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Ausberto sobrevivía en silencio. Periodista retirado, colaboraba clandestinamente con un medio digital y evitaba lugares públicos. Sólo pedía comida a dos o tres negocios cerca de su apartamento y raramente se veía con algunos pocos amigos de su círculo. Los demás se han marchado al exilio.
Llevaba más de dos años viviendo así, clandestino. Escondido.
Un día comenzaron a rondar motorizados por su calle. Tomaban fotos, preguntaban a los vecinos si conocían “periodistas independientes”, dizque ellos querían denunciar al régimen por abusos de derechos humanos, haciéndose pasar por víctimas de atropellos.
A Ausberto le llegó la alerta. “Ya han venido dos veces aquí a preguntar por periodistas. Creo que te buscan a vos”, le dijo una vecina cercana a su apartamento.
“Me estaban rastreando”, intuyó. Se mudó de la zona. Pero el acecho lo alcanzó. Una noche recibió un mensaje por WhatsApp: el restaurante de siempre le ofrecía su combo preferido de fin de semana —alitas, papas, salsa ranch— con una promoción exclusiva para él por ser cliente fiel. “Espere a nuestro delivery en cinco minutos afuera de su casa”, le dijeron.
Era una coartada muy buena. “Sólo que cometieron dos errores: escribieron mal mi apellido y lo mandaron al número equivocado, uno viejo personal, que ya no usaba para pedir comida”. Era una trampa. Se salvó por instinto y tuvo que salir del país por veredas.
Los espías del régimen
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha edificado, desde 2018, una maquinaria de vigilancia y represión que funciona como un Estado paralelo, sin controles legales ni judiciales, cuyo objetivo es monitorear y perseguir a personas consideradas opositores.
Esta es una de las principales conclusiones del informe titulado Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018, presentado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua el 3 de abril de 2025 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe revela que, tras las protestas sociales de 2018, el régimen consolidó una compleja red de vigilancia e inteligencia que involucra a instituciones estatales, grupos paramilitares y estructuras clandestinas, entre ellas el Centro de Información e Inteligencia Policial (CIIP) y el llamado “Departamento H” de la Policía, también conocido como Departamento Técnico Operativo.
Estas estructuras, no previstas por la ley, fueron reactivadas y adaptadas para identificar, espiar, capturar y reprimir a cualquier persona considerada adversaria del régimen, de acuerdo con el informe de expertos.
Desde abril de 2018, según el informe, “actores estatales y no estatales han vigilado, intimidado y perseguido constantemente a personas opositoras o percibidas como tales”.
Esta vigilancia también se ha extendido a sus familiares, incluyendo niños y niñas, quienes han sido interrogados por los esbirros policiales en un intento por obtener información sobre sus padres exiliados. “Muchas familias han debido practicar la autocensura o incluso cortar la comunicación con sus parientes en el exterior para evitar represalias”, dice el documento.
La estructura de control incluye instituciones como la Policía Nacional, Ejército, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, de Educación, de la Mujer, de la Familia y de la Juventud, así como Telcor y todas las alcaldías del país, actualmente controladas por el Frente Sandinista.
Estas instituciones colaboran entre sí y con los secretarios políticos del partido de gobierno, quienes deciden qué ciudadanos deben ser investigados y vigilados, y coordinan el monitoreo a todos los niveles.
Uno de los ejes principales de esta red es el Departamento H, unidad clandestina sin logotipo ni presencia legal.
Infiltrados en todos los niveles
El Grupo de Expertos afirma que este departamento “realiza una labor de vigilancia, seguimiento, verificación, filmación secreta, intervenciones telefónicas y registros secretos de casas”.
Para ello, sus agentes operan bajo fachadas de empresas de servicios como mensajería, agua, electricidad, gas, jardinería, limpieza o brigadas de salud.
Incluso se han disfrazado de vendedores ambulantes, abatizadores y trabajadores de casas de seguros. El informe indica que este cuerpo clandestino alquila propiedades temporales para montar operativos de vigilancia o realizar interrogatorios.
