La administración del presidente estadounidense Donald Trump habría tomado medidas para clasificar como fallecidos a al menos 6,300 migrantes vivos en Estados Unidos —principalmente migrantes con estatus legal temporal que fue revocado por el gobierno de Trump, especialmente gestionados con CBP One— con el objetivo de cancelar sus números de Seguro Social, eliminar su capacidad de trabajar y recibir beneficios, y forzarlos a abandonar el país. Así lo informaron medios como The New York Times, CNN en Español y El País de España.
Según estas fuentes, el gobierno ha incorporado los nombres y números de Seguro Social —obtenidos legalmente— de estos inmigrantes en una base de datos utilizada tradicionalmente para registrar a personas fallecidas. Esta maniobra fue confirmada por dos fuentes conocedoras del proceso y sus implicaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento del Tesoro firmaron esta semana un acuerdo que autoriza al Servicio de Impuestos Internos (IRS) a compartir datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El objetivo es facilitar la identificación y deportación de personas que se encuentran en el país sin autorización. En virtud del acuerdo, ICE puede enviar al IRS los nombres y direcciones de inmigrantes en situación irregular para cruzar esa información con los registros fiscales y confirmar su estatus.
De acuerdo con El País, en colaboración con la Administración del Seguro Social, el Gobierno introdujo los nombres de estas personas en el llamado “archivo maestro de defunciones”, privándolas de múltiples derechos y empujándolas a una “autodeportación”, el objetivo final de muchas de las políticas antiinmigrantes impulsadas por la actual administración republicana.
“Está cumpliendo la promesa que hizo al pueblo estadounidense. El presidente Trump prometió deportaciones masivas, y al eliminar el incentivo económico para que los extranjeros ilegales vengan y se queden, los alentaremos a autodeportarse”, afirmó Elizabeth Huston, portavoz de la Casa Blanca.

Filtraciones, menores incluidos y renuncias en el IRS
Según The New York Times, los primeros afectados en esta lista serían personas que, según el gobierno, son delincuentes convictos o “presuntos terroristas”. Sin embargo, funcionarios advirtieron que la iniciativa podría ampliarse para incluir a otros inmigrantes sin autorización legal.
El mismo medio señaló que el Departamento de Eficiencia Gubernamental, bajo el liderazgo del empresario Elon Musk, impulsó estas medidas con el objetivo de utilizar datos personales que antes estaban fuera del alcance de las autoridades migratorias para implementar lo que califican como una “represión masiva contra migrantes”. Esta situación llevó a varios altos funcionarios del IRS a renunciar en protesta por el uso indebido de información fiscal sensible.
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Según el reportaje, Aram Moghaddassi, ingeniero de software en ese departamento, envió el primer lote de nombres a un funcionario de ICE. “La lista incluía a un niño de 13 años y a otros siete menores, lo que generó preocupación dentro de la agencia sobre un posible alcance excesivo de la medida”, declaró una fuente bajo condición de anonimato.
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Consecuencias devastadoras
La publicación también advierte sobre los efectos catastróficos que enfrentan quienes las autoridades clasifican erróneamente como fallecidos: desde la ejecución hipotecaria de sus viviendas hasta la cancelación de sus cuentas bancarias. Para salir del registro, estas personas deben acudir en persona a oficinas del Seguro Social y demostrar su identidad, en un proceso que los funcionarios conocen internamente como “resurrección”. Aun así, las instituciones pueden tardar meses en restituirles los permisos.
El uso del archivo de defunciones para estos fines, así como el hecho de compartir direcciones con las autoridades migratorias, podría violar leyes federales sobre privacidad y protección de datos del Seguro Social, según advierten exfuncionarios y expertos legales.