Wilmer Gutiérrez lleva años repitiendo una misma idea: «no defendemos partidos, defendemos derechos». Y lo hace desde donde le toque estar, incluso ahora, desde fuera de su tierra natal. Con 43 años, este líder chorotega se ha convertido en una figura clave en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas del Pacífico de Nicaragua, una lucha que lo ha puesto frente a instituciones estatales y organismos internacionales.
Su batalla no es nueva, viene de lejos, de las comunidades donde creció y donde muy joven comenzó a entender que ser indígena en Nicaragua es cargar con una historia de despojos, exclusiones y resistencias. Desde la defensa de la tierra, la creación de espacios de gobernanza indígena, hasta la formación de jueces en justicia intercultural, Gutiérrez ha estado al frente de procesos que han buscado fortalecer la autonomía y el reconocimiento de los pueblos originarios, especialmente de los chorotegas.
«El problema es que en Nicaragua no existe un movimiento indígena fuerte. Hay nombres, hay siglas, pero no hay presencia real ni política», denuncia Gutiérrez, quien insiste en que esa falta de reconocimiento se agrava con la ausencia de una ley específica que proteja los derechos de los pueblos indígenas del Pacífico y Centro Norte.
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De la promotoría comunitaria a la dirigencia
La historia de Wilmer arranca en Totogalpa, en Madriz, al norte de Nicaragua. Era apenas un adolescente cuando, después del paso devastador del huracán Mitch en 1998, comenzó como promotor comunitario con la organización Impru. Aquel primer trabajo social, centrado en proyectos de vivienda y producción, le marcó el camino.
“Ahí empecé a enamorarme del trabajo con la comunidad, de la lucha de los pueblos indígenas”, recuerda.
El despertar de la identidad chorotega
Pero fue en 2004 cuando Wilmer vivió uno de los momentos clave de su vida: la organización de una marcha histórica para reclamar la existencia misma del pueblo chorotega en Totogalpa.
“El gobierno municipal decía que ahí solo había ladinos y mestizos, que no existíamos como indígenas”, explica. Ese 12 de septiembre lograron movilizar a más de 7,000 personas y forzar el reconocimiento de las autoridades ancestrales. Desde entonces, Wilmer ha estado vinculado a procesos de rescate cultural y territorial.
Graduado en 2013 como abogado y notario, Gutiérrez pasó a ser una referencia jurídica para varios pueblos indígenas de Madriz, defendiendo casos de tenencia de tierras, derechos colectivos y autonomía comunitaria.
“Nos acusaban de usurpación, pero en los territorios indígenas la tierra es imprescriptible”, afirma.
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Crear alianzas para resistir
Consciente de que la lucha no podía ser aislada, Gutiérrez impulsó junto a otros líderes la creación de la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua en 2014, un espacio de articulación nacional que reunió a misquitos, mayagnas, ramas, afrodescendientes y chorotegas. “En Nicaragua, el movimiento indígena oficial está muerto. Necesitábamos algo propio, autónomo y con incidencia real”, subraya.
Desde esa plataforma, gestionaron capacitaciones para guardabosques comunitarios, crearon redes juveniles y promovieron intercambios con pueblos indígenas de Panamá, Honduras y Guatemala. Además, impulsaron la formación de jueces y magistrados en justicia intercultural para mejorar la comprensión y aplicación del derecho indígena en los tribunales.
Luchar bajo presión
El trabajo, sin embargo, se volvió más difícil a partir de 2018. La represión estatal contra defensores de derechos humanos afectó de lleno a los liderazgos indígenas. “Ser defensor también se convirtió en un riesgo, en un delito”, señala Wilmer, ahora fuera del país. Desde el exilio, sigue articulando redes y denunciando la situación de las comunidades.
“No somos enemigos de nadie, no militamos en ningún partido, solo defendemos derechos que nos han sido negados desde la colonia hasta hoy”, sostiene.
A pesar del exilio y la criminalización, Wilmer Gutiérrez mantiene la convicción de que el trabajo comunitario y la defensa legal son las mejores herramientas para garantizar un futuro digno para los pueblos indígenas de Nicaragua.
