vida y más estabilidad en otros lugares, se ha incrementado significativamente.
“La prueba es que a la fecha se estima que alrededor del 10 % de la población ha salido, por razones de persecución o por incertidumbre”, refiere Cuadra.
“Esas personas y las que tienen la intención de salir requieren de sus documentos apostillados para hacer diferentes trámites en los países de destino, a eso se debe la gran cantidad de personas realizando el trámite en Cancillería”, considera Cuadra.
De acuerdo con el especialista en temas migratorios e investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, entre 2018 y 2024 migraron más de 850,000 nicaragüenses.
Según sus investigaciones, en 2023 salieron del país 115,000 personas; el año pasado partieron otros 95,000 nicaragüenses y potencialmente otros 80,000 saldrían del país en este 2025.
“Esperaría una disminución migratoria para 2025 por razones demográficas, porque ya mucha gente se ha ido, y también porque hay un acomodo, una aceptación (por parte de la población) de un sistema represivo y viviendo de remesas”, dijo Orozco en un artículo de opinión publicado en Confidencial.
No obstante, los cálculos iniciales podrían incrementarse producto del nuevo marco legal represivo, según como sea llevado a la práctica por la pareja dictatorial Ortega Murillo.
“Existe un sentido de alarma, de que esta situación va a ser más complicada y de que habrá un empeoramiento en la calidad de vida y puede que eso incremente la intención de emigrar”, advierte Orozco.
Maquillar la crisis
La creciente demanda de servicios apostillados, entre denuncias de cobros irregulares, citas reservadas por terceros y trámites que sólo avanzaban si se pagaba por el proceso, saturó el sistema público y evidenció la crisis en Nicaragua.
Para mantener la imagen y discurso de país “de paz y normalidad”, la dictadura corrió a ocultar el problema y desde el 14 de abril eliminó las filas al instaurar un sistema de reservación de citas en línea.
A la vez, aumentó la cantidad de operadores para atender a la población mediante la asignación de 300 cupos diarios, instaló toldos y silletas para ubicar a la gente en orden y asignó policías y agentes civiles para evitar altercados y prohibir el uso de celulares, para evitar la emisión de imágenes del problema.
La dictadura hizo lo mismo que aplicaron en 2022 en Migración y Extranjería: cuando las filas de personas buscando pasaportes eran gigantescas y el caos evidente, canceló los trámites directos y estableció un sistema de citas en línea.
Ese año salieron más de 300,000 nicaragüenses, según las cifras de la Organización Internacional de las Migraciones.
Al eliminar las filas, el régimen empezó a dar reportes semanales de servicios migratorios para destacar la eficiencia del nuevo sistema, pero los medios de comunicación empezaron a medir el fenómeno migratorio por la cantidad de pasaportes emitidos.
Sólo en 2023 se emitieron 307,000 pasaportes y hasta agosto de 2024, la cifra era de más 157,000 pasaportes emitidos, a un promedio de casi 20,000 documentos de viaje por mes.
Entonces, de nuevo la dictadura cortó los informes de emisión de pasaportes y desde agosto de 2024 se perdió la pista de los papeles de migración.
Rechazo al modelo educativo
Aunque no existen estadísticas oficiales, empleados del servicio consular reconocen un “aumento inusual” en la cantidad de personas que acuden a legalizar diplomas, certificados de notas y títulos universitarios.
Esta ola silenciosa de tramitación tiene un trasfondo más profundo que el simple deseo de migrar: revela una crisis estructural que está vaciando las aulas y empujando a miles fuera del país, física o simbólicamente.
Según el académico exiliado Adrián Meza, exrector y fundador de la extinta Universidad Paulo Freire (UPF), confiscada por el régimen sandinista en 2021, lo que se vive es la manifestación más visible del naufragio del sistema educativo impuesto por Daniel Ortega y Rosario Murillo tras intervenir y desmantelar 37 universidades privadas.
“La familia nicaragüense no es tonta”, advierte Meza. “Sabe que el sistema actual no les sirve para nada en el futuro profesional, aunque no puedan protestar por el terror que impone el Estado”.
Para Meza, lo que ocurre es una deserción masiva del sistema educativo oficial, en dos modalidades. La primera: el abandono físico de las universidades intervenidas, en las que cada vez menos jóvenes creen.
Y la segunda, más estratégica: migrar hacia plataformas de estudio en línea, que han proliferado desde la pandemia y que hoy ofrecen carreras completas con reconocimiento internacional, sin necesidad de salir del país.
“Sólo en Costa Rica hay universidades con ocho o diez carreras totalmente en línea, accesibles para nicaragüenses desde sus casas”, explica Meza.
“Y esas universidades exigen documentos apostillados. Esa es la razón del desborde en la Cancillería: no es sólo migración física, es preparación para el relevo generacional fuera del país”, agrega.
Los títulos emitidos por las instituciones intervenidas, como la llamada Universidad Nacional Casimiro Sotelo —creada sobre los restos de la UCA— carecen de prestigio, tanto a nivel académico como laboral, observa Meza. “Un joven con un título en línea de Costa Rica o España tiene diez veces más oportunidades de empleo que uno con un diploma de la Casimiro”, sentencia.
Entre 2022 y 2024, más de 60,000 estudiantes abandonaron las universidades, y otros 20,000 bachilleres no se incorporaron nunca al sistema de educación superior, según cálculos del propio Meza.
“Eso te da más de 80,000 jóvenes fuera del sistema universitario”, dice. “Y eso no es porque no quieran estudiar, es porque saben que ese modelo no tiene futuro”.
Los que se van
Otro grupo significativo en las filas son los antiguos estudiantes de las universidades confiscadas, considera el académico. Muchos se retiraron al ver cómo el régimen se apropiaba de sus centros de estudio.
Ahora, intentan apostillar sus certificados de asignaturas cursadas o títulos incompletos para validarlos en otros países y continuar sus estudios. “Saben que en el mercado laboral regional, un título de la UCA original tiene valor; uno de la Casimiro, no”.
Finalmente, señala, está el grupo más evidente: quienes apuestan por la migración directa.
Ingenieros, médicos, profesores, técnicos, traductores y jóvenes con títulos universitarios buscan llevar sus credenciales a otras fronteras donde puedan comenzar de nuevo.
“Para todos ellos, la apostilla es más que un sello: es una declaración silenciosa de renuncia al país que los expulsó”, clama Meza.
Y así, mientras el régimen insiste en su narrativa de «normalidad» y “avance educativo”, las multitudes apostillando sus papeles en la Cancillería revelan otra realidad: la de una generación que se va, con título en mano, pero sin fecha de retorno.
