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En enero de 2007 Daniel Ortega retomó el poder tras un receso de dieciséis años en los que asegura “gobernó desde abajo” mientras lideraba la oposición. Ahora, tras dieciocho años ininterrumpidos en el poder, según organismos especializados, entre ellos Freedom House, Ortega convirtió a Nicaragua en un país sin libertad.
Aunque el deterioro democrático inició desde que Ortega retomó el poder, la crisis sociopolítica de 2018 lo aceleró hasta consolidar una dictadura dinástica que convirtió a los poderes del Estado en órganos bajo su control y eliminó cualquier vestigio de los contrapesos que caracterizan a las democracias.
El deterioro fue tan brusco que en 2017, previo al inicio de la crisis que aún enfrenta el país, el informe anual de Freedom House le otorgó en Libertades Civiles una calificación de 47 puntos en una escala de 100.
Aunque cuestionó que en el proceso electoral de 2016 Ortega sacó del juego a su principal contendiente, el Partido Liberal Independiente (PLI) para garantizar su segunda reelección para un tercer periodo y la elección de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta; y luego despojó de sus escaños a 16 diputados opositores, en Derechos Políticos le otorgó 14 puntos de una calificación posible de 40.
Mientras que en Libertades Civiles le otorgó 33 puntos, en una escala de 60, ya que la libertad de expresión y de asociación seguía deteriorándose, especialmente porque algunos ambientalistas e investigadores que se oponían al proyecto del Canal Interoceánico fueron detenidos y otros expulsados del país.
Antes había libertades parciales
Esas calificaciones ubicaron a Nicaragua entre los países con Libertades Parciales, pero siete años después, el deterioro es dramático. En su informe Libertad en el Mundo 2025, la organización le otorgó a las Libertades Civiles una calificación de 14 en una escala de 100, que lo consolida en el grupo de países Sin Libertades, al que descendió en 2019.
Además, en Derechos Políticos sólo le dio 2 puntos de 40 y en Libertades Civiles 12 puntos en una escala de 60.
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El deterioro democrático que empezó en 2007 empeoró a partir de 2018. Las fuerzas del Estado, con ayuda de grupos armados, reprimieron las protestas antigubernamentales; los asesinatos, detenciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas que cometieron, derrumbaron el Estado de derecho.
Además, tal como lo aseguran otros organismos internacionales, como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, el régimen Ortega Murillo ha consolidado su poder mediante vigilancia, restricción de la libertad de prensa, arresto, exilio y desnacionalización de quienes se le oponen.
Freedom House atribuye el deterioro de los Derechos Políticos a que Ortega, Murillo, los diputados y otros cargos de elección popular, no fueron electos en procesos electorales libres y justos. El marco legal electoral no es justo y el organismo rector no lo aplica de manera imparcial; y a los ciudadanos no les permiten organizarse para participar en las elecciones.
Según Freedom House entre las violaciones más graves del 2024 figuran, en agosto, la cancelación de unas 1,500 organizaciones sin fines de lucro; con ellas las organizaciones cerradas desde 2018 superaron las 5,200.
Legalizaron la represión
En ese mismo mes expulsaron al Vaticano a 7 sacerdotes y en septiembre sumaron a la lista de desterrados a 135 personas que estaban presas por razones políticas. A todos los despojaron de la nacionalidad y convirtieron en apátridas.
En la Asamblea Nacional se reformaron varias leyes para legalizar la represión. El Código Penal para legitimar el procesamiento y confiscación de bienes a organizaciones y personas, a las que dentro o fuera de Nicaragua, las acusan de cometer delitos contra el Estado. Y la Ley Especial de Delitos Cibernéticos para ampliar su aplicación a las publicaciones en redes sociales e incluso procesar presuntos ciberdelitos cometidos en el extranjero.
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Además, en noviembre aprobaron una reforma total a la Constitución que disfrazaron de parcial. La nueva Carta Magna entró en vigencia en febrero y según el GHREN le otorga poderes ilimitados a Ortega y a Murillo que ahora comparten el control del país bajo la figura de la copresidencia; y provocará consecuencias “nefastas y trascendentales” para los derechos humanos, porque eliminó el respeto a la dignidad de la persona humana como principio de Nación.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) es sumamente relevante que informes como el de Freedom House muestren la verdadera cara de la dictadura y las consecuencias que sus acciones provocan a los nicaragüenses; y que dejen al descubierto sus mentiras y mantengan, a nivel internacional, la denuncia tan necesaria en las actuales circunstancias.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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