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La incertidumbre se apodera de miles de nicaragüenses en Estados Unidos que, aunque ingresaron legalmente bajo el programa de parole humanitario, enfrentan una cuenta regresiva que acabará el 24 de abril para abandonar el país y regresar a Nicaragua si no han logrado cambiar su estatus migratorio.
El panorama se torna aún más incierto debido al temor de que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo impida la entrada de algunos ciudadanos, una práctica que ha sido denunciada en múltiples ocasiones, no solo a quienes viajaron con parole, sino incluso contra quienes salieron por cortos periodos por vacaciones, trabajo o cuestiones médicas.
El subsecretario de Estado Adjunto en funciones para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Joe Salazar, fue consultado el lunes 24 de marzo sobre el destino de los nicaragüenses a quienes se les niegue el ingreso a su país y enfatizó que “estas no son negociaciones con el Gobierno de Nicaragua o cualquier otro gobierno, los Estados Unidos espera completamente que las autoridades de los distintos países, incluyendo Nicaragua, obedezcan las órdenes que hemos delineado públicamente”.
Asimismo, aseguró que el gobierno estadounidense trabajará con países aliados para garantizar que los ciudadanos que se autodeporten sean admitidos en sus lugares de origen.
Harold Rocha, abogado y académico de Derecho Internacional y presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (Naldef), destacó que el derecho de retorno e ingreso al territorio del país del cual se es nacional «está ampliamente reconocido en el derecho internacional. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 13(2), como la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 22(5), lo codifican de forma explícita». Sin embargo bajo el régimen en Nicaragua, ningún derecho está asegurado.
Un tercer países seguro
Sobre qué opciones tienen los nicaragüenses a quienes la dictadura no reciba, los abogados y expertos en leyes de migración en EE. UU. coincidieron en dos opciones. La primera es que si en un eventual escenario EE. UU. los regresa a suelo norteamericano —poco probable— pueden iniciar un proceso de asilo dado a que su condición cambió. La segunda es explorar las opciones de un tercer país seguro.
Rocha explicó que si se encuentra en suelo estadounidense, la persona afectada debe primero «buscar asesoría jurídica calificada en el país desde el cual se pretende regresar, en este caso los Estados Unidos, a fin de valorar si esa circunstancia da lugar a solicitar alguna medida de protección temporal que permita permanecer en el país hasta que se resuelva lo del ingreso a Nicaragua».
La abogada migratoria Cindy Blandón mencionó que en caso de que el Gobierno de Nicaragua no los acepte de regreso, «estas personas pueden aquí en EE. UU., hacer su petición de asilo dado a que sus circunstancias cambiaron, pero siempre bajo riesgo de que sea detenido. Ante este riesgo, la persona puede irse mejor a un tercer país de forma legal».
Por su parte, el experto en leyes migratorias y activista, Ronmell López, remarcó que en el eventual escenario de la prohibición de ingreso de nicas «los connacionales podrían quedar en un limbo migratorio».
López explicó que en caso de aquellos que se autodeporten, siguiendo la política de Trump, y no los dejen entrar, «quedarían bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses o podrían ser enviados a un tercer país dispuesto a recibirlos. Esto, sin embargo, dependería de acuerdos bilaterales, que actualmente no existen de forma clara con Nicaragua».
Las recomendaciones
En cuanto a las recomendaciones, la abogada Astrid C. Montealegre describió que en el caso de las personas vulnerables pueden tomar algunos pasos para protegerse. «Por ejemplo, firmar un poder autorizando a una persona específica a tomar decisiones legales y financieras en caso de una detención o deportación, de tal manera la persona designada puede tener acceso a sus recursos para pagar fianza o representación legal», apuntó.
Montealegre especificó que en el caso de tener dependientes menores de edad se recomienda «una tutela legal de emergencia para menores para que la persona designada pueda asumir la responsabilidad legal de ellos».
También, el especialista López mencionó que «antes de considerar la autodeportación, los nicaragüenses deberían consultar con un abogado de inmigración para evaluar todas sus opciones legales».
En caso de que exista el riesgo de no ser aceptados por Nicaragua, «es crucial tener un plan alternativo, como conocer las políticas de países vecinos sobre la recepción de personas deportadas y evitar tomar decisiones apresuradas basadas en promesas políticas que no garantizan la reentrada legal futura».
En conclusión, los abogados recomiendan no tomar decisiones apresuradas basadas en promesas políticas sin garantías legales. Cada caso es único y debe ser evaluado con asesoría experta antes de proceder con una autodeportación o intentar un regreso incierto a Nicaragua.
Atentos a CBP Home
Los funcionarios del Trump, como Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, han promovido la autodeportación como una «oportunidad» para que los migrantes puedan regresar legalmente en el futuro a Estados Unidos.
«Es una oportunidad de poder regresar en el futuro legalmente y vivir el sueño americano», declaró McLaughlin.
Lea también: Cómo funciona CBP Home, la app para «autodeportarse» de EE.UU.
Referente a esto, Blandón aseveró que las personas que utilicen la CBP Home y después deseen aplicar a una visa de turista «probablemente el Consulado no se la da, porque ya demostró ser un posible inmigrante, y en caso de que sean personas que vivieron años dentro de EE. UU., de manera irregular, la Ley de Inmigración dice que una vez que salga de EE. UU., ya sea por deportación o de forma voluntaria, tiene un castigo de más de diez años por haber acumulado presencia ilegal».
López agregó que «al autodeportarse, las personas pueden recibir una penalidad de reingreso (generalmente de 3 a 10 años), lo que les impediría volver legalmente. La autodeportación es un riesgo muy alto para los nicaragüenses, ya que ni la app ni la promesa de reingreso garantizan protección legal futura».
