El arresto del exmandatario filipino Rodrigo Duterte y su posterior traslado a Países Bajo, acusado de crímenes de lesa humanidad, ha elevado las expectativas sobre un posible enjuiciamiento de los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus secuaces ante la Corte Penal Internacional (CPI) y otros tribunales internacionales con competencia en justicia universal.
Este jueves, la CPI anunció que Duterte ingresó al Centro de Detención del tribunal, en la ciudad neerlandesa de La Haya, tras superar «todos los controles médicos».
La CPI es un tribunal de última instancia encargado de juzgar crímenes internacionales graves, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su creación se formalizó con la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998 y comenzó a operar en 2003.
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En un comunicado, el tribunal confirmó que las autoridades de Manila arrestaron a Duterte el 7 de marzo y lo entregaron a la custodia de la CPI, por «cargos de asesinato como crimen de lesa humanidad» presuntamente cometidos en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
El abogado Danny Ramírez, secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Calidh), considera que el arresto de Duterte marca un precedente con respecto al posible enjuiciamiento de Ortega y Murillo ante tribunales internacionales por crímenes de lesa humanidad.
«Es el primer exmandatario que es sometido a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, porque son las propias autoridades del Estado las que envían a Duterte a la CPI», dijo Ramírez.
La cooperación de los Estados es clave
Duterte será enjuiciado por los asesinatos durante la lucha contra el narcotráfico durante su Presidencia. El propio exmandatario se mostró orgulloso de ejecutar una guerra contra las drogas que, según estimaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, provocó alrededor de 27,000 muertes, según organismos de Derechos Humanos, hasta 2018.
Filipinas se unió a la CPI el 1 de noviembre de 2011, pero en 2018, bajo Duterte, notificó su decisión de retirarse de este organismo y concretó el proceso el 17 de marzo de 2019. Sin embargo, la CPI conservó su jurisdicción sobre los presuntos crímenes que ocurrieron en el país mientras fue Estado Parte, es decir, entre noviembre de 2011 y marzo de 2019.
A pesar de su retiro, las autoridades filipinas actuales colaboraron con la captura de Duterte. Por esta razón, Ramírez enfatizó la importancia de la cooperación de los Estados cuando existen órdenes de captura internacional contra personas acusadas de cometer crímenes de lesa humanidad.
«Esto es muy importante tenerlo en cuenta: la cooperación de un Estado que no es parte de la Corte Penal Internacional, como Filipinas y Nicaragua. Ahora, en relación con las diferencias, Nicaragua nunca ha sido parte del Estatuto de Roma. Nunca», subrayó Ramírez.
Orden de captura
Los dictadores Ortega y Murillo tienen una orden de captura en Argentina. El pasado 18 de febrero se conoció que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) envió a los tribunales de Argentina la información solicitada sobre 10 de las 15 personas —Ortega, Murillo y 13 de sus secuaces— acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las protestas de 2018. El juez argentino Ariel Lijo giró órdenes de captura internacional el 30 de diciembre de 2024, según informó el fiscal argentino Eduardo Taiano, quien lidera la causa.
El caso se desarrolla bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales —en este caso, los de Argentina— investigar y enjuiciar crímenes perpetrados en el extranjero. Desde 1994, el artículo 118 de la Constitución argentina reconoce esta potestad, permitiendo a la justicia federal abordar violaciones a los derechos humanos sucedidas en otros países.
Democracia y cooperación internacional
Ramírez aseguró que una diferencia clave entre el caso de Duterte y el de los dictadores de Nicaragua es que en Filipinas existe democracia.
«En Filipinas hay una democracia, que no es perfecta, pero actualmente es una democracia, y en Nicaragua no lo es. Esto permite tomar decisiones que evidencian el compromiso de estos Estados, que, a pesar de no ser parte de estos tratados, cumplen con la justicia universal», señaló.
¿Es posible llevar a Ortega y Murillo ante la CPI?
La última resolución del Parlamento Europeo, aprobada en febrero, instó a los países europeos a llevar el caso ante la CPI, pese a que Nicaragua no es signataria del Estatuto de Roma.
Ramírez explicó que los Estados pueden remitir al fiscal de la CPI los casos en los que consideren que se han cometido delitos de su competencia, como los de lesa humanidad.
«La otra vía es que el Consejo de Seguridad (de la ONU) remita el caso, aun cuando el Estado no sea parte, lo cual es una excepción. Pero en el Consejo, el régimen tiene dos aliados: China y Rusia, que bloquearían esa remisión», advirtió Ramírez. También señaló que en un eventual cambio democrático, Nicaragua deberá ratificar el Estatuto de Roma para su aplicación retroactiva.
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El régimen Ortega-Murillo no tiene interés en ratificar el Estatuto de Roma. El 13 de noviembre de 2024, durante la audiencia en la que presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal, descartó adherirse a dicho estatuto, negándose a que esta instancia tenga competencia sobre los crímenes cometidos en el país.
Informes del GHREN le complican más la vida a funcionarios del régimen
El pasado 26 de febrero el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de Naciones Unidas confirmó la responsabilidad individual de funcionarios de la Policía, el Ejército y entidades como el Ministerio de Salud (Minsa) en la represión desatada en 2018. El GHREN sugirió activar mecanismos internacionales para llevar al Estado y a los responsables ante tribunales internacionales, entre ellos, la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El abogado y especialista en derechos humanos Uriel Pineda considera que la CIJ es un mecanismo viable, pero advierte que hasta ahora ningún país ha emprendido acciones contra Nicaragua ante este tribunal.
«Hasta ahora esto no ha ocurrido debido al temor de generar un conflicto bilateral con Nicaragua. Las condenas han sido emitidas por grupos de países o instancias internacionales de manera conjunta, por lo que una acción unilateral podría derivar en una confrontación directa», explicó Pineda en declaraciones anteriores a LA PRENSA.
¿Tomará algún país la iniciativa?
El exdiputado del Parlamento Europeo, José Ramón Bauzá, señaló que las propuestas de llevar a Nicaragua ante la CPI o la CIJ son un mensaje consistente de la comunidad internacional. Sin embargo, considera poco probable que algún país tome la iniciativa.
«España debería ser el primer país en dar un paso adelante y asumir un liderazgo en esta causa. Sin embargo, dudo que lo haga, porque dentro de la coalición de gobierno hay sectores que todavía defienden a las dictaduras», dijo Bauzá a LA PRENSA.
«No será fácil que un país lo haga individualmente, pero el Parlamento Europeo está plenamente legitimado para iniciar cualquier procedimiento», añadió.
