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Más de 2 mil empleadores fuera de la base de contribuyentes y casi cien mil trabajadores sin protección social, es la deuda que el régimen de Daniel Ortega mantiene con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), por los efectos que la represión estatal ocasionó a la economía en 2018, lo que dañó gravemente la situación y sostenibilidad de la entidad, cuyos efectos aún persisten.
En el 2017, antes del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la entidad había conseguido acumular 35,055 empleadores activos, pero en medio de la convulsión social y dos posteriores recesiones económicas (2019-2020), la entidad perdió el soporte financiero de 5,412 empleadores, algunos cerraron y otros cayeron a la informalidad.
Hasta el 2024, el anuario estadístico que acaba de ser publicado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) con un año retraso, la entidad cerró con 32,934 empleadores activos bajo el régimen obligatorio, es decir que desde la gran crisis no se han podido recuperar 2,121 empleadores.
Solo en el 2019, el mismo año en que la dictadura decidió imponer una reforma al INSS y tributaria, la entidad perdió 487 empleadores y al año de la misma la base de estos contribuyentes se redujo en 2,490 respecto al máximo reportado en el 2017.
La reforma que se aplicó en febrero del 2019, ordenó, entre otras medidas, que a las empresas con más de 50 trabajadores asumirían un 3.5 por ciento más en la cuota patronal, pasando de 19 a 22.5 por ciento.
En tanto, los empleadores con menos de 50 trabajadores debieron pagar 2.5 por ciento adicional a su aporte hasta el 2018, lo que elevó su contribución a 21.5 por ciento. La medida se adoptó pese a que la economía se encontraba en una profunda recesión.
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En el 2019 el Producto Interno Bruto se contrajo 3.8 por ciento; mientras que al año siguiente esta cayó 1.8 por ciento, por lo que la reforma a la Seguridad Social se impuso en el peor momento de la economía en la última década.
No obstante, desde el 2021 el régimen ha venido reportando sostenido niveles de crecimiento de la economía, lo que no se ha traducido en una recuperación total de los empleadores y empleos para el INSS. El impacto de la crisis sigue sin cicatrizar en la Seguridad Social.
Después de dos años consecutivos de recesión (2019-2020), en el 2021 la economía creció por primera vez en 10.3 por ciento; luego repuntó al año siguiente 3.8 por ciento; para estabilizarse en el 2023 en 4.46 por ciento. Al año siguiente el Producto Interno Bruto aumentó 3.6 por ciento; y el año pasado 4.9 por ciento.
Pero ¿en qué áreas el INSS no ha podido recuperar los empleadores que se perdieron en los años posteriores al 2018? Según cifras de la entidad, en casi todas las actividades económicas los empleadores que estaban inscritos antes del estallido de la crisis no han retornado.
Los empleadores por sectores
| Sectores | Empleadores 2017 | Empleadores 2024 |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 2,586 | 2,871 |
| Pesca | 175 | 150 |
| Explotación de minas y canteras | 106 | 140 |
| Industria manufacturera | 2,734 | 2,727 |
| Suministros de electricidad, gas y agua | 177 | 173 |
| Construcción | 1,764 | 1,675 |
| Comercio | 7,965 | 8,329 |
| Hoteles y restaurantes | 2,527 | 2,371 |
| Transporte, almacenamiento y comunicación | 2,446 | 2,361 |
| Intermediación financiera | 690 | 758 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 2,845 | 2,660 |
| Administración pública y defensa, planes de seguridad social | 1,559 | 1,543 |
| Enseñanza | 1,084 | 1,100 |
| Servicios sociales y de salud | 1,385 | 1,347 |
| Otros servicios comunales, sociales y personales | 2,062 | 1,692 |
| Hogares privados con servicio doméstico | 3,818 | 3,246 |
| Organizaciones y órganos extraterritoriales | 268 | 126 |
La pérdida de empleadores le ha pasado factura a las finanzas del instituto. Por tercer año consecutivo las reservas técnicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) siguen en negativo. Once años de crisis financiera sin resolver le siguen pasando factura a la Seguridad Social y lejos de avizorarse una solución sostenible en el tiempo, los números oficiales indican que no hay dinero para garantizar el pago de pensiones y prestaciones médicas a los futuros retirados.
Las reservas se han convertido en una enorme deuda que comenzó en 2021 con 2,697 millones de córdobas y saltó a 5,859 millones de córdobas en 2024, un aumento en cuatro años de 117 por ciento.
Un especialista en Seguridad Social explicó en su momento que se le llama «deuda» porque es dinero que el INSS debería tener en sus reservas, pero ya no está en sus arcas, lo gastó para cumplir con sus compromisos. Pero no es que se deba a un banco o a otra entidad sino a sus afiliados. Es decir el dinero que se debería tener para atender las futuras obligaciones se ha convertido en una deuda con los actuales contribuyentes.
Miles fuera de la Seguridad Social
La situación empeora porque el régimen Ortega con todo el crecimiento económico que pregona cada año no ha conseguido recuperar el número de trabajadores que habían antes del 2018. El crecimiento no está generando empleos formales, al menos no lo suficiente como para garantizar la sostenibilidad en el tiempo de la entidad.
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En el 2017 habían 914,196 trabajadores aportando a las finanzas del INSS, mientras que hasta abril de este año la base se había recuperado a 818,927. Es decir que pese a que han pasado más de cinco años desde el impacto de una crisis política y dos recesiones económicas, el instituto sigue sin recuperar 95,269 afiliados.
En medio de esa incapacidad, la dictadura ahora ha decidido transferirle a la entidad masivamente propiedades robadas a los opositores cuyo uso de estas se desconoce. Son aproximadamente 228 las que el Seguro Social ha recibido en concepto de donación. Las primeras 72 se las entregaron en 2024; el año pasado a través de varias entregas le transfirieron 116 propiedades; y entre abril y junio de 2026 le escrituraron cuarenta propiedades, para un total de 228.
Además la dictadura se ha visto forzada a tomar dinero de los impuestos de los nicaragüenses para evitar que el INSS deje de cumplir con sus obligaciones. Son 900 millones de dólares los que se le han transferido, pero la crisis sigue igual en la entidad.
