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La existencia de más de 300 Comisarías de la Mujer, relanzadas desde 2020, junto con otras medidas implementadas por el régimen, no ha contenido el aumento de la violencia machista, pese a ser una de las “banderas” del régimen Ortega-Murillo, según el informe Un Estado contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), publicado el pasado lunes.
Según el informe, estas comisarías se basan en una estructura estadística sin capacidad operativa real que, lejos de brindar atención especializada, opera con personal sin preparación, lo que revictimiza a las denunciantes.
“El componente de prevención de la Violencia Basada en Género (VBG) en Nicaragua se traduce en el colapso sistémico del modelo de atención integral, bajo medidas superficiales e ineficaces implementadas por el Gobierno”, señala el informe.
Según datos de Católicas por el Derecho a Decidir, en 2024 se registraron 91 femicidios, superando los dos años anteriores. En 2023 se documentaron 74 casos de femicidio: 52 ocurrieron en Nicaragua y 22 en el extranjero, siendo Costa Rica el país con la mayoría de crímenes fuera del país. En 2022 se reportaron 68 femicidios, 11 de ellos en el exterior.
“El año pasado se sobrepasaron los crímenes de odio, lamentablemente seguimos las mujeres, ante este aumento de femicidios, cada día más inseguras por la violencia de género, no existe políticas firmes y estrategia que puedan disminuir la problemática, mientras continúen dando libertad, con los famosos indultos”, señaló una fuente de Católicas bajo condición de anonimato, en declaraciones anteriores a LA PRENSA.
Comisarías de la Mujer cerradas en 2016 y reabiertas en 2020
El régimen cerró las Comisarías de la Mujer en 2016 y las reabrió en 2020. El 16 de septiembre de ese año, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, aseguró que tomó esta medida porque las feministas utilizaban las comisarías para promover el aborto.
“Porque andaban por ahí las disfrazadas promoviendo el aborto, desde las Comisarías de la Mujer, y esto es absoluta verdad, es una denuncia que hasta ahora estamos haciendo porque se atreven a hablar de las mujeres, quienes quieren acabar con la vida de las niñas o niños antes de nacer, y usaban las comisarías de la mujer para promover esas malas prácticas”, dijo Murillo.
Una especialista consultada bajo condición de anonimato expone que, si bien las comisarías reabrieron, ahora se obliga a las mujeres a mediar con sus agresores.
“Esto no solo expone a las víctimas a nuevos riesgos, sino que también las somete a procesos injustos, especialmente en casos de agresiones y delitos de carácter sexual”, señaló.
Una feminista consultada bajo anonimato afirmó que, pese a la existencia de esta infraestructura, en 2024 quedó demostrado que estas medidas no inciden positivamente en la disminución de los femicidios.
“Puede haber mucha infraestructura, pero no hay garantías de justicia porque no se les brinda a las mujeres todos los protocolos para acabar con el problema”, señaló.
Medidas sin resultados
Calidh alerta sobre la proliferación de normativas sin impacto real, como la Ley General de Salud, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, el Código de Familia y la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades. A esto se suman estrategias descontextualizadas, como cartillas educativas sobre «amor y paz», que conforman un marco jurídico y de políticas públicas incapaz de transformar la violencia machista.
“La disparidad entre la realidad y el discurso oficial nicaragüense en el Examen Periódico Universal (EPU) 2024 revela un patrón sistemático de desprotección. El Estado, mientras reporta avances en derechos de las mujeres, ha generado un vacío crítico en la protección real al desmantelar contrapesos necesarios, silenciar voces independientes y monopolizar servicios de atención, priorizando la narrativa oficial sobre la seguridad efectiva de las mujeres”, señala el informe.
Una feminista consultada bajo anonimato señaló que la cartilla contra el femicidio, promovida por el régimen, está alejada de la realidad.
«Las mujeres viven violencia todos los días y se manifiesta en su máxima expresión que es el femicidio. Esta cartilla no ha disminuido la violencia», señaló.
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La población más vulnerable
Los 63 casos de femicidios documentados por Calidh de los 91 registrados en 2024 revelan que siete de cada diez víctimas tenían entre 18 y 59 años, lo que indica que las mujeres en edad productiva y reproductiva son el grupo más vulnerable ante esta violencia.
Calidh documentó 64 casos entre enero y noviembre de 2024, de los cuales 12 femicidios se cometieron con arma de fuego. Agresores previamente excarcelados perpetraron el 41.7 % de estos crímenes. Este dato evidencia la falta de protección estatal y el profundo desinterés por la seguridad de las mujeres.
Además, en el 47.4 por ciento de los casos, las víctimas habían sufrido violencia física previamente. Calidh considera que esto demuestra que el femicidio suele estar precedido por agresiones anteriores y que la respuesta institucional ha resultado insuficiente para prevenirlos.
Otro factor señalado por Calidh es la prevalencia de métodos de extrema crueldad: en el 15.8 por ciento de los casos se reportaron torturas previas al asesinato, mientras que en el 21.1 por ciento se usaron armas de fuego.
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Aumento del control se traduce en más violencia
El informe de Calidh advierte que la concentración absoluta de poder del régimen Ortega-Murillo ha generado un sistema de desprotección para las mujeres, lo que permite la impunidad de los agresores, especialmente de aquellos con vínculos con el poder.
Calidh señala que la perpetuación de la violencia política en Nicaragua ha deteriorado sistemáticamente los derechos humanos y ha afectado significativamente a la población más vulnerable: niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos cuyos progenitores han sido víctimas de detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Según la especialista consultada, en este contexto, la justicia sigue siendo inaccesible para las mujeres, y el Estado tiene una responsabilidad fundamental en esta crisis.
“Mientras esta combinación de factores persista y el Estado continúe actuando como un agente de violencia, los femicidios y la violencia contra las mujeres seguirán siendo una grave problemática en la sociedad nicaragüense”, señaló.
Debilitamiento de las leyes
El informe expone que el país ha experimentado retrocesos en la protección de las mujeres. Por ejemplo, las autoridades han debilitado sistemáticamente la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, que entró en vigor en 2012.
Calidh menciona que la primera regresión de la Ley 779 ocurrió un año después de su entrada en vigor, cuando se implementó la mediación en casos de violencia con penas menores a cinco años, a pesar de que los datos mostraban que tres de cada diez víctimas de femicidio habían pasado por procesos de mediación.
Una reforma a la Ley 779, presentada por la Corte Suprema de Justicia, restringió aún más la tipificación del femicidio a relaciones de pareja o expareja, dejando fuera los casos de violencia ejercida por otros agresores fuera del ámbito familiar o íntimo.
Además, Calidh considera un retroceso aplastante el desmantelamiento de 5,515 organizaciones civiles, incluidas 300 especializadas en violencia basada en género.
“Esta destrucción planificada, junto con 300 comisarías inoperantes, configura una política de Estado que, lejos de prevenir y proteger, viola múltiples instrumentos internacionales y afecta desproporcionadamente a todos los grupos de mujeres, incluidas las indígenas, trans y afrodescendientes, perpetuando un ciclo de impunidad institucional que contradice las recomendaciones internacionales”, señala.
