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La jueza federal Indira Talwani, a cargo de la demanda Svitlana Doe v. Noem, radicada en Boston, Massachusetts, en contra de la decisión de Donald Trump de revocar el estatus legal de más de 531,000 migrantes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela que llegaron a EE. UU. con parole humanitario, dijo este jueves que frenará la revocación orientada por Trump.
Según la información, la judicial Talwani dijo que emitiría un «stay» al programa, que se supone vencerá el 24 de abril para todas las personas beneficiarias.
La decisión fue dada a conocer después de la audiencia donde los abogados representantes del grupo de migrantes beneficiarios del parole humanitario enfrentaron al abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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Harold Rocha, abogado y académico de Derecho Internacional y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), dijo a LA PRENSA que «la audiencia de este jueves en tribunal federal de distrito de Massachusetts ha concluido con un indicio positivo por parte de la juez encargada de que está considerando emitir una orden para poner en pausa la cancelación de los programas de parole humanitario».
Y agregó que a su lectura «conviene esperar a ver si se concreta y si emite una orden escrita que aclare todos los detalles y tenga fuerza de ley. Por ahora hay motivo para el optimismo, pero la prudencia manda aguardar».
Trump «excedió su autoridad»
Los defensores, durante la audiencia donde se presentó el abogado defensor de Trump, argumentaron que la Administración Trump excedió su autoridad al terminar estos programas diseñados para personas que huyen de condiciones peligrosas en sus países de origen. Se esperaba que este jueves 10 de abril, la jueza Talwani podría emitir una orden preliminar de amplio alcance para detener los intentos de Trump de despojar del estatus legal a cientos de miles de personas en libertad condicional humanitaria.
En la demanda Svitlana Doe v. Noem —apellido de la secretaria de Seguridad Nacional— figuran ocho migrantes provenientes de Afganistán, Ucrania y Nicaragua, quienes junto con la organización Haitian Bridge Alliance encabezan la acción legal contra la cancelación de tres programas claves: Unidos por Ucrania, el parole humanitario y la Operación Allies Welcome. La demanda fue presentada el pasado 28 de febrero. Los demandantes están representados por Justice Action Center y Human Rights First.
El programa del parole fue implementado en enero de 2022 por el gobierno del demócrata Biden con el fin de establecer una migración ordenada, mediante la entrega de permisos de trabajo por dos años, con la posibilidad de explorar otros estatus migratorios. El principal requisito era contar con un patrocinador económico.
El Gobierno de Trump, por medio del DHS, revocó el estatus legal de los beneficiarios el pasado 25 de marzo de 2025 y apuntó que el parole terminará «en la fecha más temprana entre (1) la fecha de vencimiento original de tu parole o (2) el 24 de abril de 2025».
Por lo cual, aquellos beneficiarios que no ajustaron su estatus deben salir de EE. UU. antes o el 24 de abril próximo. Del más de medio millón de migrantes que fueron beneficiados con el parole, 96,270 fueron nicaragüenses, según las cifras oficiales. Una parte ya cumplió los dos años de estadía, pero a otra gran parte aún le queda tiempo para finalizar el periodo permitido.
La situación de los nicaragüenses se vuelve más incierta, ya que se han denunciado casos de personas que se fueron con parole y a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les impide entrar a Nicaragua.