El Departamento H ha estado bajo la coordinación de altos mandos policiales como Zhukov Serrano Pérez, quien dirigió la Dirección de Inteligencia Policial a partir de 2018 junto al defenestrado ex comisionado general Adolfo Joel Marenco.
Esta unidad recibe información de la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, instancia clave que opera bajo las órdenes directas del dictador Ortega y de la codictadora Murillo.
El documento detalla que desde abril de 2023 Murillo impartió la orden de que «no tenía que haber una mosca volando sin que ella se diera cuenta».
El informe también destaca que el Centro de Información e Inteligencia Policial (CIIP), originalmente diseñado para combatir el narcotráfico y el lavado de dinero, fue transformado en una herramienta de persecución política.
Coordinado por los mismos altos mandos, el CIIP asignaba agentes para seguir y geolocalizar a personas opositoras, interceptaba sus llamadas y redes sociales, y enviaba los datos al Ejército y al Comité de Inteligencia Nacional, otro órgano informal dirigido por Ortega.
Comunicaciones bajo control
Adicionalmente, el Grupo de Expertos documenta que el régimen presionó a empresas de telecomunicaciones para obtener acceso a la información digital de personas bajo vigilancia.
Una compañía de telefonía en particular fue forzada a nombrar a un funcionario sandinista vinculado a los servicios de inteligencia dentro de su estructura administrativa.
Este funcionario, colocado estratégicamente en el área de tecnología, permitió a la dictadura acceder directamente a datos privados de usuarios, incluyendo registros de llamadas, ubicación geográfica y actividad en internet.
De acuerdo con el informe, esta intrusión facilitó intervenciones sin orden judicial y consolidó el control total del régimen sobre las telecomunicaciones.
Este Comité, que reúne a altos representantes de la Policía, Ejército, Ministerio del Interior y la Unidad de Análisis Financiero, centraliza toda la información recogida por estas estructuras paralelas.
No está regulado por ninguna ley, pero tiene la función de tomar decisiones sobre quiénes deben ser vigilados, detenidos, juzgados o incluso despojados de su nacionalidad.
Entre los objetivos principales del aparato de vigilancia figuran periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos, médicos, empresarios, abogados y cualquier persona con capacidad de liderazgo social.
El Grupo de Expertos alega que tiene razones fundadas para creer que el Departamento H detuvo arbitrariamente a personas opositoras que luego fueron llevadas a casas clandestinas, donde fueron interrogadas y torturadas por oficiales, incluyendo agentes extranjeros.
Víctimas entrevistadas por el Grupo describieron haber sido conducidas por civiles a “centros de detención” que no pudieron identificar, donde fueron sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes.
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País de miedo
Para Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el aparato de vigilancia clandestina montado por la dictadura sandinista no sólo ha coartado la libertad de expresión y de organización, sino que ha sumido al país en una atmósfera de miedo constante, donde la sospecha, la delación y el silencio se han convertido en parte de la vida cotidiana.
La organización para la que trabaja Carrión ha recibido denuncias de este tipo de espionaje y persecución, sobre todo a partir de finales de 2023 y a todo lo largo de 2024.
Sin embargo, explica que la práctica de espionaje e infiltración viene desde 2018 y es algo que él mismo vivió antes de salir exiliado.
“Yo miraba a los motorizados y espías frente a mi casa. Yo sabía que me perseguían y los identificaba claramente”, dice Carrión.
Para él, esta estructura busca “garantizar que la dictadura continúe ejerciendo su dominio sobre la vida política, social y económica de Nicaragua”.
“Esta es una dictadura que opera desde las sombras, brutal y despiadada, que no tolera ni una sola mosca que se atreva a volar sin su permiso”, advierte Carrión.
