El Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) publicó un informe este lunes en el que advierte que la concentración absoluta de poder del régimen Ortega Murillo ha generado un sistema de desprotección para las mujeres, que permite la impunidad de los agresores, especialmente de aquellos con vínculos con el poder.
A través del informe «Un Estado contra las mujeres, las adolescentes y las niñas», Calidh señala que la perpetuación de la violencia política en Nicaragua ha deteriorado sistemáticamente los derechos humanos y ha afectado significativamente a la población más vulnerable: niños, niñas y adolescentes, especialmente aquellos con progenitores víctimas de detenciones arbitrarias por motivos políticos.
Destruyeron mecanismos para proteger a las mujeres
El informe expone que el país ha experimentado retrocesos en la protección de las mujeres. Por ejemplo, las autoridades han debilitado sistemáticamente la Ley 779, «Ley integral contra la violencia hacia la mujer», que entró en vigor en 2012.
Calidh menciona que la primera regresión de la Ley 779 ocurrió un año después de que entró en vigor, cuando se implementó la mediación en casos de violencia con penas menores a cinco años, pese a que los datos mostraban que tres de cada diez víctimas de femicidio habían pasado por procesos de mediación.
Una reforma a la Ley 779, presentada por la Corte Suprema de Justicia, restringió aún más la tipificación del femicidio a relaciones de pareja o expareja, dejando fuera los casos de violencia ejercida por otros agresores fuera del ámbito familiar o íntimo.
El último Anuario Estadístico 2022 del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (Inide), publicado en febrero de 2024 después de más de un año de retraso, reveló una disparidad en el registro de femicidios: mientras las cifras oficiales reportaron sólo 19 casos, organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir documentaron 67, evidenciando una diferencia de 48 casos no reconocidos oficialmente. El informe sugiere que esta diferencia se debe a la renuencia de las autoridades a clasificar los casos como femicidios.
Cerraron ONG que defendían derechos de las mujeres
Calidh considera un retroceso aplastante el desmantelamiento de 5,515 organizaciones civiles, incluidas 300 especializadas en violencia basada en género.
«Esta destrucción planificada, junto con 300 comisarías inoperantes, configura una política de Estado que, lejos de prevenir y proteger, viola múltiples instrumentos internacionales y afecta desproporcionadamente a todos los grupos de mujeres, incluidas las indígenas, trans y afrodescendientes, perpetuando un ciclo de impunidad institucional que contradice las recomendaciones internacionales», señala.
Violencia sexual se agrava con la prisión arbitraria
Según el informe, se estima que al menos 158 personas detenidas en Nicaragua desde las protestas sociales de 2018 han sufrido torturas, y 113 de ellas fueron víctimas de violencia sexual por parte de oficiales penitenciarios y altos mandos policiales, de acuerdo con el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Del total de víctimas documentadas, siete de las 28 mujeres detenidas fueron víctimas de violación sexual, mientras que las demás sufrieron otros tipos de abuso.
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Femicidios y violencia sexual en aumento
El informe de Calidh también revela que en los últimos años la violencia contra las mujeres no ha disminuido, sino que se intensificó. Entre enero y noviembre de 2024, se documentaron 63 femicidios en Nicaragua, muchos de los cuales pudieron evitarse si el Estado hubiese cumplido con su obligación de brindar protección.
Los agresores actúan con impunidad y en muchos casos, son liberados bajo indultos políticos. En los últimos años, miles de presos comunes, incluidos violadores y femicidas, fueron excarcelados sin ninguna supervisión, exponiendo aún más a las mujeres a la violencia. Esto refleja el desprecio del Estado por la vida de las mujeres y su decisión de priorizar sus intereses políticos sobre la seguridad ciudadana.
La violencia sexual también es alarmante. Las niñas y adolescentes son las principales víctimas de violaciones y el Estado no sólo no toma medidas para prevenir estos crímenes, sino que además mantiene la prohibición absoluta del aborto, obligando a muchas niñas a continuar embarazos producto de agresiones sexuales.
