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Cifras oficiales indican que a junio 2024 había en el Estado del narcodictador comunista Ortega 111,652 empleados públicos. Estimo que en el nuevo Estado serán 10,000 cuando mucho.
Milton Friedman es categórico: “El criterio de que, si hay algún problema, el gobierno lo resolverá… La gran falacia de este enfoque es la creencia de que uno puede hacer el bien con el dinero de otras personas”. Esa filosofía ha llevado a la ruina a muchas naciones o bien le ha puesto un lastre a su desarrollo por la gran burocracia y el enorme gasto público bajo el supuesto de “ayudar a los más necesitados, a los sectores económicos estratégicos, etc.”.
La misión del nuevo Estado debe centrarse en tres ejes: salvaguardar la propiedad privada, la libertad y la convivencia pacífica. Lo demás lo deben realizar los ciudadanos del sector privado. Muy bien lo definió Adam Smith en La riqueza de las naciones: “Lo fundamental es que el Estado no intervenga en la economía, sólo que cumpla sus cometidos esenciales de defensa, seguridad y justicia, y excepcionalmente la construcción de las grandes obras públicas”.
Por los antecedentes históricos, es importante mantener los cuatro poderes: el ejecutivo, el legislativo, el jurídico y el electoral. La independencia de estos poderes genera un equilibrio en la nación.
El poder legislativo deberá tener un diputado por cada 350,000 habitantes, digamos, 20 diputados. El poder judicial tendrá 5 magistrados en el ámbito nacional y tres en cada una de las estructuras de especialidad y en todas sus instancias. Se deberán promover las oficinas de resolución de conflictos administrados por el sector privado y reducir la abultada carga de burócratas del partido y de los “amigos” de los magistrados. El poder electoral deberá construirse sobre la base de personal totalmente nuevo y no vinculado a vida partidaria activa. Todos los puestos del Estado se harán por concursos públicos y con reglas basadas en la meritocracia.
¿Qué hacer con tantos burócratas del orteguismo? Sencillo, hay que convertirlos en empresarios. Venderles las escuelas, universidades, hospitales, centros de salud, empresas públicas etc. con un esquema de participación voluntaria para convertirlos en dueños de propiedad privada, promoviendo el financiamiento de la banca privada, la asociación con los empresarios privados nacionales y extranjeros a fin de que se conviertan en nuevos ricos gracias a su esfuerzo y trabajo.
Los ingresos del nuevo Estado deberán ser los mínimos para operar. Lo cual deberá establecerse en la nueva constitución. Así mismo, la constitución establecerá que el Estado no podrá endeudarse para financiar el gasto, únicamente para inversiones en infraestructura productiva.
Deberá establecerse una nueva ley contra la corrupción sobre los activos estatales. Los delitos no prescribirán jamás y se podrá perseguir a todos los involucrados y su parentela en todos los grados de consanguinidad. La pena mínima será de 30 años para todos aquellos que roben al erario. Y, para salir en libertad deberán resarcir el 100 por ciento de lo robado.
Se deberá crear una comisión temporal de expertos para eliminar todas las regulaciones, leyes, reglamentos, e intervenciones del Estado en la vida nacional, con las cuales limita, dificulta, encarece las actividades económicas y peor aún, se entromete en la privacidad del ciudadano.
Un Estado pequeño, honrado y eficiente será el marco necesario para lograr la prosperidad para todos los ciudadanos.
El autor es empresario, excarcelado, confiscado y exiliado.
