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La congresista republicana María Elvira Salazar, representante del distrito 27 de Florida, envió una carta al presidente Donald Trump solicitando que otorgue la Salida Forzada Diferida (DED, por sus siglas en inglés) a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario, para que estos obtengan una protección temporal y no sean deportados.
En su carta, Salazar argumentó que estos grupos de ciudadanos enfrentan condiciones excepcionales en sus países de origen, marcadas por regímenes totalitarios y una grave crisis de seguridad. «Cuba, Nicaragua y Venezuela están gobernados por dictadores comunistas que persiguen a su pueblo y reprimen toda forma de libertad de expresión. Haití es un estado fallido dirigido por pandillas», escribió.
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Y agregó que «en este momento, la situación en estos países merece una revisión más detallada para garantizar que Estados Unidos no esté enviando a la gente de vuelta al peligro».
La propuesta de la congresista Salazar busca que, bajo una orden ejecutiva, se conceda el DED como una forma de «protección temporal» que permitiría a los beneficiarios permanecer en el país mientras sus casos de asilo o regularización migratoria son evaluados, dado a que el programa también facilitaría que el gobierno federal continúe revisando los antecedentes de los solicitantes sin exponerlos a una deportación inmediata.
El llamado de la congresista llega en un momento de creciente tensión sobre la política migratoria en Estados Unidos implementada por Trump. Es importante recordar que Salazar mantuvo una posición enfática al responsabilizar a la administración de Biden por la crisis en la frontera sur con la llegada de migrantes irregulares y ha defendido el enfoque actual para restaurar el orden legal en el sistema de inmigración.
Salazar insistió en que «debemos proteger las promesas hechas a las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela teniendo en mente tanto la compasión como la seguridad. Estos países están plagados por dictaduras comunistas represivas y violencia de pandillas».
Recalcó que «mientras restauramos la ley y el orden aquí en casa, el DED nos permitirá evaluar exhaustivamente a estos individuos, deportar a quienes no califiquen y mantener el legado de Estados Unidos como un faro de esperanza».
Vale la pena destacar, que la congresista Salazar ha venido trabajando adicionalmente en una reforma migratoria a través del Congreso —Ley Dignidad H.R.3599— en búsqueda de una solución migratoria para tantas personas que tienen muchos años de vivir en EE.UU. y se encuentran aún en limbo.
«Representa un aire de aliento y esperanza»
La solicitud ha generado reacciones positivas entre las comunidades afectadas, especialmente entre la diáspora nicaragüense. Claudio J. Acevedo, defensor de derechos humanos y activista por los derechos de los migrantes, agradeció la iniciativa.
«Estamos muy agradecidos con la congresista María Elvira Salazar por haber tomado esta iniciativa. En estos tiempos de mucha incertidumbre, especialmente en nuestras comunidades particularmente, las comunidades que han tenido que emigrar por causa de regímenes totalitarios como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y no pueden regresar a sus países de orígenes dado a las sistemáticas violaciones de derechos humanos, persecución política y religiosa, una iniciativa como esta viene a dar un aire de aliento y esperanza», expresó Acevedo.
También mencionó que posterior a la solicitud de Salazar urge que la comunidad afectada se organice y toque otras puertas. «Sabemos que el camino es adverso, por lo tanto, ahora nos toca hacer nuestra parte. Debemos organizarnos y movilizarnos para darle todo el respaldo necesario. Los que vivimos en el sur de la Florida, debemos contactar a los congresistas Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, y a los senadores Rick Scott y Ashley Moody para que se sumen a esta iniciativa que dará protección a nuestros conterráneos», apuntó.
De ser aprobada, la medida beneficiaría a miles de migrantes que actualmente se encuentran en un limbo legal, en algunos casos a espera de resoluciones en sus casos de asilo o con permisos temporales bajo revisión.
El Procesos de Permiso de Permanencia Temporal para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) fue creado por la administración de Joe Biden en octubre de 2022 para los ciudadanos venezolanos. En enero de 2023 se amplió el beneficio para los nicaragüenses, haitianos y cubanos, desde ese momento se estableció que 30 mil personas de las cuatro nacionalidades podrían entrar mensualmente a EE. UU.
Del más de medio millón de migrantes que fueron beneficiados con el parole, 96,270 fueron nicaragüenses, según las cifras oficiales. Una parte ya cumplió los dos años de estadía, pero a otra gran parte aún le quedaba tiempo para finalizar el plazo permitido.
La situación de los nicaragüenses es incierta, debido a que se han denunciado casos de personas que no sólo viajaron con parole, sino incluso contra quienes salieron por cortos periodos por vacaciones, trabajo o cuestiones médicas, a quienes la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo les impide entrar al país.
Fin del parole y la demanda contra la decisión de Trump
El Departamento Nacional de Seguridad estableció que el 24 de abril próximo, los migrantes de los países que no hayan actualizado su estatus migratorio deben abandonar Estados Unidos, de lo contrario advirtió que el beneficiario «puede tener consecuencias migratorias adversas».
«Deben salir de Estados Unidos ahora, pero a más tardar en la fecha de terminación de su libertad condicional. No salir a tiempo puede tener consecuencias migratorias adversas», advirtió el DHS a los migrantes por medio de una comunicación enviada.
También remarcó que después de la fecha estipulada, el beneficiario que no salga de Estados Unidos «puede estar sujeto a una expulsión acelerada de conformidad con la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) o a un procedimiento de expulsión de conformidad con la sección 240 de la INA».
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Y agrega que cualquiera de esas condiciones «puede resultar en su expulsión, a menos que haya salido de los Estados Unidos o haya obtenido una base legal para permanecer en el país».
También advierte que la persona que no salga en la fecha de terminación de su parole comenzará a acumular presencia ilegal en Estados Unidos. «La acumulación de más de 180 días de presencia ilegal seguida de la salida de los Estados Unidos puede resultar en la inadmisibilidad si vuelve a solicitar la admisión dentro de un cierto período de tiempo después de la salida», asegura el DHS en la carta.
Actualmente, radica en Boston, Massachusetts, la demanda Svitlana Doe v. Noem, a cargo de la jueza federal Indira Talwani, en contra de la decisión de Trump de revocar el estatus legal de más de 531,000 beneficiarios de los cuatro países. Después de las audiencias, Talwani dijo el jueves 10 de abril que frenará la revocación orientada por Trump.
Según la información, la judicial Talwani dijo que emitiría un «stay» al programa, que se supone vencerá el 24 de abril para todas las personas beneficiarias.