Historias de asedio
Lucía nunca esperó que agentes de la dictadura tocarían su puerta para ofrecerle una militancia forzada, y bajo amenaza, al Frente Sandinista.
Fue en 2023 cuando la secretaria política del barrio, en el Distrito V de Managua, llegó con tono amable pero firme: “O se integra a las Unidades de Victoria Electoral con carnet en mano, o prepárese para ser procesada por su trabajo en esa ONG cancelada”.
La amenaza no tardó en materializarse en otras formas. Su casa, que antes pasaba desapercibida, se convirtió en un imán para visitas “casuales”: vendedores de seguros de vida, servicios funerarios, electrodomésticos a crédito, encuestadores con preguntas inofensivas.
Hasta mensajeros extraviados que traían paquetes o comidas para personas que no vivían allí. “Era claro que buscaban algo, y ese algo era yo”, recuerda Lucía desde el exilio.
Rodrigo, periodista exiliado desde 2022, seguía comprando alimentos y víveres por internet para su familia en Nicaragua. En julio de 2024, pidió medicinas en una farmacia, con la indicación de que la llevaran a una agencia de envíos, la cual se encargaría de enviarla a Costa Rica, donde él vive.
El repartidor asignado por la farmacia exigió su número de tarjeta, su dirección, cédula y el número de teléfono. Rodrigó sospechó algo malo y canceló el pedido.
Cambió de servicio de mensajería y contrató a CargoTrans para que le enviara sus compras a la agencia de envíos en Managua. Y así lo hicieron.
Quince días después, un vehículo civil con placas de Rivas se estacionó una noche frente a su antigua casa. “Somos de CargoTrans”, dijeron los hombres. “Venimos a entregar un encargo para el señor Rodrigo”.
Era de noche, no traían identificaciones visibles ni uniformes y eran corpulentos. Su familia se negó a abrir. Ya temían ese momento.
Desde las ventanas, sus vecinos vieron patrullas y motorizados estacionados cerca de la casa y les avisaron por WhatsApp. “Hay policías por todos lados cerca de su casa, no salgan”, les advirtieron.
“Nos dimos cuenta de que no era una entrega de mercadería, era una emboscada. Creían que yo estaba en mi casa escondido y llegaban a traerme”, contó Rodrigo en su denuncia ante el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en San José, Costa Rica.
Antes de eso, su familia le contó que jardineros, fontaneros, electricistas y fumigadores llegaban unos tras otros, todos con la misma insistencia: querían entrar a la casa a ofrecer servicios y ofrecían hasta crédito.
Disfraz del Minsa
Jacinta abrió la puerta sin miedo: eran brigadistas de salud. Una mujer vestida de blanco preguntaba por vacunas y enfermedades; un hombre de celeste echaba abate en cada rincón de la vivienda.
“Parecía un trabajo normal, hasta que llegó una patrulla”, dice ahora desde el exilio esta abogada promotora de derechos humanos de occidente. Los brigadistas desaparecieron en cuestión de segundos.
A Jacinta la conminaron a subirse a la patrulla, sin explicaciones y bajo amenaza de acusarla de “traición a la patria” si no subía. La mujer se desmayó antes de que le pusieran las esposas.
Mientras tanto, registraron su casa durante dos horas. Confiscaron sus teléfonos, su computadora, el router del internet y las memorias USB. Al final, quizás por el desmayo, no se la llevaron, pero la dejaron en condición de “casa por cárcel”.
“Me dieron un celular viejo y me dijeron que debía estar encendido siempre. Que ahí me iban a llamar para saber dónde estaba. Un policía llegaba en cualquier momento en moto, pitaba hasta que yo me asomaba. Me tomaba una foto y se iba”.
Debía presentarse dos veces por semana a firmar en la estación e informar una semana antes si pensaba salir de la casa. Vivió meses así, en cautiverio informal, hasta que logró huir por Honduras. “Ese día entendí que en Nicaragua no podés confiar ni en el Minsa ni en los encuestadores ni en nadie”.
